El mercado de los pisos turísticos 'calienta' el debate de la vivienda: radiografía de la crisis en Baleares y Canarias

• El porcentaje de vivienda turística de Canarias triplica la media nacional y va al alza; el Gobierno regional avanza una regulación
• Los baleares destinan de media un 63% de su sueldo al alquiler, mientras aumenta el malestar por la saturación turística

La línea de costa construida en Mallorca, en una imagen de archivo GETTY

Bajo el sol de julio, mientras cientos de españoles usan y buscan alojamientos para pasar sus vacaciones de verano, se calienta el debate sobre el impacto de los pisos turísticos en el derecho a la vivienda. Y dos focos destacan por encima del resto: las islas Canarias y Baleares, cuya atractiva costa supone a su vez un límite natural al suelo disponible.

El porcentaje de viviendas turísticas sobre el censo total de Canarias (4,30%) triplica la media nacional (1,33%) y, de hecho, dos de sus municipios ostentan el título de los más saturados, Yaiza, en Lanzarote, y La Oliva, en Fuerteventura, con tasas en torno al 22%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística actualizados este año.

En el ranking autonómico, sigue Baleares, con un 3,84% de casas turística sobre el total. De nuevo, dos pueblos mallorquines se cuelan en el top cinco de saturación en España: Pollença, que roza el 20%, y Búger, el 18%. Cataluña completa el resto de las 10 primeras posiciones de la estadística, con municipios situados sobre todo en Girona.

Aunque es difícil establecer una relación proporcional entre aumento de la vivienda turística y encarecimiento del mercado de alquiler, es un hecho que el fenómeno reduce la oferta disponible y, por lo tanto, afecta a los precios. El problema aqueja a quienes viven ahí los 365 días del año, como demuestran las multitudinarias manifestaciones, primero, en Canarias y más recientemente en Baleares.

"La subida de precios es escalofriante. En Ibiza lleva siendo terrible muchísimo tiempo. En Mallorca, ya no hay escapatoria, no hay ni un pueblecito del interior donde meterse. Desde 2019, pero sobre todo después del COVID, Menorca se está poniendo imposible. Esto va por oleadas: abren una autopista de un pueblo al otro e inmediatamente los precios suben 400 euros en los pueblos de la comarca", describe en una entrevista con RTVE.es el portavoz del grupo de acción antidesahucios Stop Desnonaments, Joan Segura.

La población balear destina de media un 63% de su sueldo para pagar el alquiler, según un estudio de Fotocasa, basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler en su plataforma. Es la cifra más alta entre las autonomías, seguida de cerca por Madrid (62%), Cataluña (58%), País Vasco (54%) y Canarias (51%).

En este contexto, los Gobierno autonómicos de Baleares y Canarias están activando medidas y desarrollando las legislaciones en la materia que, no obstante, se perciben como insuficientes desde las asociaciones civiles en defensa del derecho a la vivienda.

Las Mañanas de RNE - ¿Cómo están cambiando los pisos turísticos la vida de los barrios? - Escuchar ahora

Baleares, en pie de guerra contra la oferta ilegal de pisos turísticos

El Consell de Mallorca, órgano de Gobierno de la principal isla balear, anunció en mayo que reduciría en 18.000 las plazas turísticas de las islas, en pos de acabar con la masificación, y está en pie de guerra contra la oferta ilegal, una medida paralela a la legislación desarrollada para aumentar el parque de vivienda disponible. Así, de momento, el problema se aborda como dos vertientes separadas: por un lado, la saturación turística y, por otro, la "emergencia" por la falta de vivienda.

Desde la patronal de viviendas de alquiler turístico de Islas Baleares, Habtur, critican los detalles en lo que respecta el primer punto. "De las 18.000 plazas, a nosotros nos quitan 11.000 y a los hoteles, 7.000. Eso de ninguna manera es proporcional", afirma la gerente María Gibert, que considera que es "una salida muy fácil culpar de la saturación turística al hermano pequeño".

Joan Segura, de Stop Desnonaments, lamenta, en cambio, la laxitud del Ejecutivo balear —algo que también achaca al anterior, socialista— en ambas materias y subraya que en el decreto de "medidas urgentes en materia de vivienda" que se firmó en octubre del año pasado se centra "simple y llanamente en la falta de viviendas y no en la oferta secuestrada por la especulación, el turismo y las viviendas vacías"

La patronal del alquiler turístico niega tal secuestro y especulación. "Representamos entre un 20 y un 25% del total de la oferta de alojamiento de Baleares y somos el sector que ha tenido más restricciones. Donde hay más problemas de acceso a la vivienda, ya está totalmente prohibido desde hace ocho años", argumenta la gerente María Gibert, que asegura que la política iniciada por el anterior Gobierno autonómico para acabar con la oferta ilegal "ni ha aumentado los pisos en el mercado ni ha bajado el precio del alquiler".

Sin embargo, las medidas para poner coto a los pisos turísticos ilegales no están siendo tan eficaces como desearían las autoridades. "Me canso de levantar actas y de que los procedimientos se eternicen", afirmó el conseller de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez, en una entrevista en Onda Cero Mallorca, y reconoció que solo un pequeño porcentaje de los alojamientos sancionados acaba cerrando.

Mientras tanto, el precio medio declarado por m² de vivienda en ses illes es el más elevado de toda España, 3.350 euros, según el informe del primer trimestre de 2024 de registradores de la propiedad, que por provincias sitúa a Guipuzkoa como la más cara (3.477 €/m²). Ante esta situación, el reciente decreto balear ha creado la figura "vivienda de precio limitado", que puede ser de construcción nueva o en edificios ya existentes.

El planteamiento no gusta, en cualquier caso, a Stop Desnonaments, porque el índice para establecer el precio del metro cuadrado es superior al de la vivienda de protección oficial, el cual "ya ha subido de manera escandalosa" en los últimos años, dice Joan Segura. El portavoz valora que el turismo es un "destructor del derecho a la vivienda, pero no el único" y aboga por reducir el umbral que establece qué es un "gran tenedor" del estándar de más de 10 viviendas al reducido de más de cinco, algo que prevé la ley de vivienda estatal: "Sería muy importante, pero ni siquiera el Partido Socialista se planteó adoptarlo". Entre sus demandas, está una limitación de los precios más clara y, sobre todo, "prohibir terminantemente las viviendas vacías".

Canarias busca acotar un mercado del alquiler turístico al alza

En Canarias, el fenómeno del alquiler turístico es menos numeroso y más reciente que en Baleares, pero dibuja una tendencia inversa: mientras en el archipiélago mediterráneo el porcentaje de viviendas turísticas sobre el censo total ha descendido más de un punto desde 2020, en las islas atlánticas ha aumentado.

El Gobierno canario no duda en vincular los problemas de falta de vivienda con el auge del uso turístico, sumado a la paralización de las nuevas construcciones desde la crisis de 2008. "Reponer para un uso residencial permanente las 53.938 viviendas destinadas a un uso turístico actualmente y a un ritmo medio de construcción total de viviendas de 3.000 al año se necesitarían 18 años para alcanzar tal reposición, al margen claro está del número adicional de viviendas que exige el crecimiento poblacional anual", argumenta en la exposición de motivos de su anteproyecto de ley para limitar las viviendas turísticas.

De aprobarse el texto que se presentó, al menos el 90% de las viviendas deberán destinarse exclusivamente al uso residencial (el 80% en La Palma, La Gomera y el Hierro). Además, solo podrán entrar al mercado vacacional las viviendas con más de 10 años, que cumplan determinadas condiciones (tamaño, equipamiento…) y siempre que no estén en una zona de mercado "tensionado". La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) juzga que la propuesta del Gobierno autonómico es "muy restrictiva" y calcula que la oferta de pisos turísticos podría verse reducida en un 90%, si bien hay que tener en cuenta que el anteproyecto concede 10 años de plazo de adaptación a las existentes en el momento que entre en vigor.

Según el director de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, Raúl Hernández, estas perspectivas han llevado a muchos a registrar sus viviendas "por si acaso". Igualmente, el portavoz de ACEGI, Ciro Machado, cree que el aumento de la vivienda turística es consecuencia de la ley estatal, que ha empujado a los propietarios a emplear sus viviendas para el uso turístico "por miedo a posibles impagos, a un posible desahucio o a que se delimiten zonas tensionadas" y se limiten los precios.

Desde la patronal, achacan los precios altos de la vivienda a la ausencia de oferta pública y promociones durante décadas, algo que el Ejecutivo canario ha tratado de atajar también con un decreto de medidas urgentes que permiten aumentar la disponibilidad de suelo y las edificaciones para vivienda. En cualquier caso, Machado sí ve necesaria una regulación para evitar el "descontrol" de la oferta de alquiler turístico, molesto tanto para el sector hotelero como para los vecinos y vecinas de los barrios.

"La vivienda es para vivir, no para estar de vacaciones", expresa el portavoz de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, que habla de una "sensación de sobrecarga" en las islas. "Es un cáncer para la vida, incluso degrada al propio turista: descontrol, aislamiento, no tiene asistencia ni información de ningún tipo. Si consideramos el turismo como una industria, no puede estar en los barrio".