Un nuevo modelo de financiación, ampliar El Prat o reforzar el uso del catalán: las claves del preacuerdo de ERC y PSC

• Entre otras medidas, se acuerda crear una Convención Nacional para la resolución del "conflicto político"
• ERC consultará este viernes a su militancia, cuya decisión será "vinculante"

Preacuerdo PSC-ERC para investir a Illa: la financiación, el punto clave y más delicado

El texto del preacuerdo entre ERC y PSC, al que ha tenido acceso RTVE.es, establece un nuevo modelo de financiación para Cataluña, en el que sea la Generalitat quien "gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos", al tiempo que aumente "sustancialmente" su capacidad normativa de forma coordinada con el Estado y la Unión Europea. 

La gestión de los impuestos recaería de principio a fin sobre la Agencia Tributaria de Cataluña (salvo impuestos locales), la cual aportaría posteriormente a las finanzas del Estado el monto correspondiente al coste de los servicios que presta en Cataluña y por la solidaridad con el resto de territorios. Lo primero, según el borrador, se calcularía a través de un porcentaje de participación en los tributos, lo segundo se establecería de manera "explícita" y "transparente". Esta solidaridad, no obstante, estaría limitada por el llamado principio de ordinalidad, esto es, "siempre" que el resto de comunidades autónomas "lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

"Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias", desarrolla más adelante, y destaca que "Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios".

Progresivo y en manos de la Agencia Tributaria de Cataluña

Para hacer esto posible, el preacuerdo marca como una "prioridad para el próximo Govern" el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña que, recuerdan, se creó en 2007, pero que necesitará el "traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos". 

La implementación del nuevo sistema singular y bilateral sería progresivo, empezando por el IRPF, "a lo largo del año 2026". Antes, en el primer semestre de 2025, una comisión entre Govern y Gobierno formalizaría acuerdo y, cuando se hayan hecho las "modificaciones legislativas necesarias" pasaría a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que llevaría a cabo las distintas reformas necesarias para crear un nuevo sistema. 

Mientras tanto, a lo largo de 2025, dichas comisiones desarrollarían propuestas en lo que respecta al IVA de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de los alquileres turísticos.

En la transición al nuevo modelo de financiación, se fijan, además, cinco acciones. 

1. Incrementar sustancialmente los recursos para "compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo". 
2. Aplicar el principio de ordinalidad según capacidad fiscal, antes descrito.
3. Explicitar cuánto aporta y recibe la autonomía, "de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida".
4. Calcular las necesidades de recursos de Cataluña teniendo cuenta sus competencias singulares y sus variables, como el aumento de la población en edad escolar o el envejecimiento.
5. Crear un consorcio paritario Estado-Generalitat para la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.

El preacuerdo justifica el nuevo sistema de financiación singular catalán en una "infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces a lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios". 

Esta "insuficiencia financiera crónica", señalan, "limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras" al tiempo que limita la "capacidad de crecimiento económico de Cataluña".

Ampliación de El Prat y nuevo modelo catalán de gestión aeroportuaria

El preacuerdo contempla también definir un nuevo modelo catalán de gestión aeroportuaria, que "transforme" el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con nuevas conexiones intercontinentales, e incorpore los "roles" de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y Lleida-Alguaire. 

Esto supone avanzar hacia un papel "determinante" del Govern en las decisiones estratégicas relativas a El Prat y que permita la conexión con la alta velocidad ferroviaria con Girona y Reus. Además, se explicita que se establecerá un máximo de emisiones anuales y que la ampliación del aeropuerto de Barcelona respetará la biodiversidad, la convivencia vecinal y las directivas ambientales europeas, con especial atención a la Red Natura 2000.

Finalmente, el preacuerdo implica crear un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña y una autoridad aeroportuaria catalana, que vehiculará sus intereses y centralizará las competencias propias.

Modificar la ley de Centros Recreativos Turísticos

También en materia económica, el acuerdo contempla el impulso de iniciativas empresariales en Tarragona y, sin mencionar explícitamente el proyecto de Hard Rock, prevé modificar la ley catalana de Centros Recreativos Turísticos (CRT) para elevar el impuesto impositivo del juego vinculado a los casinos hasta dejarlo como preveía la norma anterior.

Alude concretamente al Camp de Tarragona, que "necesita proyectos empresariales sostenibles y que aporten calidad en los puestos de trabajo", así como a "dar apoyo a los proyectos de descarbonización de la industria" en la zona.

Potenciar el uso del catalán

Con el objetivo de "potenciar el uso social de la lengua catalana" se crearía un Departamento dentro del Govern, que contará con un plan de políticas transversales, se aprobaría un Pacto Nacional por la Lengua —al que se le dotaría 200 millones de euros—, se garantizará el uso del catalán como lengua "normal" en todas las administraciones e instituciones, y como "vehicular" en el sistema educativo. 

"Al final de la etapa obligatoria, el sistema educativo debe garantizar la competencia oral y escrita plena en catalán y castellano, tanto en registros formales como en los informales", detalla el texto.

En todo caso, continúa el documento, la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza deberá estar "basada exclusivamente en los criterios pedagógicos" de cada centro y el Departamento de Educación "tomará las medidas necesarias" para garantizarlo.

Crear una Convención Nacional para resolver el "conflicto político"

Por otro lado, el documento aborda la "resolución del conflicto político" catalán, sobre el que señala que tiene "profundas raíces históricas". "La respuesta judicial al conflicto político —alejada del diálogo y la negociación— solo ha contribuido a agravar la tensión institucional y social", agregan las partes, que no obstante ponen en valor "el camino recorrido" recientemente con los indultos, la derogación del delito de sedición o la amnistía.

Así, con el fin de "devolver el conflicto al terreno de la política", plantean una "nueva etapa" que debe centrarse en dos premisas: "el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento"; y "la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía".

Basándose en todo lo anterior, se acuerda que durante el primer pleno del Parlament bajo el nuevo Govern se cree una Convención Nacional para la resolución del "conflicto político", que integrarían todos los partidos y que presidiría un miembro de ERC. Su función será promover un debate sobre cómo abordar la resolución del conflicto y realizar un seguimiento de la aplicación de la amnistía.

Continuidad en las políticas sociales: vivienda, sanidad y educación

ERC y PSC también han acordado continuar con algunas políticas sociales del Gobierno actual en diferentes materias, como la vivienda, donde se comprometen a poner en marcha un programa para fomentar la oferta de VPO, construyendo además 50.000 pisos nuevos en el período 2024-2030; a crear un programa que rehabilite viviendas e incremente el alquiler asequible e impulsar conjuntamente la regulación de los alquileres de las residencias de temporada y de uso turístico.  

En el sector de la educación, apuestan por continuar el trabajo iniciado para hacer universal y gratuita la educación de 0 a 3 años, con la implementación de la gratuidad en Infantil 1 en el curso 2025-2026. También pactan mantener el vale escolar dirigido a las familias con hijos que estén en primaria y en secundaria con una cantidad mínima de 70 euros por menor.

Asimismo, abordan el sector de la sanidad, comprometiéndose a "mantener y consolidar las mejoras laborales", tanto retributivas como organizativas, de los profesionales sanitarios y a mantener las inversiones hospitalarias que el Govern actual tenía previstas.

A todo esto, se suma la Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal, que se mantendrá, si bien no se concreta qué actuaciones debe llevar a cabo ni cómo asegurar su financiación.

Otras medidas sociales que incluye el pacto son: seguir con las inversiones en obras hidráulicas estructurales para la sequía, continuar con el traspaso de las primeras infraestructuras de Rodalies o mantener el Departamento de Políticas de Igualdad y Feministas y el programa de acceso universal a productos menstruales reutilizables para combatir la pobreza menstrual.

Reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas

Por último, ERC y el PSC también se comprometen a promover "la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y trabajo conjunto con las federaciones".

Para ello, crearían una oficina del Govern, adscrita al Consejo Nacional del Deporte, encargada de promover las selecciones deportivas catalanas y de ofrecer apoyo "activo y acompañamiento" a las federaciones.

Cabe recordar que el PSOE y el PNV pactaron que la ley del deporte permitiera la competición internacional de selecciones autonómicas en deportes arraigados, como pelota y surf, con el visto bueno de las federaciones internacionales y previo acuerdo del Consejo Superior de Deportes (CSD).

ERC preguntará este viernes a su militancia si está de acuerdo con votar a favor de la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, a cambio de las medidas pactadas. De este modo, cerca de 8.700 militantes decidirán si dan el 'sí' definitivo a través de una consulta telemática y presencial y cuyo resultado será "vinculante".