Cerca de 11.600 familias se acogen hasta mayo a las medidas de alivio hipotecario del Gobierno

• Suponen aproximadamente un 14% de las solicitudes recibidas hasta la misma fecha, que ascendieron a 79.300
• Economía ha avanzado que quiere prorrogar hasta 2025 el Código de Buenas Prácticas hipotecario para clases medias

Entrega de llaves, tras la firma de una hipoteca Getty Images

Cerca de 11.600 familias se han acogido hasta finales de mayo a las medidas de alivio hipotecario promovidas por el Gobierno, que permiten alargar el plazo para hacer frente al préstamo o pedir una moratoria de hasta dos años, para suavizar el impacto de la subida del euríbor. 

Así lo ha señalado en una rueda de prensa este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha avanzado además la intención de prorrogar a 2025 este escudo de protección a las familias, pues tiene una vigencia hasta finales de 2024.

En 2022, el Gobierno y la banca acordaron reformar el Código de Buenas Prácticas hipotecario de 2012 para deudores vulnerables y crear un código para familias en riesgo de vulnerabilidad ante la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la previsión de un empeoramiento de la economía. 

El ministro ha detallado que las operaciones aceptadas hasta mayo suponen aproximadamente un 14% de las solicitudes recibidas hasta la misma fecha, que ascendieron a 79.300. Sin embargo, no concretó cuántas han sido rechazadas, cuando en 2023 la cifra superaba el 42 %, o cuántas solicitudes estarían aún pendientes de estudio.

En cualquier caso, el ministro ha reconocido que el uso de las medidas de alivio hipotecario sigue siendo "marginal", lo que considera una "buena noticia" porque demuestra la fortaleza financiera de las familias. 

Bajada de tipos: "Un ahorro medio anual de 400 euros"

Cuerpo se ha reunido este lunes con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; las patronales, asociaciones de usuarios de las entidades financieras, representantes de la plataforma de mayores y del Banco de España en el marco del foro de seguimiento de buenas prácticas financieras.

Desde allí, ha resaltado la reversión del ciclo de subidas de tipos oficiales de interés, después de que el BCE aplicase la primera bajada en prácticamente dos años. "Esto se irá trasladando de manera progresiva a los préstamos hipotecarios", de tal manera que las familias pueden llegar a registrar unos ahorros anuales de alrededor de 400 euros por la caída del euríbor. 

Cuerpo cree que este beneficio se irá incrementando a medida que se reduzcan los tipos oficiales por parte del BCE, si bien esta caída está siendo "más lenta" de lo previsto, y por ello se ha planteado ante las patronales bancarias la posibilidad de prorrogar este 'escudo' hasta 2025. "Tendemos que analizarlo, pero el mensaje general es que ahora mismo es positivo mantener este escudo un año más", ha explicado ante la pregunta de la posibilidad de ampliar también el umbral de renta, que actualmente está en 38.000 euros.   

Por último, el ministro se ha referido a un análisis que está realizando su Ministerio sobre la distribución de oficinas y acceso a los servicios financieros, tanto rural como urbano, en los barrios de las ciudades. Ha explicado que actualmente solo cuenta con unas conclusiones iniciales y que muestran un "cierto sesgo" en la distribución de oficinas bancarias hacia los barrios de mayor renta, donde las entidades puede obtener más negocio y rentabilidad. 

Sin embargo, ha puesto sobre la mesa la necesidad de asegurarse de que el servicio financiero personalizado se mantenga en los barrios de menos renta, donde también la presencia de personas mayores de 65 años es mayor. La idea del ministro es continuar realizando este análisis en colaboración con las entidades y el Banco de España.

"Descontento" del sector de las personas mayores

También se han pronunciado al respecto el resto de participantes en el foro. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha valorado de forma positiva la posibilidad de realizar una encuesta para medir los avances que se están consiguiendo en inclusión financiera, si bien ha pedido que se amplíe el foco y se incluyan no solo servicios financieros, sino otros aspectos que atañen a servicios públicos y privados. 

Mientras que el director general de CECA, José María Méndez, ha indicado que por primera vez el indicador de riesgo de exclusión financiera rural ha caído por debajo del 1% y desde la puesta en marcha del protocolo en 2022 ya se han beneficiado 225.000 personas. "Más del 99,1% de los españoles disponen de un punto de acceso físico de servicios financieros, ya sea un agente financiero, una oficina, sea un cajero o un ofibus", ha explicado. 

El Defensor del Pueblo plantea 32 recomendaciones contra la exclusión bancaria

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Lázaro González, ha expresado el "descontento" del sector de las personas mayores, que siguen sin sentirse "bien atendidas" por la banca, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la OPA de BBVA y Sabadell y el impacto en la competencia y el empleo en el sector. 

En cuanto a Asufin, la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha señalado que ha visto un "cambio radical" en cuanto a la posición de las entidades financieras con respecto a la inclusión financiera. Sin embargo, ha criticado que en el momento de analizar estos avances, se ha encontrado con "dispersión", ya que cada actor está realizando sus estudios. Por ello ha valorado de forma positiva la iniciativa de realizar un módulo dentro de la encuesta del CIS. 

Por último, también ha participado en la reunión el Defensor del Pueblo, quien ha recordado algunas de sus recomendaciones, como es precisamente declarar determinados servicios bancarios como servicios económicos de interés general, como la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo.