Realojan a 30 personas, entre ellas menores, tras desmantelar un poblado chabolista en Ibiza

• La concejala de Bienestar Social de Santa Eulària ha señalado el alojamiento como una "decisión muy temporal"
• El desalojo contó con más de 50 agentes de cuerpos de seguridad y se saldó con seis detenciones

Protesta de los desalojados del mayor asentamiento ilegal de Ibiza ante la falta de vivienda

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha realojado a cerca de 30 adultos y menores de un asentamiento chabolista en Ibiza. El emplazamiento ubicado en Can Rova fue previamente desmantelado en la mañana del pasado miércoles. Cerca de 400 personas habitaban el campamento en caravanas, furgonetas y tiendas de campaña.

En un comunicado, el consistorio ha informado en la medianoche del miércoles al jueves de que, tras el desalojo, “un grupo numeroso” de unas 30 personas entre los que se incluían menores de edad, ha aparecido de nuevo por la zona de Can Bufí, lugar donde se ubica el asentamiento. El consistorio ha activado de nuevo al equipo de los Servicios Sociales para “determinar la situación de vulnerabilidad y ver cómo se les podía ayudar”.

Finalmente, se ha coordinado con Cáritas el alojamiento de unas diez personas entre mujeres y niños en el Centro de Acogida Nazaret, de tres hombres adultos en el Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y de 20 personas adultas en el polideportivo del CEIP S’Olivera.

Una solución temporal

La concejala de Bienestar Social de Santa Eulària, Antonia Picó, ha añadido que este alojamiento es una solución “muy temporal, muy puntual dado que no es la forma más digna para que estén las personas” y que esta mañana las trabajadoras sociales “han estado a primera hora" para conocer el tipo de perfil de los realojados, “si son vulnerables, si están trabajando” con el objetivo de ayudarles de forma individual “porque cada familia es un perfil distinto”. 

Sobre los desalojados que durmieron en el gimnasio ha explicado: “Esta mañana la mayoría se ha levantado, se ha ido a trabajar y han quedado en volver otra vez aquí”. La edil ha añadido que harán una “búsqueda muy activa” junto a los afectados para ayudarles a encontrar alojamiento y se ha mostrado convencida que para esta noche “habrá gente que habrá buscado sus propios recursos”. 

Picó ha insistido en que este alojamiento temporal fue una decisión “de urgencia”: “Era lógico, no podías dejar a nadie durmiendo en la calle”, ha añadido. La concejala ha reiterado en que llevan trabajando desde hace semanas con 13 familias con menores que habitaban en Can Rova, informándoles sobre los recursos que tenían tras el desalojo.

También ha confirmado que una de las propuestas que se les ha hecho, igual que otras personas que recurren a los servicios sociales, es “ayudarles” con los billetes y el traslado de sus enseres si se plantean volver a sus lugares de origen.

Un desalojo a la fuerza

En la tarde del pasado miércoles, el Ayuntamiento de Santa Eulària había informado de que solo 2 de las 13 familias con las que habían estado en contacto los Servicios Sociales habían pedido ayuda económica para el pago de la fianza de una vivienda.

Los Servicios Sociales habían entendido que el trabajo que habían llevado a cabo con los residentes del asentamiento ilegal para informarles sobre la red insular de ayuda “había dado sus frutos" y que los grupos más vulnerables habían acudido a esta red por sus propios medios. "Sin embargo, no había sido así”, han reconocido desde el Consistorio. 

El operativo de desalojo se saldó con seis detenidos por resistencia a la autoridad y contó con más de 50 agentes entre Policía Local, Guardia Civil y antidisturbios desplazados de Mallorca.

Aunque días previos y durante la misma mañana muchos de los habitantes habían decidido salir voluntariamente, medio centenar de personas adultas con 18 menores decidieron resistir en el interior del terreno, donde fueron desalojados por la fuerza. Algunos afectados han denunciado haber sido golpeados en el operativo policial. 

Una problemática base

Los habitantes de Can Rova pagaban el alquiler a uno de los propietarios del terreno a cambio de instalar su caravana, tienda de campaña o hacerse una chabola en unos metros que definían como parcela. 

El desalojo fue ejecutado por orden judicial, después de que la Audiencia Provincial diera la razón a los propietarios de la finca que habían impuesto una denuncia por “uso abusivo” del terreno, en la que alegaron la realización de actividades “ilegales e incluso peligrosas, y contraria a su destino”. 

La portavoz de las personas desalojadas, Alicia Bocuñano, aseguró ayer antes del operativo que las familias no tienen “dónde ir”. 

Las situaciones personales trasladadas por los inquilinos de este asentamiento ilegal son diversas, pero con la misma problemática de base: no pueden encontrar alquileres asequibles en la isla, a pesar de tener trabajo, o directamente no les alquilan por tener hijos menores. Algunos llevan meses viviendo en el asentamiento chabolista y otros residen desde hace años.