El Congreso convalida el decreto anticrisis con la eliminación del IVA al aceite o la subida salarial a los funcionarios

• Los socios celebran que el Ejecutivo haya negociado las medidas, aunque critican la "falta de ambición"
• Para la oposición, por su parte, el decreto es para "paliar las consecuencias de la incapacidad" del Gobierno

Cesta de la compra en un supermercado Getty Images

El Congreso ha convalidado este martes el último decreto anticrisis que aprobó el Gobierno para hacer frente al aumento de precios, el noveno desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Entre otras medidas, incluye la eliminación del IVA del aceite de oliva y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos. 

El paquete ha logrado 178 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, después de que Podemos haya llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para dar su apoyo a cambio de mantener el bono eléctrico.

"Continuamos con la potente política de apoyo social y económico que venimos desplegando desde el inicio de la pandemia (...) mantenemos aquellas medidas que suponen un alivio sobre el alza de precios, pero siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, atendiendo a la evolución de la inflación", ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de presentar la norma ante el Pleno.

El decreto se ha tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con el fin de poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y modificar el texto original. 

Los socios critican la "falta de ambición" del Gobierno

La convalidación del decreto ha estado en el aire hasta el último momento. Finalmente, el grueso de partidos que respaldaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dado su apoyo a la norma, reivindicado que en esta ocasión (a diferencia de otros decretos) el Ejecutivo se ha sentado a negociar de forma previa con los grupos.

"Se nos ha dado la oportunidad para negociar e introducir elementos", han celebrado Oskar Matute, de EH Bildu, y Pilar Vallugera, de ERC, tras incorporar medidas como la prohibición de los cortes de suministros básicos o la tarifa regulada para las calderas comunitarias. "Han entendido que antes deben llamar", ha dicho la diputada republicana, abogando por seguir en esta línea.

No obstante, los socios han criticado la "falta de ambición" del Gobierno, echando de menos medidas como la rebaja del IVA a la carne o el pescado o más ayudas para hacer frente a la factura energética. "Estas medidas deberían convertirse en permanentes", ha dicho el diputado del BNG Néstor Rego, una petición que también ha sostenido Javier Sánchez Serna, de Podemos: "No vamos a aceptar recortes sociales y menos para financiar un régimen de guerra que nos viene impuesto", ha advertido.

Desde el PNV, por su parte, han puesto el foco en las familias, que "aún no han recuperado todo el poder adquisitivo perdido", ha señalado Idoia Sagastizabal. La formación vasca ha votado finalmente a favor por "responsabilidad", aunque ha señalado que debería haberse "acotado y mejorado" su diseño. También han mostrado reticencias con la norma desde Junts, por convertir el decreto en "un todo a 100", en alusión al conjunto de medidas de diferentes ámbitos y que, en ocasiones, ha dicho Eduard Pujol, "nada tienen que ver con la guerra en Ucrania o Gaza".

Más crítica se ha mostrado Aina Vidal, de Sumar, quien ha pedido ir más allá con medidas como la regulación de la vivienda o la subida automática del salario mínimo: "Se han pasado de rosca y usted los sabe", le ha espetado a Montero, para después sentenciar: "Son tiempos para exigir y practicar la solidaridad, pero también para regular la ley de la selva y los aprovechados de hoy y de siempre".

Desde Coalición Canaria, por su parte, la diputada Cristina Valido ha celebrado la prórroga de las ayudas para La Palma, tal como se señaló en el acuerdo de investidura. "Responde a lo que los palmeros esperan", ha dicho.

La oposición dice que el Ejecutivo usa los conflictos de "coartada"

Como era de esperar, el PP se ha mostrado muy crítico con la norma y han acusado al Ejecutivo de utilizar la pandemia y los conflictos internacionales como "coartada" para justificar, ha dicho, "el expolio a las rentas bajas y medias de este país". José Vicente Marí Bosó ha señalado que "los conflictos han sido para todo el mundo, pero el estancamiento y el empobrecimiento para los españoles" y lo ha achacado a "las políticas equivocadas" del Gobierno. "Que estemos con decretos anticrisis es la demostración de que la economía no va como un cohete (...) este decreto no es para paliar las consecuencias de los conflictos internacionales, es para paliar las consecuencias de su incapacidad", ha reprochado.

"Nadie puede creerse que las medidas que hoy nos traen son de urgente y extraordinaria necesidad", ha puntualizado el representante de Vox José M. Figaredo, quien ha cargado contra el Ejecutivo por ser "incapaz" de "adoptar medidas coyunturales que resuelvan los problemas" de los españoles. "Se ven obligados a salir al paso, pero todo su diagnóstico está errado, ya sea por un error o por una mentira", ha añadido.

También desde UPN han criticado que el decreto no incluya la rebaja del IVA de alimentos básicos como la carne o el pescado y su diputado, Alberto Catalán, lo ha calificado como "una nueva cesión al independentismo". No obstante, ha dicho que las medidas "van en la línea de lo que vienen defendiendo" y que son "una rectificación del Gobierno".

Rebaja de IRPF, MOVES III o ayudas a La Palma

Entre otras medidas, el decreto actualiza las entrega a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2024: "Seguimos apostando por la autonomía financiera de las comunidades", ha puntualizado Montero. Y se revaloriza un 2% el salario de los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Otra de las medidas que se recogen en el decreto es la rebaja del IRPF para evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen ese impuesto. Además, se amplía el plazo de vigencia del programa de apoyo para la movilidad eléctrica MOVES III hasta el 31 de diciembre y se suman cambios en el Impuesto de Sociedades para promover incentivos, la inversión en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga.

En materia energética, se prorrogan las medidas de flexibilidad a la hora de modificar la potencia eléctrica contratada en un mismo ejercicio hasta el 31 de diciembre y se mantiene hasta final de año la reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva. 

Igualmente, se amplía seis meses más el periodo para que las empresas gasintensivas receptoras de ayudas de compensación de los costes adicionales del aumento del precio del gas cumplan con el plazo efectivo de pago a sus proveedores. Asimismo, se prorroga que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido en empresas que se beneficien de este tipo de programas de ayudas. 

Asimismo, se crea el nuevo Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y dotado con 400 millones de euros de la Adenda del Plan de Recuperación, para proyectos de inversión considerados de impacto social y/o medioambiental y el fortalecimiento del emprendimiento social. También una partida de 50 millones de euros para el programa de transformación de vehículos pesados en carretera. 

De su lado, el decreto prorroga en la isla de La Palma todos los beneficios fiscales para el ejercicio 2024 de los que ya disfrutaron los afectados por el volcán para 2023, lo que permitirá importantes deducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También prorrogan los ERTE para empresas afectadas por la erupción, junto a otras medidas de apoyo a los negocios, laborales y formativas.