Vox responsabiliza a Feijóo de "romper" los Gobiernos de coalición tras el reparto de menores migrantes

• El partido ha convocado para este jueves una reunión extraordinaria de su ejecutiva nacional
• La formación llevaba días avisando de que romperían los gobiernos con el PP si se aceptaba el reparto

Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido

Vox celebrará este jueves una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos" en los Gobiernos autonómicos con el PP tras la conferencia sectorial de Tenerife para el reparto de migrantes no acompañados. 

En un comunicado, Vox ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "romper los pactos de gobierno" en las cinco autonomías al "haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de 400 menas". "Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", ha criticado Vox. 

Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los Gobiernos de coalición que comparten, mientras que Vox "cumple con su palabra y su compromiso con los españoles". 

De hecho, en un mensaje publicado en X, Abascal ha sido tajante. El líder de la formación ultraderechista ha apuntado que Feijóo llegó "a la presidencia del PP tendiendo la mano a Sánchez, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Han pactado tribunales, han llegado a acuerdos en Bruselas y en CCAA, y hoy ha dinamitado los pactos de gobierno, acogiendo voluntariamente a 400 menas. Para estafar a los españoles, para saquearlos y ponerlos en peligro, que no cuenten con nosotros".

También se ha pronunciado en la red social X el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha hablado de "traición".

"Nos traicionaron en la defensa del derecho a la vida. Nos han traicionado colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas. Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto. Por respeto a mi partido, informaré sobre mi decisión después del comité ejecutivo nacional de VOX", ha escrito García-Gallardo.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobiernan en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valencia, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de Vox, acogería diez. 

Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, llevaban días avisando al PP de que darán por rotos los Gobiernos autonómicos si aceptan la distribución de menores migrantes no acompañados, alegando que los pactos suscritos abogan por políticas antiinmigración. Abascal, además, advirtió el lunes de que cortarían con el PP en las autonomías si los presidentes 'populares' no usan todos los medios "políticos y legales" para oponerse al reparto.

Todas las comunidades, excepto Cataluña, aceptan el reparto

Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, que se ha abstenido, han votado este miércoles en Tenerife a favor de la de la acogida voluntaria de aproximadamente 400 menores no acompañados, 300 de Canarias y 100 de Ceuta.

Fuentes del Gobierno de Canarias han informado que este acuerdo, que se desarrollará ahora a través de convenios entre las comunidades autónomas, comenzará lo antes posible su ejecución.

Para ello, en la reunión se ha acordado agilizar los protocolos ya que en años anteriores no se han cumplido los cupos asignados a las comunidades autónomas.

Las fuentes han destacado que, a pesar de la abstención de Cataluña, esta ha sido una de las comunidades que mayor número de menores no acompañados procedentes de Canarias ha acogido.

También se han congratulado de que el documento con la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida vinculante de los menores no acompañados que llegan a la costa de Canarias vaya a ser analizado por las comunidades, aunque le compete al Congreso su aprobación.