El Supremo lleva por primera vez al Constitucional la ley de amnistía por "vulnerar el derecho a la igualdad"

• Lo hace en el marco del recurso de un condenado por desórdenes públicos en Girona tras la sentencia del 'procés'
• El Tribunal habla de un "intento, felizmente fallido, de golpe de Estado" protagonizado por "las fuerzas políticas secesionistas"

Es la primera vez que el TS lleva la ley de amnistía al TC. AGENCIAS

El Tribunal Supremo considera que la ley de amnistía vulnera una serie de derechos protegidos en la Constitución, entre ellos el de igualdad, y por eso ha acordado plantear una cuestión de inconstitucionalidad centrada en los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Con esta decisión, la Sala de lo Penal lleva por primera vez la medida de gracia ante el Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si es acorde a la Carta Magna. 

Lo hace en un contundente auto, al que ha tenido acceso RTVE y dictado en el marco del recurso de un condenado por desórdenes públicos ocurridos en Girona tras la sentencia del 'procés', en el que indica que "la norma cuestionada repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley" y ve "arbitrarias las razones" aducidas para justificar "el tratamiento claramente discriminatorio" que la ley impone. 

El Alto Tribunal recoge que si resulta preciso “devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política”, es debido a que "los golpistas trataron de imponer a los demócratas", en Cataluña y en el resto de España sus "propias ideas y las consecuencias de las mismas, ignorando el ordenamiento constitucional y sin apelación alguna al diálogo, la negociación y los acuerdos democráticos".

En la exposición de sus argumentos, alega que "resulta fácil comprender que la mera condonación de sus delitos en nada podría contribuir, por sí misma, a la normalización o a la convivencia democrática que solo su pertinaz conducta trató y trata de impedir".

Habla de un "intento de golpe de Estado"

La Sala habla de un "intento, felizmente fallido, de golpe de Estado que las fuerzas políticas secesionistas protagonizaron" en el que se cometieron delitos de muy distinta naturaleza, "que ahora vendrían a ser amnistiados con el anunciado propósito de recuperar la convivencia democrática". 

Así, considera "razonable" pensar que esa convivencia pueda ser recuperada si los "golpistas" "se avienen a respetar" sus reglas básicas; no es exigible que renuncien a sus ideales ni que pidan perdón, "aunque se agradeciera", sino que "es suficiente" y "necesario" con que "dejen de lanzar adoquines", dice en referencia a los desórdenes públicos que centran su auto. Y aunque indica que es tarea del legislador valorar si es oportuno perdonar a los "golpistas" tras comprometerse a respetar la Constitución, afirma con contundencia que "nada hay de esto en la ley de amnistía".

Además, los magistrados hacen referencia al caso concreto y afean que se pretenda amnistiar a los dos condenados por lanzar piedras y adoquines contra la sede de los Juzgados de Girona porque lo hicieron en el marco de una protesta en apoyo al 'procés'. "Si sus motivaciones hubieran sido diferentes (por ejemplo, en favor de la libre determinación de la República saharaui; contra los desahucios; o a favor, o en contra, de la inmigración ilegal) deberían cumplir sus penas", señalan. 

En este sentido, critican que su mera opinión "política" les haga "acreedores de la amnistía" y sostienen que ello vulneraría el derecho de igualdad. 

Al hilo, insiste en que si se avala la constitucionalidad de la ley de amnistía, solo serán castigados por este tipo de conductas quienes "no dispongan a su favor de la fuerza política necesaria" que redacte una próxima ley de amnistía.

"La aplicación de la ley penal solo será entonces segura para los 'tontos'. Y para los pobres", sostiene el Supremo, que en otro punto del documento se pregunta qué "justifica" que la amnistía no sea "extensible a otros delincuentes que actuaran animados por propósitos distintos, e incluso opuestos". 

La ley de amnistía "condicionaba" el apoyo a la investidura

Por otro lado, la Sala sostiene que el acuerdo político alcanzado entre los partidos que constituyeron la mayoría necesaria para aprobar la ley de amnistía "condicionaba" el apoyo a la investidura del presidente Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio.

"Dicho acuerdo (imposición política), y en definitiva el vínculo inseparable entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, lejos de desmentirse, ha sido proclamado con orgullo por significados miembros de unas y otras fuerzas políticas en diferentes sedes, también en la parlamentaria. Y es evidente que el voto afirmativo de las formaciones políticas directamente beneficiadas por esta ley de amnistía resultó imprescindible para obtener su aprobación", afirman. 

En el auto consideran que dicho acuerdo no impide "necesariamente" que la finalidad de la ley resulte ser realmente la que su preámbulo afirma: "La consecución de un ambiente de convivencia pacífica y ordenada, sin demérito alguno evidentemente del debate ideológico consustancial a cualquier idea de democracia". "El distinto tratamiento normativo que la ley de amnistía establece estaría justificado así en una causa existente", agregan.

Los magistrados recuerdan también que "los golpistas amnistiados" han asegurado, "en lo que ya es un eslogan, que 'lo volverán hacer'". Así las cosas, insisten en que la amnistía vulnera la seguridad jurídica; es decir, la expectativa de los ciudadanos de que se aplicará el Derecho. 

El Tribunal incide en que "quienes participaban de los propósitos golpistas y apoyaban el movimiento de secesión emprendido" ya eran "desafectos a las instituciones democráticas españolas". Y afea que la ley de amnistía trate de "corregir esa desafección" perdonando sus conductas delictivas "sin necesidad siquiera de que sus protagonistas se comprometan con los demócratas a respetar en lo sucesivo el marco constitucional". 

El auto ha sido firmado por los jueces Manuel Marchena Gómez –quien fue presidente del tribunal del 'procés'–, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral García –ambos formaron parte también del tribunal de la causa–, Carmen Lamela Díaz y Leopoldo Puente Segura.

Vox pide "desalojar" al Gobierno

El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, de "elevar a rango de ley" la desigualdad entre españoles, en alusión a la ley de amnistía, y ha pedido "desalojar" al Gobierno. 

Para Garriga, fue "el separatismo el que hace décadas empezó vulnerando la igualdad". En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha añadido que la desigualdad fue "institucionalizada por los diversos gobiernos del PP y PSOE y, finalmente, Sánchez la ha elevado a rango de ley". "Hay que desalojarlos del poder", ha zanjado.