El Parlament de Cataluña aprueba la reforma del reglamento que garantiza el voto telemático y el delegado
- Este cambio permitirá a Carles Puigdemont y Lluís Puig, aún pendientes de la amnistía, votar desde el extranjero
- El PP llevará la reforma al Constitucional porque "está hecha a medida de unos determinados intereses políticos"
El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves de manera definitiva la reforma del reglamento de la Cámara para ampliar los supuestos de delegación de voto y el voto telemático, de modo que el expresidente catalán Carles Puigdemont y Lluís Puig, aún pendientes de la aplicación de la amnistía, puedan votar desde el extranjero.
La reforma, avalada por PSC, Junts, ERC, los 'comunes' y la CUP, también equipara el método de conformación de grupos parlamentarios al existente en el Congreso de los Diputados y conlleva que las declaraciones institucionales puedan salir adelante solo mediante una mayoría cualificada de dos tercios y no por unanimidad, como era hasta ahora. En contra han votado Partido Popular y Vox, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido.
El cambio en el reglamento beneficia a Puigdemont y a Puig porque amplía los supuestos de delegación de voto e incorpora el voto telemático. El texto incluye también una disposición transitoria que vincula esta opción a la ley de amnistía, ya aprobada y en curso pero, al menos por el momento, no efectiva en casos como los de Puigdemont y Puig.
PSC, Junts, ERC, los 'comunes' y la CUP impulsaron este texto después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera el recurso del PP contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de aceptar el voto delegado de estos dos diputados, lo que permitió elegir a los miembros de la Mesa y constituir la cámara catalana.
Los partidos impulsores defienden la reforma
En el pleno de este jueves, el diputado socialista Ferran Pedret ha defendido que la reforma no tiene "ni un tachón de inconstitucionalidad" y ha dicho que su partido forma parte de "la amplísima mayoría de Cataluña que quiere que las cosas vayan a mejor", en contraposición, según él, al PP y a Vox.
Por parte de Junts, Jeannine Abella ha acusado a estas dos formaciones de "allanar el camino en Madrid", donde se han acometido modificaciones similares, y "enmendar a la totalidad en Cataluña".
La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ha dicho que con esta reforma se pone fin a una "anomalía" que tiene lugar desde 2017, ello usando "mecanismos que ya existen en otras cámaras parlamentarias" y pese a "la voluntad de entorpecer de la extrema derecha".
Por su parte, Susanna Segovia, de los 'comunes', ha llamado a seguir ampliando derechos en la Cámara, como por ejemplo para hacer obligatoria la paridad de género en la Mesa del Parlament. La diputada de la CUP Laure Vega ha reivindicado la reforma porque "cuando una norma no es justa se debe cambiar y no obviar los problemas que genera".
Mientras, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha criticado a las otras formaciones independentistas por aceptar un "copia y pega" de lo ya existente en el reglamento del Congreso, lo que para ella significa "descatalanizar" el Parlament.
El PPC anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional
Por parte del PPC ha tomado la palabra su portavoz parlamentario, Juan Fernández, que ha anunciado que llevarán la reforma al Tribunal Constitucional, ya que, a ojo de los 'populares', esta "está hecha a medida de unos determinados intereses políticos y particulares".
El PPC ya llevó el texto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que avaló la constitucionalidad de la reforma, lo que ha llevado al socialista Pedret a decirle a Fernández que "ya fue a por lana y salió trasquilado".
Fernández y el portavoz de Vox, Juan Garriga, se han referido a Puigdemont y a Puig como "fugados", lo que ha hecho que el presidente del Parlament, Josep Rull, les interrumpiera para indicar que "esta expresión no es adecuada".
Junts no lograr suprimir el artículo 25.4
Por otro lado, Junts ha planteado en solitario suprimir el artículo 25.4 del reglamento, que permitió la suspensión como diputada de Laura Borràs en 2022 tras la apertura de juicio oral por corrupción, lo que ha sido rechazado por el resto de grupos. Abella ha defendido que el redactado de este artículo es "más que mejorable, vista la utilización política que se ha hecho".
Este artículo fue introducido en la reforma del reglamento que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en 2017, en vísperas del referéndum unilateral del 1 de octubre. El mismo establece que la Mesa "debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata" si a un diputado le abren juicio oral por corrupción.
El pleno del Parlamento sí que ha avalado la designación de los ocho senadores autonómicos propuestos por el PSC, Junts, ERC y el PP: Antoni Poveda, Núria Marín, Alfons García (PSC-Units), Teresa Pallarès, Eduard Pujol, Francesc Ten (Junts), Laura Castel (ERC) y Lorena Roldán (PP).