Begoña Gómez también se querella contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos

• Considera que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas
• Este martes, Pedro Sánchez también presentó una querella contra el juez que instruye el caso contra su mujer

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez EFE/ Julio Muñoz

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también ha presentado una querella contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación, al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas.

Varios días después de que la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, se querellase contra el juez, Begoña Gómez también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigar al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. 

Su letrado, Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas, que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, ya que habría trasladado a las acusaciones populares -Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias- "actuaciones procesales declaradas secretas", lo que propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

A su juicio, la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión. 

Añade que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de Camacho, podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del Magistrado Peinado", indica. 

"Una aplicación del derecho incomprensible"

Por otro lado, Camacho apunta que, con las resoluciones dictadas, principalmente providencias, Peinado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones". 

Entiende que este actuar de Peinado "pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico". 

El letrado suma a esto que Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones "injustas y arbitrarias" para ampliar el objeto de procedimiento y con las que, a su juicio, "parece rebatir, conscientemente y a sabiendas, no uno, sino dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados". 

Camacho señala que "el carácter aparentemente prevaricador" de una parte de las actuaciones del juez Peinado culmina con la toma de declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. 

El juez Peinado pide el currículo de directores de cátedra de la Complutense

Por otro lado, el juez Peinado ha solicitado a la Universidad Complutense los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias de la institución y el currículum de los directores y codirectores.

Lo hace en una providencia fechada el pasado 30 de julio, día en que el juez Juan Carlos Peinado se desplazó a Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, que se acogió al derecho a no declarar contra su mujer, y tras lo que la Abogacía del Estado presentó una querella contra el magistrado por presunta prevaricación.

En la providencia, conocida este viernes, el magistrado acuerda librar oficio a la Universidad Complutense de Madrid "a fin de que aporten los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas y con los curriculum vitae de los directores y codirectores".

Sobre este asunto el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, investigado en la causa, negó irregularidades en la designación de Begoña Gómez como codirectora de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, afirmando que era "una cátedra más" sobre la que él simplemente trasladó la propuesta al entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que fue quien se encargó al tener la competencia en esos asuntos. 

En la misma providencia el juez también solicita a la Fundación Deporte Joven que aporte "los contratos realizados con Innova Next", la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, sobre el que gira la causa al haber sido adjudicatario de varios contratos públicos, según las acusaciones posiblemente por su relación con Gómez.

El pasado lunes el juez tomó declaración como testigo -sin que trascendiera su contenido- al director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urríes, a quien un abogado ajeno a la causa identificó en un escrito como la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con Barrabés cuando era profesor de esquí cerca de Benasque, localidad oscense donde nació el empresario.

En la providencia el juez también ordena al Instituto Empresa (IE) que aporte el contrato laboral realizado entre la institución África Center -un organismo del IE- y Begoña Gómez.

Lo hace después de que el pasado lunes el presidente del IE, Diego del Alcázar, declarara como testigo que la contratación de Gómez como responsable del África Center se fundamentó en que tenía un currículum adecuado, como ya se explicaba en la documentación que envió al Senado en una comisión de investigación.

Los contactos para contratar a Gómez arrancaron en febrero de 2018, cuando Pedro Sánchez era aún el líder de la oposición; meses después, en agosto y cuando ya ascendió a Moncloa, se firmó el contrato, que contaba con una cláusula de incompatibilidad que impedía contratar con entidades públicas, indicaron a EFE fuentes próximas al IE.