Prisión sin fianza para cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca en Zaragoza por supuestas torturas

• La jueza acusa a cuatro trabajadores, menos al director, de un delito contra la integridad sexual de una menor
• La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por familiares de menores internos en el centro

Detenidos cinco trabajadores por malos tratos en el Centro de Menores de Ateca en Zaragoza

La jueza encargada de la investigación por los presuntos malos tratos a menores en el centro de atención a menores de Ateca (Zaragoza) ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el director y cuatro trabajadores como posibles responsables de varios delitos. La instructora les acusa de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a estos menores residentes en el centro.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la magistrada considera responsables de estos delitos a dos educadores y a otros dos auxiliares del centro  –además, están imputados por un posible delito de agresión sexual a menores–. Respecto al director de la institución, lo observa como cooperador necesario en los hechos al tratar de ocultarlos a los servicios sociales del Gobierno aragonés y a las familias de los menores.

En concreto, los hechos se produjeron dentro de las instalaciones contra dos menores, una de 17 y otro de 16 años. En su auto, la jueza concluye que estos menores "han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo y de cuya existencia era conocedor el director del centro". 

Los cinco arrestados han pasado esta mañana a disposición judicial para prestar declaración ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud. En estos momentos están siendo trasladados al Centro Penitenciario de Zuera como posibles autores de los delitos mencionados.

Paralelamente, la jueza ha decretado a primera hora de esta mañana el cierre provisional del centro. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) está trabajando para reubicar a los menores tras esta resolución.

El director amparó estas torturas presuntamente

Sobre la implicación del director de la institución, Iván R.M., la instructora valora el hecho que desde su llegada al centro, el año pasado, no sólo mantuvo una actitud de "despreocupación absoluta" acerca de la situación de los menores, sino que protegió al resto de detenidos al no acordar en ningún momento correcciones y sanciones para castigar su comportamiento.

También señala que la investigación que inició el director a partir de la primera denuncia recibida fue "incompleta y parcial", hecho corroborado, señala, por las manifestaciones hechas por la psicóloga del centro y de un enfermero, que se negó a elaborar un informe falso sobre el alcance de las lesiones sufridas por el menor.

Respecto a los otros cuatro detenidos, Mohamed B, Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R.A., la magistrada valora los relatos aportados por los dos primeros denunciantes en relación a los tratos degradantes sufridos de forma constante y reiterada.

Los abusos

En concreto, el auto relata uno de los menos denunciantes manifestó que le obligaron a estar de pie durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimentos a lo largo de dos días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le fuera permitido asearse.

Por su parte, la menor denunciante destacó, según recoge el escrito de la juez, que desde su llegada al centro la insultaban y le hacían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, además de agredirla de forma injustificada con bofetadas, empujones y quemaduras de cigarrillos en los brazos y en las piernas, heridas éstas que la jueza reconoce haber podido apreciar en las extremidades de la joven.

Para la magistrada, todos estos indicios son prueba "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que nadie les creería y que no los querían ni sus familias".

Considera, además, que las lesiones manifestadas por las víctimas están corroboradas por los informes forenses preliminares aportados a la causa, "sin perjuicio -añade- de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas".

Ordena el cierre provisional del centro

En paralelo a las órdenes de prisión, la jueza ha dictado esta mañana un auto decretando el cierre provisional del centro de menores, concertado con el Gobierno aragonés, hasta el esclarecimiento de los hechos, así como el cese del periodo de internamiento para los cinco menores residentes, que prevé hacer extensivo a otros nueve fugados de la institución.

Además, ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro. 

La investigación judicial se inició a raíz de la interposición de las denuncias por parte de dos de los menores ingresados en el centro. La Guardia Civil procedió a la detención este jueves de estos cinco trabajadores del centro de menores.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los detenidos han negado ante la responsable judicial los hechos imputados por los menores del centro, en el que eran acogidos, por orden judicial, jóvenes con problemas de comportamiento y actitudes agresivas y con entornos familiares problemáticos.

El letrado de dos de los detenidos, el abogado Juan Manuel Martín Calvente, ha comunicado a EFE su intención de recurrir las órdenes de prisión dictadas contra sus clientes.