Peligros, vaguedades y aciertos: ¿qué dicen los expertos del plan de Sánchez sobre los medios?

• Algunos analistas alertan de lo delicado de que sea el poder el que decida qué es desinformación
• El presidente defendió limitar la financiación pública a "pseudomedios" pero no concretó medidas

Los medios de comunicación atienden a Pedro Sánchez en el Congreso, en una imagen de archivo EFE/ Juan Carlos Hidalgo

El esperado anuncio del plan del presidente del Gobierno sobre regeneración democrática, con el foco puesto en los medios de comunicación, ha dejado algo fríos a expertos y asociaciones de la prensa. Pedro Sánchez, que venía en los últimos meses prometiendo actuar contra la "máquina del fango", contra la difusión de bulos por parte de los "pseudomedios" o planteando un tope a la financiación pública, se limitó el miércoles en el Congreso a desgranar medidas incluidas en la reciente ley de medios europea, que es de obligado cumplimiento para los Estados.

Según señaló Sánchez, el Gobierno pretende fijar nuevos estándares de transparencia, ya que "los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia". También defendió actualizar la ley de publicidad institucional, de 2005, y "limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores" ni que haya partidos que "compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes". 

A este respecto no especificó ninguna medida concreta y el único anuncio que hizo el jefe del Ejecutivo fue una ayuda de 100 millones de euros para la digitalización de los medios. Negociarán en los próximos meses, explicó, con el resto de grupos parlamentarios -salvo Vox-, en unas conversaciones que empezarán el lunes, y en las que también involucrará al sector y a la academia, para lograr unas reformas de consenso.

El "peligro" de que sea el poder el que defina qué es información

Eduardo Suárez, director editorial del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford, cree que hay un problema en el punto de partida del debate, y es que sea el Gobierno el que delimite qué es un medio o qué es desinformación . "En España hay webs y agitadores en redes sociales que informan de manera partidista o sesgada, o difunden información falsa, pero es muy difícil definirlo incluso en el propio gremio y muy peligroso definirlo desde el poder", señala a RTVE.es.

En la misma línea se pronuncia Aida Martori, investigadora del grupo Daniel Jones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Es un tema muy espinoso porque incide en la libertad de expresión y de información". Dejar claro "qué se considera desinformación o un medio que desinforma requiere de un consenso social y académico que no está suficiente maduro", apunta esta doctora en Comunicación.

Su opinión coincide en gran medida además con la de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la principal asociación de periodistas española, que si bien compartió "la necesidad de combatir la desinformación y los bulos" y abogó también por una mayor transparencia en la propiedad y la financiación de los medios, expresó sus "reservas" sobre "quién determinará la limitación o la retirada de fondos públicos a medios que se compruebe que difunden bulos de manera reiterada". Además, han pedido participar en el proceso de concreción de las medidas.

La Federación de Asociaciones de Prensa de España -que engloba a la APM y a otras de todo el territorio-, por su parte, valoró "positivamente" la aplicación del reglamento europeo, y esperó que permitiera el "saneamiento del ecosistema mediático" y garantizar "la libertad de prensa, su independencia, estabilidad y pluralismo informativo. En el mismo tono se expresó Reporteros Sin Fronteras, que acogió "con satisfacción" el cumplimiento de la normativa europea anunciado por Sánchez, aunque advirtió que "vigilará de cerca cómo se materializan las medidas anunciadas por el Ejecutivo relativas a los medios, para garantizar en todo momento la libertad de prensa y el derecho a la información".

Transparencia y desinformación: las asociaciones de prensa piden participar en el debate sobre la regeneración democrática

Diferencias de foco entre la ley europea y las medidas de Sánchez

El reglamento europeo al que todos hacen referencia fue aprobado en la Eurocámara, con amplia mayoría, el pasado marzo, y los Estados miembro de la UE deberán aplicarlo en su integridad antes del 8 de agosto de 2025. Busca, esencialmente, proteger a los periodistas de las injerencias de los gobiernos, estableciendo por ejemplo salvaguardas para que no revelen sus fuentes, y aportar transparencia sobre las corporaciones dueñas de los medios y sobre la publicidad institucional que reciben por parte de las administraciones públicas. 

"Lejos de controlar a los medios lo que promueve este reglamento precisamente es garantizar la independencia y el pluralismo, y ese marco de actuación encaja en cualquier sociedad democrática y también por supuesto en España", señalaba en RNE Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra y coordinador del Observatorio de Medios Digitales en España y Portugal (IBERIFIER).

Entre el reglamento y el discurso empleado por Sánchez para anunciar su aplicación, la profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid Pilar Sánchez, ve "dos focos distintos". Mientras la normativa comunitaria se centra en "proteger" a los medios y "fortalecerles" como herramienta clave para luchar contra la desinformación, lo que hizo el presidente fue un discurso "muy negativo contra los medios", lamenta.

Esta especialista en prensa digital e inteligencia artificial considera que, aunque hay medios que lleven a cabo prácticas "muy perniciosas", es "decepcionante" que se presente a estos como el "problema" de la desinformación y la pérdida de credibilidad, cuando hay muchos otros factores como la debilidad económica que padecen buena parte de las empresas periodísticas, el gran avance de los buscadores y las redes como formas de consumir información o los propios políticos que esparcen bulos. "La información periodística bien hecha no es el problema, es la solución", reivindica.

“La información periodística bien hecha no es el problema, es la solución“

Publicidad institucional: no solo hacer leyes, sino cumplir con las vigentes

Para Martori la intervención de Sánchez fue "redundante", ya que la ley europea ya debería aplicarse en España, y el presidente no fue más allá de este texto, aportando "medidas muy vagas y poco concretas". Y aunque reconoce que el reglamento aprobado en la UE es "un paso indispensable para caminar hacia una más transparencia y pluralidad", recuerda que "no se trata solo de hacer leyes", sino también de aplicar las que ya existen.

“El Gobierno tendría que estar difundiendo cuánto dinero invierte en qué medios y con qué criterios, y esto no se hace público“

Pone de ejemplo la ley de publicidad institucional vigente en España, la que Sánchez ha prometido actualizar para adaptarla a un contexto de digitalización que no existía hace dos décadas. Según recoge este texto, "el Gobierno tendría que estar difundiendo cuánto dinero invierte en qué medios y con qué criterios, y esto no se hace público", asegura esta investigadora. 

"Es conveniente desde luego que se sepa no solo la cuantía de los contratos de publicidad institucional, porque esto puede ser un mecanismo claro de captura de los medios privados por el poder político, sino también los criterios de contratación", señala Isabel Fernández, compañera de grupo de investigación de Martori, en RNE.

En España, incluso aquellas (pocas) administraciones que sí que difunden los datos de cuánto dinero dan a cada medio por las campañas de publicidad, como la Generalitat de Cataluña, llevan a cabo repartos que "no atienden a ningún criterio fácilmente comprensible" y "no hay una proporcionalidad la audiencia y lo que ingresan".

Salaverría destaca por su parte que, más que limitar la financiación pública, hay que "repensar el modelo de financiación", ya que hay otras alternativas distintas a la publicidad institucional. "El Consejo de Europa, por ejemplo, aboga por incrementar los subsidios directos a la ciudadanía para que con ese dinero podamos suscribirnos a medios de pago", expone. Algo parecido al bono cultural que reparte el Gobierno a los jóvenes que cumplen 18 años (y que incluye la suscripción a medios), pero extendido a toda la ciudadanía.

Luchar contra la desinformación más allá del BOE

Sobre otra de las medidas que ha avanzado Sánchez, la de hacer público quién financia los medios de comunicación, hay un consenso general entre los expertos consultados y también las asociaciones de prensa de que se trata de un paso en la buena dirección. Suárez pone de ejemplo "ideal" a eldiario.es, que publica anualmente sus cuentas, pero considera que obligar a ello tampoco "resuelve el problema de las noticias falsas".

Dar solución a esta cuestión, coinciden todos los analistas, es complejo y no es factible solo con estas medidas. El jefe de edición del Instituto Reuters apuesta por la "autorregulación" y cita casos como el de Reino Unido donde hay un "regulador independiente" para las televisiones al que se pueden enviar quejas por cuestiones deontológicas. Si se diera algo similar en España, señala sin embargo, le preocuparía que acabara "colonizado por los partidos políticos".

Pilar Sánchez opina que la solución pasa, primero, porque que la regulación de la difusión de bulos no se limite a los medios y que incluya también las redes sociales y plataformas de internet, con cooperación internacional si es necesario, y después, por una "profesionalización" del periodismo, es decir, que para ejercer el oficio sea necesario tener el título de periodismo y estar colegiado, como los médicos o abogados.

En este debate abierto desde hace años en el seno de la profesión, Suárez tiene la opinión contraria. "Hay muchos buenos periodistas en España que no han estudiado periodismo y varias de las personas que seguramente cualquiera de nosotros diría que son difusores de bulos tienen el título", expone.

Los medios públicos, grandes ausentes en el discurso de Sánchez

Pero más allá de lo anunciado por el jefe del Ejecutivo en el Congreso, varios de los expertos consultados ponen el foco en un elemento que ha estado ausente: los medios públicos. "Hay algo muy importante que no ha mencionado en absoluto el presidente y es la independencia de los medios públicos, que es un problema bastante serio", subraya Isabel Fernández, en referencia tanto a los medios estatales como a las televisiones y radios autonómicas. Ella fue en su día miembro del comité de expertos que valoró los candidatos a dirigir RTVE en el concurso público en 2021, aunque finalmente este formato no prosperó.

Isabel Fernández (UAB): "La independencia de los medios públicos es un problema serio" - Escuchar ahora

Para Pilar Sánchez, los medios públicos deberían ser la "punta de lanza" de la regulación, porque ahí es donde sí que puede intervenir el poder. "El reglamento europeo habla expresamente de evitar injerencias políticas. En los medios privados interfieren a través de esa publicidad encubierta, y en los públicos de muchas maneras, con los nombramientos que hacen", señala. Por ello, resume: "Nuestra mayor fortaleza informativa sería tener realmente protegidos a los medios públicos y regular los privados solo a través de la profesionalización y la ética".

“Nuestra mayor fortaleza informativa sería tener realmente protegidos a los medios públicos y regular los privados solo a través de la profesionalización y la ética“

Y coincide Suárez. "Si tú quieres regenerar la democracia española y los medios españoles desde el poder, realmente lo más útil que puedas hacer, mucho más que cualquiera de las otras cosas que ha dicho el presidente, es crear un sistema de gobernanza independiente para RTVE y la Agencia EFE. Ese sería un legado impresionante", concluye.