Un reparto "opaco", sin controles, ni límites: así se financian los medios de comunicación en España

• La publicidad institucional es una de las principales fuentes de ingresos de muchas empresas periodísticas en España
• Sánchez presentará este 17 de julio su plan de regeneración democrática, que incluye más "transparencia" en la financiación

Imagen de una cámara de televisión Getty Images

La publicidad institucional es una de las principales fuentes de ingresos de muchas empresas periodísticas en España. Aunque su finalidad es que una información de interés público llegue a la ciudadanía, en la actualidad no se conocen los criterios que se siguen para su reparto, ni sus límites y es muy difícil acceder a los datos que se manejan desde las instituciones.

"En mi opinión, la publicidad institucional muchas veces se malinterpreta y se lee como si fueran ayudas a la prensa y es una cosa completamente distinta", explica a RTVE.es el profesor de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid Raúl Magallón, quien pone de relieve un cambio en la financiación a raíz de la crisis de 2008, donde a su juicio se intensificó la "vinculación de algunos gobiernos a determinados medios de comunicación en base a su propia sostenibilidad".

Consciente de ello, la Comisión Europea aprobó en el mes de marzo un reglamento sobre libertad de medios de comunicación que busca proteger de forma efectiva a los periodistas ante presiones e injerencias gubernamentales y fomentar la transparencia sobre los grupos empresariales que controlan los medios de comunicación. Entre otros, los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos y garantizar una financiación sostenible, previsible y transparente. 

Un reparto “opaco” por “criterios de proximidad ideológica”

Al ser un reglamento tiene aplicación directa en la jurisprudencia española, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su aprobación para introducir cambios en el sistema de publicidad institucional español, cuya regulación se remonta casi dos décadas atrás. Se trata de una de las patas del plan de acción de "regeneración democrática" que presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados y que ha decidido poner en marcha a raíz de la apertura de diligencias en un juzgado de Madrid sobre las relaciones empresariales de su mujer, Begoña Gómez.

Sánchez insiste en que "no hay nada, absolutamente nada" y lo atribuye a los "bulos" y la "desinformación” que en su opinión generan “algunos 'pseudomedios' financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox", algo que en su opinión es "inaceptable".

El doctor en Periodismo y profesor de Empresa Informativa en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Víctor Núñez, ve una “buena idea” que esa regulación se lleve a cabo a través de “criterios objetivos”, ya que actualmente “el reparto es muy opaco y se hace en función muchas veces de criterios de proximidad ideológica”.

“Pero hacerlo en base a lo que los gobernantes consideran verdad o a criterios de combatir las fake news es muy peligroso”, añade a RTVE.es, pues cree que para eso “ya hay asociaciones de periodistas que velan o deberían velar por el cumplimiento ético y deontológico” de las informaciones.

Sin correlación entre audiencia e ingresos

Actualmente, la publicidad institucional está regulada por la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005. La misma establece “un uso adecuado de los fondos públicos” con el fin de “difundir el mensaje común de la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla”.

A su vez, la norma reza que "las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y austeridad en el gasto". Sin embargo, ni se cumple el objetivo de que una información de interés público llegue a la ciudadanía, ni existe ese principio de transparencia, coinciden los expertos consultados. 

Isabel Fernández dirige un grupo investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que lleva años estudiando la financiación de los medios de comunicación en España. Entre sus conclusiones, han verificado la pertinencia de las reivindicaciones de quienes vienen denunciando cómo gobiernos de diferente signo benefician económicamente a empresas mediáticas afines.

“Si te pones a analizar la información que ofrecen algunos gobiernos autonómicos, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, ves que no hay ninguna correlación comprensible entre audiencia de los medios e ingresos por publicidad institucional. Y, cuando les preguntas, tampoco te saben explicar, no te da ninguna razón que justifique los criterios de planificación”, explica a RTVE.es. la profesora titular de Comunicación.

Lo cierto es que solo unas pocas instituciones autonómicas desglosan qué dinero destinan a cada medio y hay que recurrir a investigaciones periodísticas, basadas en peticiones al Consejo de Transparencia, para conocer más detalles. 

En el caso del Gobierno, sí publica anualmente el importe de sus campañas, aunque no detalla la financiación concreta de cada medio. “En su plan, Sánchez denuncia la falta de transparencia en los gobiernos del PP y Vox. Es verdad, pero tampoco lo son en la Administración central”, añade Fernández.

Ningún control efectivo ni límites en la financiación

La investigadora también destaca que organismos como el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Tribunal de Cuentas han advertido sobre irregularidades en estos procedimientos, insistiendo en que la planificación ha de obedecer a criterios objetivables o que son necesarias evaluaciones a posteriori sobre la eficacia de las campañas.

“No hay ningún control efectivo sobre estos repartos, ni siquiera una evaluación efectiva de las campañas, de hasta qué punto han resultado beneficiosas”, lamenta. Pero tampoco existe actualmente un límite para destinar a cada empresa periodística: “En principio no hay más límite que los presupuestos que destina cada institución”, apunta el profesor de la UDIMA. 

Precisamente, una de las principales novedades que incluye este plan de “regeneración democrática” del Gobierno es establecer un máximo a la financiación pública para los medios de comunicación. 

“A ver cómo se arma eso. Por ejemplo, aquí en Cataluña, los medios reciben dinero de la Generalitat, de las Diputaciones, de los Ayuntamientos… hay un montón de Administraciones Públicas que financian a estas empresas”, sostiene Fernández, quien duda de cómo se va a implementar la medida y si tendrá el apoyo suficiente por parte del resto de partidos.

“Se podría haber hecho antes”

Con todo, los expertos consultados concluyen que son medidas en la buena dirección pero creen que se debería haber hecho mucho antes: “No hace falta ningún reglamento europeo de libertad de medios para hacer eso. Se podría haber hecho antes y, hacerlo ahora, parece que obedece a una situación puntual”, denuncia Isabel Fernández, en referencia al caso de la esposa del presidente del Gobierno.

En la misma línea, el profesor de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid denuncia que la ley ha quedado “completamente obsoleta”, ya que “se hizo en un contexto donde no se tomó en consideración Internet ni los medios digitales”: “Entonces evidentemente necesita ser reformulada para adaptarla no solo al reglamento, sino también a las necesidades actuales dentro del ecosistema informativo”, apunta.

Preguntado por si esta reforma pondrá fin a la “desinformación” que denuncia el jefe del Ejecutivo, Magallón considera que esto es “un problema muchísimo más complejo” y aboga por aumentar la confianza de la ciudadanía en los medios para contribuir a “una mayor rendición de cuentas”.

Después de comparecer este miércoles en el Congreso para presentar ese "plan de acción democrática" y a la espera de conocer más detalles del mismo, Sánchez abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y, después del verano, pondrá en marcha las medidas legislativas correspondientes.