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Trabajo asegura que las negociaciones para reducir la jornada avanzan: "No hay ninguna objeción de calado"

  • Debaten una aplicación más paulatina y cierta flexibilidad para algunos sectores al distribuir la jornada a lo largo del año
  • Los sindicatos convocarán movilizaciones en septiembre si no hay avances en la próxima reunión, el 29 de julio

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Reunión de Gobierno, patronal y sindicatos sobre la reducción de la jornada laboral
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el Círculo de Bellas Artes, a 10 de julio de 2024

Las negociaciones con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral avanzan, según ha asegurado este miércoles el Ministerio de Trabajo, principal impulsor de la medida. "No hay ninguna objeción de calado", ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa al término de la reunión del diálogo social y tras semanas de duros reproches entre las partes.

Según Pérez Rey, las conversaciones se centran ahora "de forma muy constructiva" en tres asuntos. Primero, cómo se diseña la reducción paulatina desde las 40 horas semanales de trabajo actuales hasta las 37 horas y media en 2025. Segundo, cómo se establece la flexibilidad para determinados sectores que experimentan picos de trabajo en determinados momentos del años. Y, finalmente, cómo blindar la desconexión digital de los trabajadores para que la medida sea "eficaz y respete escrupulosamente los tiempos de descanso".

"Tenemos todo 2025, dentro de esos parámetros temporales, hay fórmulas que permiten que esa incorporación sea más progresiva", ha comentado Pérez Rey sobre la primera cuestión, que está delimitada por el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar que comprometió la reducción. Entonces, se propuso que se aplicaría de forma progresiva: hasta las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas en 2025. Si se ciñen a ello o amplían el margen será uno de los debates de la próxima reunión.

Para la cuestión de la flexibilidad, ha explicado, se tomaría como referencia el cómputo anual de horas de trabajo, de modo que la jornada semanal se ampliaría en algunos meses, pero se reduciría en otros para compensar. Se trata de una "distribución irregular" de la jornada, que se reclama desde la patronal y en la que el Ministerio se compromete "a seguir trabajando".

Por último, Pérez Rey ha reconocido que el derecho a la desconexión digital ya está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, pero ha juzgado necesario "profundizar" en ello, dado el contexto de transformación digital de la economía y un teletrabajo cada vez más extendido. "No solo hay que trabajar menos y tener horarios más racionales, sino que además no hay que ser molestado cuando uno descansa", ha insistido.

Los sindicatos ponen la próxima reunión de límite: "Convocaremos una batería de movilizaciones"

El secretario de Estado ha concretado también que la próxima reunión tendrá lugar el 29 de julio, fecha que sirve de límite para los sindicatos. "De no avanzar de manera sustancial y concreta en la reunión del próxmo 29, para primeros de septiembre convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real", ha afirmado la responsable confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, en la rueda de prensa junto al vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en la que ha lamentado que las negociaciones hayan entrado en "bucle". "Seguiremos en la mesa pero seguiremos en la calle", ha puntualizado.

Por su parte, Luján ha subrayado que las jornadas laborales en los convenios colectivos ya están en el entorno de las 1.760 horas anuales, que se reducirían a 1.712 con el cambio normativo. "No parece lógico que reducir 48 horas al año vaya a suponer la crisis de las empresas", ha valorado, tras afirmar que apoya la medida "más del 80% de la sociedad española".

Más flexibilidad pero más sanciones: la última propuesta de Trabajo

La mesa del diálogo social se ha sentado este miércoles para valorar la última propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz, que introducía dos novedades a la reducción paulatina de la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales en 2025 sin reducir el salario: más flexibilidad inicial para los empresarios a la hora de distribuir la jornada a lo largo del año y el endurecimiento de las sanciones si el incumplimiento provoca daños en la salud de los trabajadores.

Concretamente, para acercar el pacto de los empresarios, Trabajo ha incluido una disposición transitoria que permitiría, hasta el 31 de diciembre de 2025, que las empresas puedan distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada anual que tuvieran en el momento de entrada en vigor de la norma. Esta concesión daría más tiempo para adaptarse a la reducción, especialmente a organizaciones del sector agrario, la hostelería y el turismo, que tienen picos de trabajo en determinados momentos del año.

Por otro lado, se ha sumado un nuevo apartado en la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social que especifica que los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo "que generen riesgo grave para la seguridad y salud" de las plantillas, porque afecte a sus descansos, vacaciones, duración máxima de la jornada, turnos de noche y demás, son considerados, como mínimo, infracciones graves.

Negociaciones tensas sin romper la baraja

Las negociaciones para acabar con la semana laboral máxima de 40 horas han estado encalladas desde hace meses, un bloqueo que el Gobierno trató de superar con este último planteamiento con más flexibilidad en la aplicación pero mayores sanciones en caso de incumplimiento. Antes, había lanzado reproches a los empresarios por no presentar propuestas y llevar a cabo una "huelga de brazos caídos", en la palabras de la ministra Díaz, mientras los sindicatos acusaban a las patronales de querer "demorar sine die" las negociaciones y animaban al Ejecutivo a sacar adelante el texto con o sin apoyo del empresariado.

En esto último se han escudado las patronales y han culpado a la otra parte por no querer negociar, sino "imponer" un modelo que juzgan negativo para la marcha de sus negocios. "Es ridículo tener que hacer propuestas cuando el documento ya está escrito", expresó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en RNE, que condensa su punto de vista respecto a la forma. En cuanto al fondo, la CEOE ha valorado que la reducción de jornada supondrá "regalar" por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año a cada trabajador y CEPYME ha calculado que costará unos 42.400 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas, efectos que consideran que se enmarcan en una actitud de "hostigamiento" a las empresas por parte del Gobierno. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (donde se encuentran empresas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Tendam o Alcampo) ha señalado este miércoles que tendría un coste económico de 461 millones de euros para su sector.

Para Yolanda Díaz, en cambio, las consecuencias no son tales, cuando la jornada laboral "en la negociación colectiva española hoy ya es de 38,2 horas", según afirmó en declaraciones a la prensa durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial a principios de julio.