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Las criptomonedas, alivio económico que "abrió las puertas de una mayor corrupción" en Venezuela

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El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro (d), junto al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami (i), durante un acto de gobierno
El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro (d), junto al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami (i), durante un acto de gobierno EFE

Varias instituciones del Gobierno de Venezuela han dado el paso de desmantelar todas las granjas de criptomonedas a causa de la ingente cantidad de energía eléctrica que requieren para funcionar. Esta medida llega también después de la revelación de la red global de contrabando petrolero y las estafas con criptoactivos dentro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A pesar de que ha habido más de 60 detenciones, el Gobierno apenas ha hecho referencia al asunto. Los arrestos son una de las consecuencias del caso conocido como PDVSA-Cripto, por el que se investiga desde marzo del 2023 una vasta red de corrupción en la compañía estatal y otros organismos del Ejecutivo y que salpica a personas involucradas con el Poder Judicial y las alcaldías del país. 

De estas, la más llamativa es la del exministro del Petróleo y exvicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, que además ejerció como ministro de Justicia de Hugo Chávez.

Después de que El Aissami dimitiera de sus cargos en marzo del 2023, pasó más de un año sin que se le viera en público y sin que fuentes oficiales revelaran datos sobre su situación ni su ubicación. Reapareció esposado y custodiado por funcionarios de seguridad en una foto que difundió este pasado abril el fiscal general, Tarek William Saab.

Según el Ministerio Público, El Aissami dirigía una “mafia” para “hacer fracasar las políticas económicas” del chavismo desviando el dinero de los cargamentos de petróleo, y será imputado por los cargos de traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, valimiento de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Una trama "oficial"

Gracias a la rapidez con la que se pueden realizar transacciones de grandes cantidades de dinero y las dificultades prácticas para rastrearlas, los criptoactivos han tenido un rol esencial de lavado de dinero. La primera exploración del Gobierno venezolano en esta "tierra de nadie" fue en el 2018, con el lanzamiento del petro, una criptomoneda que supuestamente estaría atada al precio del barril de petróleo, lo cual nunca se demostró.

"A efectos prácticos, el petro es el amigo imaginario del Banco Central", ironiza Giorgio Cunto, economista y científico de datos, y comenta que nunca se consolidó un mercado para su transacción, en parte por lo cuestionable de la supuesta vinculación con el valor de las sociedades petroleras, que daba paso a la arbitrariedad. "Terminó siendo una unidad de cuenta dentro del manejo financiero del Ejecutivo, que es una forma de dolarizar, pero con pasos extra", aclara.

El petro salió de circulación tan solo seis años después de arrancar. En ese periodo, hubo plataformas online para convertir esa divisa en bolívares y dólares (algunas de las cuales cobraban comisiones de hasta un 15% de cada transacción), para recibir ayudas sociales e, incluso, de envíos internacionales de remesas.

Entre los escándalos relacionados con esta criptodivisa, uno de ellos fue la confiscación masiva de ordenadores usados para "minar" criptomonedas, dada su gigantesca actividad eléctrica, y ponerlas al servicio del Estado, ahora bajo la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (SUNACRIP).

Esta llegaría a importar ordenadores chinos para acumularlos con los incautados y crear granjas de ordenadores de tal magnitud que tendrían una responsabilidad parcial en los apagones de luz que tantos problemas generarían en hogares, negocios, universidades y hospitales, como lo confirmó el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Manuel Christopher Figuera, en una entrevista en el 2019 con el medio KonZapata.

La Ley Antibloqueo, decretada en octubre de 2020, supuso un impulso masivo a estas operaciones al permitir la venta de crudo a cambio de criptomonedas y la reducción de los mecanismos de control financiero de PDVSA al “autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas”. Así, los proveedores y clientes tendrían que abrir cuentas en las wallets (monederos) de criptomonedas, unas plataformas descentralizadas para que los usuarios las intercambien.

Pero estas estructuras se derrumbarían al destaparse el caso PDVSA-Cripto, cuando se reveló que trabajadores de SUNACRIP habían ayudado a desfalcar hasta 20 mil millones de dólares (más de 18 mil millones y medio de euros). Más de cien empresas fantasma en Estados Unidos, Colombia, los Emiratos Árabes y Hong Kong, entre otros, muchas sin antecedentes en el comercio de petróleo, habían usado criptomonedas para lavar los fondos de lo que la Fiscalía general definió como "operaciones petroleras ilegales", paralelas a PDVSA y sin que esta recibiera el pago por millones de barriles de petróleo venezolano. 

"Un experimento fallido"

Kristofer Doucette, experto en seguridad nacional de la firma de análisis de criptoactivos Chainalysis, se ha dedicado a examinar el registro digital de operaciones con criptodivisas, llamado blockchain, de los movimientos atribuidos desde el 2018 a personas asociadas a PDVSA y al Gobierno para entender mejor las entidades responsables de las transacciones y, si fuera necesario, pasar la información a las autoridades competentes.

"Obviamente, fue un experimento fallido, porque lo que pasó fue que abrió la puerta a una mayor corrupción, lo que llevó al cierre [de SUNACRIP] en el 2023", señala, destacando el interés de gobiernos como los de Rusia, Irán y China, aliados del venezolano, en encontrar nuevas vías de mover dinero fuera del sistema financiero tradicional y evadir sanciones, con la aplicación de criptomonedas como una de sus últimas intervenciones. "Y este fracaso no significa que no vayan a continuar poniendo a prueba los límites", añade.

Doucette no se atreve a predecir las futuras acciones del régimen, pero subraya que "sus propias declaraciones te dicen lo que van a hacer". Ha declarado que "las instituciones financieras, reguladoras y gobiernos deben identificar los miles de millones de dólares que se han perdido a través de la corrupción, el narcotráfico y otras actividades criminales para recuperarlos y devolverlos a sus dueños legítimos".

Frente a la paradoja de una compañía estatalizada y con graves problemas de corrupción que abraza una tecnología diseñada para ser transparente y descentralizada, Doucette apunta que existían estructuras que sí dependían del Estado, como los programas y aplicaciones Petro y Remesas (que facilitaba el envío internacional de divisas) y la plataforma Patria, que abrió la posibilidad de que los venezolanos pudieran comerciar con criptomonedas y además canjeaba con la más conocida de estas, el bitcoin.

Pero también destaca la utilidad de estas herramientas digitales para empoderar a los ciudadanos e innovar para poner en movimiento la economía y hasta aliviar la crisis humanitaria en Venezuela, gracias a la aceleración de los pagos transfronterizos a través de remesas enviadas en criptomonedas e iniciativas como el programa Health Heroes, una campaña dedicada a la repartición de insumos médicos y de fondos monetarios a profesionales sanitarios.

* Virgilio González es alumno del máster de Reporterismo Internacional RTVE/in y UAH y este reportaje ha sido realizado bajo la supervisión del editor de portada Daniel Rivas Pacheco.