Operaciones en negro y sospechas de corrupción: las sanciones complican a Venezuela la venta de su petróleo
- La exclusión del mercado norteamericano ha llevado al contrabando de petróleo venezolano a países asiáticos
- Algunos expertos apuntan a que las estrategias para distribuir sin permiso el crudo pueden darse de nuevo
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A mediados de abril, Estados Unidos reactivó las sanciones contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esa decisión excluye a este producto venezolano de los mercados norteamericano y europeo. Y, en consecuencia, ha llevado a Venezuela a buscar otras fuentes de ingresos. Desde esa fecha, las exportaciones de crudo han caído al menos un 28%.
Un riesgo inherente a este movimiento, según varios expertos, es que la administración venezolana recaiga en medidas opacas y corruptas para distribuir el petróleo entre nuevos clientes.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha jactado de que la República "no necesita licencia para crecer y desarrollarse", en referencia a la venta de combustible. Sin embargo, el miembro de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela Pedro Palma asegura que la suspensión de la Licencia General 44 (el documento de EE.UU. que autoriza las transacciones de gas o petróleo en Venezuela) hará que "vuelvan a acudir a sus mercados tradicionales en Asia, como China e India". "Sin duda se volverán a hacer trasbordos de petróleo en alta mar, producto de corruptelas y de la intención de burlar las sanciones", añade.
Para compensar la enorme disminución en ingresos, la estrategia del Gobierno venezolano pasaba por el trato con empresas comercializadoras que facilitan la venta de crudo venezolano en mercados asiáticos, el intercambio de petróleo por comida y el uso de empresas fantasmas y criptoactivos, avalados en varias instancias por la Ley Antibloqueo. Hasta ahora, dichas prácticas opacas, en el mercado de hidrocarburos, han desencadenado la pérdida de miles de millones de dólares: la omisión en los mecanismos de control y prepago se concretaron en el envío de innumerables barcos de petróleo sin que quedase registro de pago por su venta.
Hay estimaciones de agencias y medios como Armando.info, Bloomberg y Transparencia Venezuela que citan la pérdida económica entre 8.000 y 20.000 millones de dólares. El pico de ventas de hidrocarburos se fijó en marzo en 873.500 barriles diarios, según información recopilada por la firma LSEG. El promedio bajó a 545.000 barriles diarios en abril y 708.900 en mayo.
Según Transparencia Venezuela, el contrabando de combustibles llegó a representar ingresos de 1.900 millones de dólares (más de 1.740 millones de euros) al año en el 2021. Las autoridades han detenido a 25 personas, entre ellas dos exalcaldes, dos fiscales del Ministerio Público, dos miembros del Ejército, uno de la Guardia Nacional Bolivariana y un funcionario policial.
Es una circunstancia que, según el experto, agrava la corrupción en el sector petrolero venezolano porque el Estado apenas reconoce esta circunstancia, a pesar de la revelación del caso PDVSA-Cripto y la detención del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami.
Dependencia internacional
El petróleo de Venezuela se ha transportado para refinarlo en muchas ocasiones a países como Malasia y Singapur, ya que el país ha dejado de hacerlo debido a la pérdida de la capacidad operativa de la mayoría de sus propias refinerías. Posteriormente, sus principales compradores han sido aliados del país como China y Rusia.
Además, los buques han ocultado sus viajes apagando o dañando sus transmisores, programando mal sus direcciones y falseando sus identificadores, como explica el economista Giorgio Cunto. En sus palabras, el Ejecutivo "sigue en gran medida el manual de Irán", que también enfrenta sanciones de EE.UU. y "ha sido un socio fundamental en lo que se refiere a la provisión tanto de diluyentes como gasolina, y también asistencia técnica para la provisión de combustible en Venezuela", donde escasea.
Esta dependencia transfronteriza se debe a las "condiciones paupérrimas" en las que opera la industria, como las califica Jesús Palacios Chacín, economista sénior en Ecoanalítica. Palacios apunta que la parte financiera de cobros y de comercialización y la operativa local, "están muy desmanteladas". "Hará falta realmente mucho dinero, mucha inversión y tiempo para que pueda volver a niveles decentes para operar en el mercado y recuperar de forma importante la producción, que hoy sigue siendo apenas un poco más del 20% de lo que era hace unos diez años, cuando llegaba a estar cerca de los tres millones de barriles al día", lamenta.
Pero la invasión rusa de Ucrania supuso una desaceleración de esta dinámica. Las sanciones al gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, limitaban de forma parecida su acceso a los mercados estadounidenses. "Rusia pasó a ser un competidor de Venezuela en Asia", explica Cunto, que añade que las operaciones en conjunto nunca se detuvieron por completo. Más bien, una gran cantidad de los pagos hechos por estas operaciones pasaban por el sistema financiero ruso.
Licencias particulares
A pesar de las sanciones contra la empresa PDVSA, algunas petroleras extranjeras pueden realizar trabajos en Venezuela de acuerdo con las licencias emitidas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, una institución de EE.UU.), que se seguirán aplicando mientras no beneficien directamente al gobierno de Maduro. Un ejemplo de esto es la licencia 8N.
El ejemplo más llamativo es el de la estadounidense Chevron, que se quedó en Venezuela para encargarse de operaciones locales y de los costes de mantenimiento de las plataformas petroleras.
Repsol y Eni, multinacionales de España e Italia, respectivamente, también obtuvieron autorizaciones de EE.UU. para trasladar petróleo a Europa con la condición de que las ganancias se dirigieran a reducir las deudas en las que hubiera incurrido Venezuela. La francesa Maurel & Prom podrá seguir comercializando petróleo venezolano para cobrar una deuda pendiente de 914 millones de dólares (unos 846,6 millones de euros).
Estas operaciones funcionan bajo el esquema de empresas mixtas en las que PDVSA es el accionista mayoritario, ya que no puede depender de su propia infraestructura gracias a las deficiencias en su gestión y mantenimiento. Las empresas extranjeras deben maniobrar para atenerse a lo que les dicta EE.UU., que establece que no puede pagar dividendos ni impuestos al Estado venezolano. Palma señala que estas reducen las deudas pendientes con las ganancias generadas, aunque terminen aliviando, de una forma u otra, la presión sobre PDVSA.
"Chevron necesitaba bolívares para cubrir los costos de su operación en Venezuela; no podía venderlos al Banco Central, que estaba sancionado, pero sí a la banca privada", explica. "Pero también debe pagarle a la empresa mixta lo que esta debía en impuestos al Gobierno venezolano, entonces este se beneficiaba de la operación porque Chevron tenía que pagar el petróleo que le daba la empresa mixta y esta a su vez tenía que pagar impuestos a la Administración, aunque no lo hiciera Chevron".
De esta manera, si bien el objetivo de las sanciones es, en palabras del economista, "crear una condición difícil al Gobierno para forzarlo a respetar los acuerdos de Barbados y [generar] una situación democrática y aceptable", las licencias a petroleras internacionales en el contexto de la invasión rusa en Ucrania demuestran la disposición de suavizarlas para favorecer su propia economía.
Presión para unas elecciones justas
El acuerdo de Barbados entre el Gobierno y la oposición venezolana para las garantías electorales trajo también consigo, seis meses después de firmarse, la opción de operar con compañías de Estados Unidos, su mercado principal antes de las sanciones directas a la empresa estatal PDVSA en 2019. Venezuela lo hizo con el compromiso de respetar la elección del candidato de la oposición a las elecciones presidenciales del 28 de julio, representada por el diplomático y profesor Edmundo González Urrutia.
Sin embargo, el Gobierno de Maduro confirmó en enero la inhabilitación electoral a la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, y el Consejo Nacional Electoral obstaculizó la inscripción como candidata presidencial a su sustituta, Corina Yoris. Posteriormente, se ha detenido a varios dirigentes del equipo de la líder opositora, así como activistas y periodistas, algunos de los cuales continúan presos o en paradero desconocido.
En respuesta, Estados Unidos restauró las sanciones a la industria petrolera. Estas se sumaron a las impuestas por los nexos con el narcotráfico y el terrorismo, la violación de derechos humanos y represión contra la disidencia, que estaban destinadas a miembros individuales del Gobierno e instituciones oficiales.
La compañía estatal ofrecía numerosos descuentos en la venta de petróleo para poder competir con los proveedores asiáticos, ya fuera por los viajes más largos, la opacidad de su registro de cuentas y pagos o la calidad del mismo petróleo, más pesado que el que se comercia en la región.
Los depósitos en efectivo y las transferencias bancarias internacionales en un centenar de empresas fantasma a ambos lados del Atlántico fueron clave para el contrabando. Lo demuestra una sentencia judicial en el 2022 de la Corte del distrito este de Nueva York que condenó a tres ciudadanos rusos y a dos venezolanos por fraude bancario, con cargos adicionales por intentar robar información sobre tecnología militar estadounidense.
Palma aclara que la presión a las compañías públicas ha llevado a más compañías extranjeras, especialmente en Europa, a evitar las transacciones con el país por temor a que Estados Unidos las excluya de su mercado, dañando aún más el tejido productivo y también a las empresas privadas, incluso las que no trabajan con productos petroleros.
"Lo que dicen las autoridades norteamericanas es que Estados Unidos sigue abierto a liberar las sanciones si el gobierno venezolano permite que se realicen las elecciones", apunta. "Pero esas sanciones tienen que ser más selectivas o por lo menos permitir que las empresas internacionales puedan realizar operaciones con compañías venezolanas, agilizando las fuentes de información para que sepan si pueden hacer negocios con determinadas empresas e instituciones o no, si saben si estas están encubriendo acuerdos con el sector público".
Por eso, Cunto afirma que "las sanciones ocupan un espacio sobredimensionado en la opinión pública como la variable determinante en el desempeño de la economía venezolana". "No es que tengan un efecto trivial, pero creo que se les da demasiado peso cuando lo que hacían era recortar los ingresos que recibía el Ejecutivo por concepto de venta de petróleo".
Como explica Cunto, "todo termina pasando factura, incluso cuando el Ejecutivo tiene un poco más de recursos". "PDVSA viene arrastrando una severa cantidad de problemas operativos en lo que se refiere a la degradación o la depreciación de su capital físico, el agotamiento de su capital financiero, la migración de su capital humano y una gigantesca cantidad de deuda, más todos los procesos arbitrales por su cobro y las dificultades relacionadas con la disponibilidad de servicios públicos, y de la plantilla de mantenimiento". Son problemas graves de infraestructura que aparecen antes de las sanciones, y cuyo levantamiento no solucionará.
* Virgilio González es alumno del máster de Reporterismo Internacional RTVE/in y UAH y este reportaje ha sido realizado bajo la supervisión del editor de portada de RTVE Noticias, Daniel Rivas Pacheco.
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