La Conferencia Episcopal pide al Gobierno que respete el plan de reparación de las víctimas que ha aprobado este martes
- El plan es para los casos prescritos, con agresor ya fallecido o que no puedan ser juzgados por la vía civil, penal o canónica
- La Conferencia Episcopal no puede obligar a las diócesis a cumplir el programa aprobado
La Conferencia Episcopal (CEE) ha aprobado este martes el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia, las líneas que orientan la acción de la misma y los criterios orientadores de este plan. Además, han pedido al Gobierno que respete la decisión tomada.
El programa contempla indemnizaciones económicas para los casos que hayan prescrito, en los que el agresor haya fallecido o en los que no puedan ser juzgados por la vía civil, penal o canónica. También garantizará acompañamiento técnico, psicológico, médico y espiritual.
Lo aprobado no es de obligado cumplimiento
El presidente de la CEE, Luis Argüello, durante la rueda de prensa, ha manifestado que el plan aprobado este martes "no ha sido para responder a los reproches del Gobierno, sino para responder a las víctimas". A su vez, ha expuesto que la Conferencia Episcopal de la Iglesia tiene "sus reglas de funcionamiento" y pide respeto por parte de la sociedad y las administraciones.
También preguntado por si los documentos aprobados son de obligado cumplimiento por todas las diócesis, el presidente de la CEE, ha expresado que no es un "decreto jurídico que obligue a las diócesis a que lo cumplan", puesto que la Conferencia Episcopal no tiene esa autoridad, sino que se trata de asumir un cumplimiento moral.
"Entendemos que la Iglesia tiene un nivel moral con las víctimas y por ello dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa", ha explicado.
Siguiendo la misma línea, Luis Argüello ha afirmado que se trata de un "plan subsidiario" que se pondrá en marcha cuando se acaben las vías judiciales. Además, ha añadido que este programa no es una labor que haya empezado hoy "ni concluye hoy", ya que ha declarado que la Iglesia Católica lleva trabajando desde hace años en este problema.
La Conferencia Episcopal pide perdón a las víctimas
A pesar de los cambios hechos, el presidente de la Conferencia Episcopal ha reconocido que tienen que "seguir aprendiendo, escuchando y reforzando comunión". Por ello, desde la Iglesia comunican que mantienen la "puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima. Para poder recibir su denuncia o acoger su dolor, y para responder con una propuesta de reparación integral".
A su vez, ha asegurado que la respuesta de la Iglesia "siempre se siente impulsada a ir más allá de lo que la legalidad nos pide" y "brota del compromiso decidido de querer acoger, acompañar, reparar", pero también de "prevenir, formar y evitar en lo posible" que vuelva a ocurrir.
Argüello ha pedido perdón a las víctimas: "Aun sabiendo que las peticiones de perdón pueden parecer banales si no van acompañadas de estos hechos o de estas decisiones de las que ahora estamos dando cuenta". Sin embargo, este programa no cuenta con el apoyo de las víctimas porque estas denuncian que la CEE no ha contado con ellas a la hora de realizarlo.
Un modelo de reparación conjunto
Esta reunión ha tenido lugar un día después del encuentro entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y varias asociaciones de víctimas. La finalidad era asegurarles que el Gobierno exigirá a la CEE negociar un sistema de reparación que cuente con la participación de las víctimas, que sea vinculante, y que abone las compensaciones a cargo de esta institución.
Con anterioridad, Bolaños, a través de una carta, avisó al presidente de la CEE que el Gobierno no aceptará "ninguna forma unilateral" para la indemnización de las víctimas, ya que, según el ministro, es necesario que el Estado participe para no generar confusión y disfuncionalidades. Además, añadió que el modelo de reparación tiene que ajustarse a las medidas dadas por el informe del Defensor del Pueblo.
Entre las recomendaciones, Ángel Gabilondo, propuso la creación de un fondo estatal para resarcir a las víctimas y de una institución especial y temporal para la reparación de las mismas en los casos en los que el delito u otras causas han prescrito o no se ha podido seguir un proceso penal. También este informe planteó la adopción de una ley que reformara el régimen de prescripción de la responsabilidad civil procedente de los delitos de agresión y abuso sexual a menores.
Como respuesta a este documento, el Gobierno ha aprobado este año un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. El objetivo de este programa es "prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas".