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El ente electoral entrega al Supremo de Venezuela las actas de escrutinio de las presidenciales

  • La oposición insiste en que el presidente Nicolás Maduro "se niega a ser derrotado" y rechaza los resultados oficiales
  • El máximo tribunal del país empezará el "proceso de peritaje del material consignado" en un lapso de hasta 15 días

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La fiscalía de Venezuela abre una investigación penal a la oposición por "instigar a la insurrección"

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, ha entregado este lunes las actas de escrutinio de las presidenciales del 28 de julio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que hará una revisión del resultado.

"Se deja constancia de haber recibido todos los recaudos solicitados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando así cumplimiento a la orden judicial", ha señalado la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, al leer un comunicado transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De acuerdo con VTV, Amoroso ha entregado las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación.

Rodríguez ha indicado que el máximo tribunal del país empezará el "proceso de peritaje del material consignado" en un lapso de hasta 15 días, que pueden ser prorrogables.

Igualmente, ha dicho que serán citados los candidatos presidenciales, así como representantes de los partidos políticos, para que consignen todos los "instrumentos electorales" que se encuentren en sus manos, así como para que respondan a un interrogatorio. Entre los citados está el presidente Nicolás Maduro, así como el candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

La Fiscalía abre una investigación contra Machado y González Urrutia

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado este lunes la apertura de una investigación penal contra la líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por presunta "instigación a la insurrección". Ambos han instado a las autoridades a parar la "represión" de la que acusan al presidente Nicolás Maduro.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, las averiguaciones se han iniciado ante la "abierta incitación" a los efectivos a "la desobediencia de las leyes". Por su parte, los líderes opositores han pedido a militares y policías "hacer respetar" los resultados de las elecciones del 28 de julio que, aseguran, dan como ganador a González Urrutia y no a Maduro, como anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No recomendado para menores de 7 años La Fiscalía venezolana investiga a los líderes opositores por "instigar a la insurrección"
Transcripción completa

Para la Fiscalía, el último comunicado

de Edmundo González y María Corina Machado

pidiendo el respaldo de militares y policías,

constituye un posible delito de incitación a la desobediencia.

Gobierno y oposición se acusan mutuamente

de un intento de golpe en Venezuela.

Ambos se atribuyen el triunfo en las urnas

cuyos resultados investiga el Supremo.

El Alto Tribunal ya tiene en sus manos

las actas del Consejo Nacional Electoral,

que no han sido publicadas

como exigen miembros de la comunidad internacional.

Además, la oposición no confía en una justicia

bajo el control chavista

y pide una verificación imparcial.

Y mientras que, desde la clandestinidad,

la líder inhabilitada y el candidato González Urrutia

miden sus apariciones públicas por miedo a represalias,

Nicolás Maduro aumenta considerablemente

su presencia diaria en actos oficiales.

El Gobierno ha vuelto a convocar a sus bases

para defender la victoria electoral.

El Presidente, que suele ser muy activo en redes,

pide ahora boicot a aplicaciones de mensajería,

porque whatsapp la están utilizando para amenazar a Venezuela.

El oficialismo

advierte que no permitirá a las redes sociales

tumbar un Gobierno

y que Venezuela volverá a la edad de piedra.

La Fiscalía venezolana investiga a los líderes opositores por "instigar a la insurrección"

"En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración", ha dicho un comunicado difundido por Saab en la red social X.

Según el fiscal general, Machado y González Urrutia han actuado "al margen de la Constitución y la Ley" al hablar de un ganador distinto a Maduro.

Los opositores, por su parte, han insistido en que Maduro "se niega a reconocer que fue derrotado" y, en vista de las protestas a su proclamación, "ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos (electorales) y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad".

Boric condena la investigación y pide respetar los derechos humanos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado la apertura de la investigación contra Machado y González Urrutia y ha pedido al "régimen de Maduro" respetar los derechos humanos.

"Ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición", ha dicho el mandatario en su cuenta de X.

Boric, que no reconocerá ningún resultado que no esté validado por "organismos internacionales independientes", ha evitado referirse a la crisis venezolana durante la declaración pública que dio en La Moneda en el marco de la visita oficial de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y ha asegurado que hará una declaración "mañana (martes) en la tarde".

Chile es uno de los siete países latinoamericanos que tuvieron que retirar sus misiones diplomáticas de Venezuela tras la orden de Maduro en rechazo a sus "injerencistas" declaraciones sobre las presidenciales.

EE.UU. aclara que no reconoce a González como presidente

Por su parte, Estados Unidos ha aclarado este lunes que, si bien ha reconocido al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor de las elecciones, todavía no lo reconoce como presidente del país, y ha pedido al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática.

"Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como presidente). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

El portavoz ha reiterado el llamado para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique de una vez las actas de votación con los resultados. Miller ha subrayado que ha pasado ya una semana de las elecciones y que cualquier prueba que presente el CNE requerirá de "un escrutinio minucioso" debido al "potencial de alteración y manipulación tras ese período de tiempo".

Venezuela acusa a EE.UU. de "presionar" para cambiar el resultado electoral

Venezuela, por otro lado, ha acusado a Estados Unidos de "presionar a los gobiernos de la región" para "promover un cambio" en el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, luego de que el Departamento de Estado informara que mantiene "un estrecho contacto" con Brasil, México y Colombia para "encontrar un camino a seguir" tras el cuestionado triunfo del presidente Nicolás Maduro.

"Desde Washington se pretende presionar a los gobiernos de la región, con el fin de promover un cambio del resultado electoral basado en información construida por agentes de la CIA y magnates de los monopolios de la comunicación corporativa y las redes sociales", ha expresado el Gobierno de Venezuela a través de un comunicado compartido en X por su canciller, Yván Gil.

Asimismo, ha repudiado las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ha ratificado que, para Estados Unidos, el ganador de las presidenciales de Venezuela es el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

Para el Ejecutivo, las declaraciones dejan "en evidencia" que Estados Unidos "está al frente del intento de (un) golpe de Estado" y "desconoce la voluntad democrática del pueblo venezolano que reeligió al presidente Nicolás Maduro".

Además, ha acusado al país norteamericano de pretender "imponer" a un "nuevo Gobierno títere, a imagen y semejanza de su fracasada estrategia de 2019", en referencia al período en el que el opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, lo que contó con el respaldo de Washington.

Al menos 91 adolescentes detenidos en las protestas

Mientras el ente electoral no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, la PUD divulgó "el 81%" de estos papeles, que muestran, según el antichavismo, que González Urrutia ganó por amplio margen, lo que desató unas protestas que dejan ya 13 muertos.

De los detenidos en las manifestaciones, al menos 91 son adolescentes. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, ha asegurado en X que estos arrestos han sido verificado y forman parte del total de 1.010 personas tras las rejas.

Al respecto, el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, ha explicado a EFE que las detenciones han mostrado patrones contrarios a la normativa legal, como la violación de los lapsos establecidos en cuanto a la presentación en tribunales de los adolescentes, que debería realizarse en un máximo de 24 horas desde la detención, pues hay casos de jóvenes que llevan hasta seis días sin conocer de qué están siendo acusados.

Los familiares de los adolescentes han denunciado, según Trapani, que los arrestos se produjeron con exceso de violencia física y psicológica, así como que ha habido falta de comunicación de los detenidos con sus representantes o defensores.

El abogado recordó que, de acuerdo a la legislación venezolana, una persona menor de 14 años es inimputable, por lo que llamó la atención sobre un caso de un niño de 13 años que, según los registros que manejan las organizaciones de derechos humanos, figura entre los aprehendidos.