Menores migrantes denuncian maltrato en Canarias: "Sé que no estoy en casa, pero quiero que me traten bien"

• 5.600 menores se encuentran bloqueados en las islas y algunos denuncian hacinamiento y maltrato 
• RTVE.es habla con varios menores en Tenerife: “Si el camino termina en Canarias, no hacía falta cruzar el mar”

Gora es de Gambia, tiene 16 años y llegó en noviembre a España EBBABA HAMEIDA

Gora escucha música, sentado de espaldas al mar. Observa un columpio vacío en un parque infantil sin niños jugando. Todas las tardes, desde hace cinco meses, viene a este parque junto a otros jóvenes gambianos que se la jugaron en el mar para reescribir su futuro. Casi todos se marcharon sin avisar a sus madres y llegaron a las costas europeas solos. Mientras los demás se ríen y bromean, Gora se refugia en la música que brota de sus cascos, no tiene interés por las vistas del Atlántico, sus ojos vuelan al cielo en busca del punto más alto de las palmeras. “Llegué en noviembre, desde entonces solo quiero aprender español”, dice este joven de 16 años. 

Al margen del ruido y de los enfrentamientos políticos, 5.600 niños y niñas permanecen en el archipiélago en unas condiciones que incumplen los derechos más elementales de la menores. “Somos incapaces de preservar los derechos de los niños”, ha llegado a reconocer el presidente canario, Fernando Clavijo, durante la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 10 de julio en Tenerife. Para atendernos, Gora ha elegido una camiseta blanca lisa para no ser identificado. Tiene miedo. “No recuerdo ni la fecha exacta de salida, pero sé que me despedí de mi madre el 27 de octubre”, añade. De Gambia se fue a Senegal y de ahí emprendió la ruta más peligrosa y letal para pisar Europa. El viaje fue de viernes a viernes. “Lo primero que quiero hacer es aprender el idioma de esta tierra”, pero lamenta que desde que ha llegado no ha pisado una escuela. “Nos llegaron a dar clases de media hora (impartidas) por algunos voluntarios del centro”, lamenta.

Esta comunidad ha recibido en el último año y medio a la mitad de los menores que han llegado a España y el Gobierno autonómico insiste en que su capacidad máxima de acogida es de 2.000 niños y niñas. El colapso del sistema está teniendo consecuencias directas en la vida de estos menores. Este joven está en uno de los centros temporales que gestiona Quorum Social, una asociación que lleva desde 2009 atendiendo a menores y que se define como “entidad no lucrativa de carácter asistencial en el ámbito del niño, niña y adolescentes”. Se trata del Centro Temporal Puerto de la Cruz, ubicado en un hotel turístico cerca del mar que se ha reconvertido para responder a la situación de emergencia que padecen las islas. Gora narra su rutina sin entusiasmo. Se levanta, desayuna, intenta aprender español por su cuenta o con vídeos de internet, mata el aburrimiento en TikTok, almuerza, sale al parque o a dar un paseo por las inmediaciones del centro, vuelve para cenar y se va a dormir. “Yo no he venido para comer, dormir y estar con el móvil. Y cuando lo decimos (a la dirección del centro) y lo denunciamos, nos dicen que no pueden conseguir nada más para nosotros”, explica. 

“Yo no he venido para comer, dormir y estar en el móvil“

Él quiere dejar claro que no ha tenido problemas, evita el conflicto y hace caso a su madre, quien le aconseja, en todas las llamadas, que se mantenga al margen de cualquier disputa. Se queda en silencio y en voz baja confiesa que ve “muchas injusticias" y que en el centro están "en una situación límite". “Sé que no estoy en casa, pero yo solo quiero que me traten bien”, denuncia. 

Supuestos casos de violencia física y verbal

Bacary e Ibrahim, compañeros del centro, se acercan y narran a RTVE.es lo que ellos denuncian como casos de violencia física y verbal. Muestran fotos de heridas: una raja en un costado derecho que sigue sin cicatrizar, un rostro hinchado con un ojo morado o un hombro con huellas de golpes. A coro, enumeran supuestos malos tratos frecuentes por parte de algunos trabajadores del centro. “No tenemos educadores, son hombres fuertes y nos amenazan con la fuerza”, dice Bacary. “Tenemos una habitación del castigo, la llamamos cárcel, que es para encerrarnos durante días, y estar incomunicados", afirma Ibrahim, que estuvo dos veces aislado por contradecir a un monitor. "Me subían comida y no podía salir”, asegura. “Un día entraron en la habitación del castigo en la quinta planta, me pidieron que me desnudara y que me duchara delante de ellos y me pegaron”, relata con los ojos vidriosos. Ibrahim también tiene 16 años y llegó en un cayuco el pasado 19 de octubre. 

Omar ha venido con su hermano, que también es menor. Pide la palabra tras permanecer en silencio observando la rabia con la que hablan sus compañeros. “No quiero solo dormir y comer”, dice con un tono paciente y calmado. “Cuando voy a quejarme, me dicen que puede ir en mi contra”, cuenta. También alega que, en varias ocasiones, ha recordado a los monitores y a la dirección que solo quiere estudiar pero le han respondido que la educación obligatoria es hasta los 16 años en España y que tenían que haber llegado un año antes. De mayor quiere ser electricista. Pero “si el camino termina en Canarias, no hacía falta cruzar el mar”, concluye.

“si el camino termina en Canarias, no era necesario cruzar el mar“

“Violencia física o violencia verbal a mí no me consta en el sentido de que no hay ninguna sentencia que lo haya dictaminado, pero sí me constan denuncias de chicos en centros", explica a RTVE.es, Teseida García, la fiscal delegada de Extranjería, Inmigración y Trata de Seres Humanos. "No solamente denuncian ellos, sino que también me las han hecho llegar por otros medios muy serios, que ponen de manifiesto la posibilidad de que existan supuestos de violencia física en algún centro", señala.

Porteros de discotecas por educadores sociales

Además, una extrabajadora en el centro Hoya Fría, un espacio habilitado de emergencia y gestionado también por Quorum Social, denuncia hacinamiento y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Prefiere no revelar su identidad, nos referimos a ella como Silvia. “Me ha dolido mucho la falta de especialización del personal, porque ahí cogen a cualquiera. Buscan a señores fuertes, tipo porteros de discoteca, sin experiencia, sin estudios, expresidiarios, que no saben ni leer ni escribir y que les asignan de coordinadores”, explica Silvia, un relato que coincide con el de los chavales. Ella ha trabajado para la entidad durante los primeros meses del año 2024 y ha visto con sus propios ojos cómo vivían hacinados más de 300 menores, en condiciones precarias. Relata que duermen en un “zulo” que servía de garaje, sin ventanas y por donde entra agua cuando llueve. Atestigua haber visto situaciones de maltrato y está en el proceso de denuncia con una abogada especializada. El objetivo es llevarlo a la Fiscalía, tal y como han hecho otros educadores. 

De los 300 niños acogidos en el centro, no llegan a 20 los escolarizados, ni a 10 los que están en cursos de formación y “los demás a matar el tiempo en el móvil”. “Yo misma intentaba dar clases de español con mis propios medios. Buscaba entre los libros de mis hijos y les imprimía las cosas para que ellos aprendieran”, recuerda esta profesional. Ya que no les dejan salir, lo que piden estos jóvenes es, al menos, recibir algún tipo de curso dentro del centro. “Deberían de tener clases adecuadas en castellano pero se las dan en una hora o dos horas a la semana", cuenta. "Se tiene que hacer una formación más intensiva, además tenemos que saber quién les da esa clase y si es gente titulada. Me da la sensación de que son monitores y esto no es un campamento de verano", apunta la fiscal.

La solidaridad es imprescindible

El presidente de Canarias ha asegurado que en este contexto no pueden “darles enseñanza del idioma, atenderlos dignamente, formarlos, integrarlos, debido al colapso de la red de acogida”. Señala que es una "emergencia" y que están "desesperados", antes de admitir que no pueden "atender a esos niños como se merecen", advirtiendo que la alternativa es "o echarlas a la calle o que el Estado o las fuerzas políticas colaboren". El repunte de llegadas por la ruta atlántica, unas 40.000 personas en 2023 y casi 20.000 en lo que va de 2024, ha desbordado la capacidad de acogida en todos los aspectos.

“El problema es cuando tú le dices a un adolescente que es diferente, a un menor no escolarizado le estás mandando un mensaje de falta de proyección, al no tener acceso a los recursos básicos”, asegura Loueila Sid Ahmad Ndiaye, abogada y experta en Extranjería en Canarias. De esta forma, señala la letrada, se asume el fracaso de una acogida que cuesta dinero público y que traerá más exclusión y marginación. Otra de las quejas recurrentes es la falta de asesoría legal. Peteh lleva meses diciendo en el centro que tiene a su madre en Barcelona pero que no sabe cómo llegar a ella y lamenta no tener asesoría jurídica. Tiene 16 años y llegó el pasado octubre a España. “No se puede salir de aquí tan fácilmente” es la respuesta que siempre le repiten los monitores. “Hemos documentado el uso de violencia física como mecanismo para educar”, apunta la abogada. RTVE.es ha llamado a Quórum Social 77 para contrastar las acusaciones que se vierten en su contra, pero no se ha obtenido ninguna respuesta.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía autonómica o las entidades sociales recuerdan que es un asunto macro, no solo de Canarias. Ángel Gabilondo insiste en la necesidad “de que haya solidaridad entre las comunidades para asumir un cupo de chavales que puedan ser atendidos decentemente y respetando todos sus derechos”. La reforma de la ley de extranjería que se ha presentado en el Congreso de los Diputados y que tendrá muchas dificultades para salir adelante pretende establecer los límites de la capacidad de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. 

El reparto obligatorio que plantea la reforma legal se pondría en marcha cada vez que estos territorios lleguen al 150% de su capacidad máxima. Se estima que Canarias puede albergar a unos 2.000 niños y adolescentes y que Ceuta y Melilla tienen capacidad para algo más de 200 personas cada una. De prosperar la reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, las regiones de frontera podrían reubicar de forma automática, en otras comunidades autónomas a los menores a su cargo cuando se supere el límite de su capacidad. En el caso de las Islas Canarias, implicaría el reparto automático de los cerca de 3.000 menores que tiene bajo su tutela. El sistema actual de reparto voluntario, tras la conferencia sectorial de la pasada semana, ha limitado las acogidas en el resto de territorios a tan solo 347 menores tutelados hasta ahora por los gobiernos autonómicos de Canarias y Ceuta.

Un reparto que en 2022 y 2023 no se ha respetado.

La Consejería de Bienestar Social se gasta una media de unos 140 euros por menor al día. “Las concesiones a las entidades son con carácter urgente. El Gobierno de Canarias no hace una supervisión ni una fiscalización”, denuncia Loueila Sid Ahmad Ndiaye, experta en Extranjería en Canarias. No tiene tanto que ver con las entidades, asegura la abogada canaria, sino con las personas que gestionan el dinero. “Hay varios casos que están siendo investigados en la Fiscalía Anticorrupción también porque el año pasado algunas de estas entidades destinaron dinero a cosas que nada tenía que ver con la acogida integral”, arguye. Por otro lado, la abogada denuncia la situación de aquellos menores que están en recursos de mayores, así como, una situación de incertidumbre que se prolonga durante meses y que ha llevado a muchos chavales a fugarse.

Consumo de Rivotril o Diazepam

La abogada ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Menores por las malas condiciones en el centro de acogida “Casa del Mar”, gestionado por la Fundación SAMU, un edificio superpoblado donde se aloja a menores en Lanzarote y que padece graves condiciones de insalubridad. “Los menores están con la salud mental dañada y tocada, se les maltrata física y verbalmente en espacios poco transparentes. Hay mucha opacidad y solo nos vamos a enterar si algún trabajador o algún menor lo pone en conocimiento de las personas que trabajamos en esto”, explica Sid Ahmad Ndiaye. La frustración, la falta de formación o escolarización, las ausencia de expectativas impiden la integración, lo que tiene un impacto directo en la salud mental de estos jóvenes que finalmente recurren a otras fórmulas para evadirse. “Dicen detectar cuadros de depresiones agudas. Hay consumo de medicamentos como Rivotril o Diazepam. Algunos menores consumen estos ansiolíticos con bebidas energéticas y alcohólicas como mecanismo para evadirse”, recoge en su denuncia. Gracias a la denuncia el centro cerró este miércoles definitivamente.

El Defensor del Pueblo ya había alertado, en un informe de 2021, sobre las consecuencias de la falta de instalaciones adecuadas y de la lentitud con la que se realizaban los traslados a la península durante el año 2020. Ya entonces suponía que “en unas mismas instalaciones, se encuentren personas en situaciones muy diferentes: inexpulsables, solicitantes de protección internacional y otros perfiles vulnerables, entre otros, menores sin identificar, que deberían estar en recursos específicos”. En el documento se recuerda que no es un tema nuevo para los canarios. Durante lo que se conoció como la “crisis de los cayucos”, llegaron a nuestro país muchos menores a los que se acogió con muchas deficiencias y ahora, 18 años después, se están “repitiendo los mismos errores”, concluye la fiscal.  

“Estoy un poco feliz porque al menos he cruzado el mar. Muchos de mis amigos murieron en el mar pero no en mi barco. En el nuestro no tuvimos ningún problema. Así que me alegro de tener una vida por delante”, dice Gora. Una vida, por el momento, detenida en Canarias.

*Los nombres de los menores son ficticios para proteger su identidad.