HRW denuncia el arresto de más de 3.000 menores en el régimen de excepción en El Salvador

• La organización Human Rights Watch ha denunciado abusos a niños y adolescentes en un informe publicado este martes
• La violencia ha disminuido en el país desde 2022, pero "a un coste humano muy alto", ha asegurado la ONG

Más de 3.000 menores arrestados en el régimen de excepción en El Salvador

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un informe presentado este martes que más de 3.000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Entre ellos hay 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3.000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial", señala el informe.

Bajo el título “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, el informe detalla que los menores apresados reportaron "condiciones de detención inhumanas", entre ellas hacinamiento extremo y falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas.

De acuerdo con HRW, "si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes", el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) indicó a las autoridades de Estados Unidos que 3.319 niños fueron apresados entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Además, 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.

Aumentan a un 53% las detenciones de menores

Según la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha habido un aumento significativo de detenciones de menores pasando de un 26% en 2018 a un 53% en 2022.

"Se está priorizando en El Salvador, contrario a estándares internacionales, una decisión carcelaria cuando la obligación internacional es que para los niños y adolescentes la cárcel debería hacer el último recurso", agregó.

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Goebertus ha remarcado en una conferencia de prensa en San Salvador que algunas de las violaciones a derechos de menores son detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, palizas, falta de condiciones básica, castigos físicos, entre otras.

De acuerdo con el decreto aprobado, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, por lo que la continuidad de la suspensión de los derechos constitucionales "siguen siendo las necesarias" para "continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales".

La violencia ha disminuido "a un costo humano muy alto"

Por su parte, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, ha reconocido que la violencia generada por las pandillas en El Salvador ha disminuido, pero ha señalado que lo ha hecho "a un costo humano muy alto".

El subdirector de HRW ha apuntado que, de acuerdo con los hallazgos de lo investigado por un grupo de expertos, "El Salvador tiene una deuda con los niños y adolescentes que no es una deuda de los últimos cuatro años, sino histórica".

La infancia salvadoreña, ha indicado, "ha sufrido la falta de acceso a la educación, han sido afectados por el abandono y por supuesto por la violencia de las maras que han cometido todo tipo de atrocidades en contra de los menores".

El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata.