La Corte Suprema de Colombia cita a Petro a declarar como testigo por un caso de corrupción

• Junto al presidente también han sido citados dos altos funcionarios
• El caso de corrupción involucra presuntamente al jefe del Senado y al de la Cámara de Representantes

El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante un acto en Bogotá Catalina Olaya/EUROPA PRESS

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha citado a declarar como testigo al presidente Gustavo Petro por la investigación de un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que involucra presuntamente a los presidentes de ambas cámaras.

El alto tribunal también ha citado al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).

"La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada [declaración jurada]", ha señalado la Corte Suprema en un comunicado.

Asimismo, el alto tribunal ha ordenado una inspección judicial de las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre los trámites de la reforma de la salud y la reforma de las pensiones. La primera fracasó en su trámite legislativo y la segunda se convirtió en ley.

La guerrilla ELN recibió dinero del Estado, según Olmedo

La citación de Petro ha tenido lugar después de que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, asegurara ante la Corte que el grupo guerrilero Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dinero del Estado a través de contratos de esa entidad.

Según ha revelado Noticias Caracol, López aseguró que el "entramado" recoge "desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (...) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte".

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 10 millones de euros) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la acusación de que el dinero de la entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio de apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda al hablar de la "entrega de contratos" para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones al presupuesto.