Bruselas valora el "progreso" en la renovación del CGPJ pero traslada la "preocupación" por la politización de la Justicia

• Recomienda mejorar la independencia fiscal separando en el tiempo los mandatos de la Fiscalía General y del Gobierno
• Afirma necesitar "más tiempo" para concluir su análisis sobre la ley de amnistía y descarta expedientar a España

Bruselas valora el "progreso" en la renovación del CGPJ pero traslada la "preocupación" por la politización de la Justicia

La Comisión Europea ha valorado este miércoles el "progreso" realizado por España con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha trasladado la preocupación existente por las declaraciones de políticos contra el poder judicial y ha advertido del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza de la sociedad en los jueces y sus sentencias.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles su informe anual sobre el Estado de derecho, que pasa revista a los esfuerzos de los países miembros para cumplir las recomendaciones de Bruselas en ámbitos como la reforma de la Justicia, las normas para combatir la corrupción o la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación.

En el documento, de 40 páginas, Bruselas expone la "preocupación" trasladada tanto por el CGPJ como las asociaciones de jueces, al tiempo que apunta que la confianza del público en el poder judicial es "fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad".

Pese a que los jueces "no son inmunes las críticas", el "daño" a esta confianza es "particularmente relevante" cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que "todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales", argumenta el informe.

Además, la Comisión expone que la valoración de la independencia judicial en España sigue siendo baja: en total, el 37% de la ciudadanía y el 32% de las empresas perciben que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es 'bastante buena' o 'muy buena' en 2024.

Pide separar los mandatos de la Fiscalía General y del Gobierno

Por otro lado, ha recomendado a España mejorar la independencia fiscal mediante la disociación en el tiempo de los mandatos de la Fiscalía General y del Gobierno, "teniendo en cuenta los estándares europeos", si bien ha reconocido "avances" en el refuerzo del Ministerio Público.

Aunque afirma ver "algunos avances" en el fortalecimiento de la Fiscalía gracias a la reforma pactada del Estatuto del Ministerio Fiscal –cuyo objetivo es evitar que sea propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero, alcalde o parlamentario–, el Ejecutivo comunitario no considera suficientes estos pasos y recomienda continuar con los esfuerzos.

"En mayo de 2022 se aprobó el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal y en septiembre de 2022 se aprobó una ley que establecía que, seis meses después de su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia regularía las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno. Sin embargo, no se han tomado más medidas y no se ha cumplido la obligación de actuar en un plazo de seis meses", apunta el documento. Asimismo, recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción "subrayó la necesidad de aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa del Ministerio Fiscal".

Fruto del acuerdo entre PSOE y PP también surgió la renovación del CGPJ, un paso que la Comisión Europea ha celebrado como un "gran progreso" logrado en España. El informe de 2024 considera que "se han logrado avances significativos con respecto a la recomendación formulada en años anteriores" tras el acuerdo y "poner en marcha, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el sistema de nombramiento de sus jueces-miembros".

Ahora recomienda que se proceda a "finalizar la renovación" del CGPJ y siga adelante el proceso iniciado para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos de la judicatura. "La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial ha lastrado la labor del Tribunal Supremo y perjudicado al sistema judicial en su conjunto; se espera que lo acordado el 25 de junio de 2024, si se aplica rigurosamente, mejore la situación", recuerda.

Evita valorar la ley de amnistía

Por otro lado, hace referencia a la ley de amnistía, que ha sido "objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas en torno a su proceso de adopción y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas, así como una extensa correspondencia dirigida a la Comisión Europea".

Explica que la Comisión "se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía, que está analizando", si bien recuerda el dictamen adoptado por la Comisión de Venecia sobre el entonces proyecto de ley de amnistía.

Así, afirma necesitar "más tiempo" para concluir su análisis sobre la ley, por lo que no ha llegado aún a ninguna conclusión que le permita dirimir si la norma es compatible con el Derecho comunitario. "Seguimos analizando, necesitaremos más tiempo y no puedo dar ningún detalle, no tenemos ningún plazo (para concluir el examen)", ha indicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourová, en una rueda de prensa.

La vicepresidenta también ha querido dejar claro que sus servicios no sopesan expedientar a España por el momento, ya que los procedimientos comunitarios prevén varias fases y tal decisión no se podría tomar hasta después de concluir el dictamen que aún no ha sido finalizado. "Las especulaciones sobre que preparamos un procedimiento de infracción son simples especulaciones", ha zanjado, para después recordar que "siempre se sigue el mismo proceso.

Otro de los deberes que pone Bruselas a España es que proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio, y que "intensifique" los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel, "en particular mediante la finalización de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal". 

Por último, la Comisión pide a España que refuerce el acceso a la información, un ámbito en el que "no se ha mejorado de manera significativa", y reclama la revisión de la ley de secretos oficiales, a la luz de los estándares europeos sobre el acceso a los documentos oficiales.