Los nuevos pisos turísticos necesitarán la autorización de tres quintas partes de los vecinos, según Economía

• El PSOE presenta este miércoles una enmienda para modificar la Ley de Propiedad Horizontal
• Las viviendas turísticas que quieran establecerse en un bloque de vecinos tendrán que tener antes el visto bueno de la junta

Un piso turístico en Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado este miércoles que "en el Gobierno estamos trabajando para presentar una enmienda que cambie la Ley de Propiedad Horizontal y que empodere a los vecinos de los bloques donde se esté promoviendo la instalación de pisos turísticos". "Lo que queremos es que sea necesaria la autorización de los vecinos, con una mayoría de tres quintos para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", ha indicado el ministro en una entrevista de RNE.

Asimismo, ha recalcado que, ante la proliferación de las viviendas de estos alojamientos, se pueden tomar medidas dentro de un marco de competencias compartidas, es decir, actuaciones no solo por parte del Estado, sino también de otros actores, tanto comunidades como ayuntamientos.

El Gobierno mantiene su senda para poner freno a los pisos turísticos. Este miércoles, el PSOE presenta una enmienda en el Congreso para modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que todas las viviendas turísticas que quieran establecerse en una comunidad de vecinos tengan que tener previamente el visto bueno de la junta de vecinos, concretamente una mayoría de tres quintas partes de los propietarios.

De este modo, el Ejecutivo pretende dar más poder a las comunidades de vecinos y que puedan decidir con antelación si quieren que se instalen pisos turísticos o no en sus bloques de viviendas. Además, esta iniciativa ya fue avanzada a comienzos de julio por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha pedido la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, ya que la proliferación de estos alojamientos turísticos colisiona, a su juicio, con el derecho a una vivienda digna, ya que eleva el precio de los alquileres y limita la oferta de alquiler residencial.

Poder vetar estos alojamientos antes de que inicien su actividad

Hasta ahora, la ley permitía que un propietario ponga su domicilio en régimen de alquiler turístico y que, después de producirse quejas por parte del resto de arrendadores, fuera la propia junta de vecinos la que pudiera retirar o no ese piso turístico por una mayoría de tres quintas partes. Con la enmienda del Gobierno lo que se pretende que puedan actuar antes, que los vecinos puedan vetar previamente la instalación de estas viviendas de uso turístico si así lo votan tres quintas partes de los propietarios.

El incremento de los pisos turísticos es uno de los principales asuntos en materia de vivienda en España, tanto por su relación con el alza de los precios del alquiler —sobre todo en zonas 'tensionadas' de grandes ciudades—, como por las molestias que pueden generar en la rutina de los vecinos que residen en los bloques, algo que denuncian numerosas asociaciones vecinales a lo largo del país.

Las Mañanas de RNE - ¿Cómo están cambiando los pisos turísticos la vida de los barrios? - Escuchar ahora

Evolución de la norma

En la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, publicada a finales de 2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya se exponía esta idea, pero no se mencionaba de forma expresa que los vecinos pudieran vetar con antelación la instalación de estos pisos turísticos, es decir, previamente a iniciar su actividad.

"El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación", indica el texto del BOE en el punto 12 del artículo 17 de esta ley.

La norma hasta ahora vigente señala que esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo para establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.

El mencionado artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos —cuya última modificación fue en 2019— excluía de su aplicación "la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística", como indica el BOE.

Medidas de los gobiernos autonómicos

En este escenario, los gobiernos de algunas grandes —y turísticas— ciudades españolas han dado algunos pasos en esta materia. Barcelona ha planteado eliminar todos los pisos turísticos en cinco años, mientras que Valencia también anunció en mayo que suspenderá durante un año las licencias de este tipo de alojamientos, sin cerrar la posibilidad de poder prorrogarlo otro año más.

Por su parte, Madrid anunció en abril que suspende el otorgamiento de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad. En Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla comunicó en marzo que no otorgará más licencias en los 11 barrios más saturados del centro histórico.

A nivel nacional, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya avanzó a comienzos de julio que el Ejecutivo buscaba poner en marcha el registro único de vivienda temporal antes del final de 2025 y entonces también habló de "clarificar la ley" para "empoderar" a los vecinos y que estos puedan "autorizar o vetar la presencia de estas actividades económicas [pisos turísticos] en sus fincas, porque son sus fincas, es su propiedad, es su vida".