Canarias planea conseguir en agosto un decreto ley para la acogida de menores

• El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no ve "previsible" que se apruebe el decreto este martes
• Clavijo ha precisado la urgencia de un decreto ley que permita derivar menores de forma inmediata

El presidente canario, Fernando Clavijo, se reúne con varias organizaciones EFE/Daniel González

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que, como "no parece previsible" que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto ley que reforme la Ley de Extranjería para establecer una acogida vinculante de menores entre las comunidades, trabajará durante el mes de agosto para conseguirlo.

"La idea es poder trabajar, reunirnos en agosto, llegar a ese punto de encuentro y, si a finales de agosto hay un Consejo de Ministros, pues fantástico, y, si se da la circunstancia de uno extraordinario, pues mejor", ha explicado el presidente autonómico tras su reunión en Madrid con entidades sociales para abordar este asunto.

Según ha expresado, hay "espacio" y "tiempo" para alcanzar una solución en este sentido antes del último cuatrimestre del año, momento en que, según todas las previsiones, se espera un repunte de llegadas de migrantes a las costas canarias. 

"A mí me consta la predisposición, ahora ya sí, por fin, de sentarnos. O sea, tú no puedes mantener una negociación de un tema de tanta importancia por WhatsApp, tienes que sentarte, tienes que tener un ordenador y tienes que ir buscando los puntos de encuentro", ha señalado Clavijo sobre las negociaciones entre el Ejecutivo central y el PP.

"Canarias necesita un decreto ley"

El presidente ha precisado que debido a la urgencia y gravedad de la situación, lo que Canarias necesita es un decreto ley que permita empezar a derivar a menores de forma inmediata, pero para esto es fundamental el compromiso del PP, dado que tendría que ser convalidado 30 días después en el Congreso. 

Además, ha subrayado que esto no sería óbice para que, a partir de septiembre, se retome esta reforma en el Congreso en forma de proposición de ley, lo que permitiría un debate más "sosegado" y la incorporación de las enmiendas de los distintos grupos políticos. El presidente del Gobierno de Canarias ha expresado en un mensaje en la red social X su interés por seguir adelante con la propuesta en agosto, apelando al Estado para aprobar un decreto que "evitaría que Canarias cargue sola con el peso de este drama humanitario".

Dos puntos clave

Sobre la negociación, Clavijo ha señalado que los dos puntos claves tienen que ver con la financiación y con fijar un número mínimo de recursos que tienen que tener las comunidades autónomas para la acogida, extremo que parte del acuerdo alcanzado con las comunidades en la Conferencia Sectorial en 2022. 

Clavijo ha informado de que Canarias está evaluando su "capacidad real" de acogida para los menores y, en función de ello, tendrá que empezar a instalar carpas en los puertos: "Si llega, como nos llegaron en el mes de octubre, una media de 100 menores diarios, ¿Qué hacemos?", ha cuestionado.

El presidente autonómico también ha informado de que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo miércoles una contratación de emergencia para incorporar 22 personas que permitan a la comunidad "desatascar el caos" en el que está inmersa por su incapacidad para gestionar la atención a los más de 5.000 menores a su cargo. 

Clavijo ha mantenido este lunes una reunión con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Convive, Fundación CEPAIM y Accem para abordar esta crisis migratoria. 

Andrés Conde, el director de Save the Children, ha reconocido ante los medios que con el número de menores que maneja Canarias es "imposible" arbitrar infraestructuras de acogida, conseguir profesionales formados para la protección de esos menores o garantizarles itinerarios educativos y de integración social. Conde ha pedido "una solución política a nivel estatal" y compartida por las comunidades autónomas, de forma que la atención a los jóvenes sea "una responsabilidad compartida por todo el Estado".