El horizonte judicial de Puigdemont en España ante su inminente regreso

• El 'expresident' tiene una orden de detención por la causa del 'procés' que llevó a prisión al resto de líderes independentistas
• El Supremo archivó la causa del 'Tsunami Democràtic' y queda aún pendiente el 'caso Volhov' de la presunta injerencia rusa
• Puigdemont vuelve a España, en directo

El expresidente catalán Carles Puigdemont

La causa por el 'procés' es la principal del frente judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyó de la justicia española en el año 2017 tras declarar (y suspender segundos después) la independencia de Cataluña.

En esa causa y tras una sentencia histórica, el resto de líderes independentistas, entre ellos el exlíder de ERC, Oriol Junqueras, varios 'exconsellers' y 'los Jordis', fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión por sedición y malversación en 2019 por el Tribunal Supremo y posteriormente indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 por "utilidad pública" y para abrir un "tiempo nuevo de diálogo".

Es ahora el Tribunal Supremo el que, cinco años después de esa sentencia, rechaza aplicar la ley de amnistía a ese delito de malversación a todos los condenados entonces y al propio Puigdemont. Tanto la sala que sentenció la causa, con un voto particular en contra de una de las magistradas, como el juez Pablo Llarena entienden que el dinero público que usaron para impulsar el referéndum ilegal del 1-O sí fue a parar a su beneficio personal porque así no tuvieron que pagarlo de su bolsillo.

Y el texto de la ley de amnistía dice que el delito de malversación estará cubierto por la medida de gracia "únicamente" cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el 'procés' y "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". Algo que el Supremo sí considera que existió.

Puigdemont da por hecho que será detenido

De esta manera, Llarena ha mantenido la orden de detención nacional que hará que si el líder de Junts pone un pie en España sea arrestado.

Y ese momento ha llegado. Salvo sorpresa final y giro de guion, Carles Puigdemont volverá a España en las próximas horas o días para asistir, tal y como dijo, al pleno de investidura del socialista Salvador Illa, que se celebrará previsiblemente esta misma semana tras la nueva ronda de consultas que celebrará este martes el presidente del Parlament, Josep Rull.

El propio Puigdemont confirmó su regreso este mismo sábado dando por hecho que será detenido en una carta publicada en redes en la que arremetió contra los jueces por no aplicar la ley de amnistía. "Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer", dijo el 'expresident' en esa carta, en la que añadió: "Sé que mi retorno puede comportar la detención e ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo".

"Quien crea que esto no tendrá consecuencias, se equivoca. Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para hacerlo deberán violar muchas cosas", prosigue, para hablar de "golpe de Estado híbrido".

La causa por terrorismo anulada y el 'caso Volhov'

Aunque la del 'procés' es la causa judicial por la que Puigdemont sería detenido de forma inmediata, no es la única en la que ahora mismo está inmerso. En plena tramitación de la ley de amnistía, este pasado febrero el 'expresident' resultó imputado por un presunto delito de terrorismo en el marco de las protestas atribuidas a la plataforma Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en Cataluña. 

El Tribunal Supremo determinó que no existía "duda alguna" de que los hechos que se imputaban a Tsunami Democràtic "se incardinan en el delito de terrorismo" y recogió al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolidaba su doctrina sobre este delito.

Pero el mismo Supremo decretó en julio el archivo de la causa 'Tsunami Democràtic' tras declararse nulo todo lo investigado desde 2021 por un error del juzgado. El archivo de esta causa hizo precisamente que una de las imputadas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, regresara a Cataluña.

En torno al 'expresident' sobrevuela también una tercera causa, el 'caso Volhov', sobre la supuesta injerencia rusa en el 'procés' que ha investigado un juez de Barcelona que, hace un mes, envió al Supremo un escrito en el que pide que se investigue a Puigdemont, entre otros imputados, por los delitos de traición, malversación y organización criminal por supuestos contactos en el Kremlin en busca de apoyos a la independencia de Cataluña, una cuestión que el alto tribunal aún no ha resuelto. 

La Audiencia de Barcelona había frenado la investigación sobre esta llamada trama rusa del 'procés' al entender que el juez había prorrogado la causa injustificadamente, pero el magistrado abrió una pieza nueva dentro del 'caso Volhov' para proseguir con sus pesquisas, que apuntaban a Puigdemont. A su vez, el líder de Junts se ha querellado por malversación y prevaricación contra el juez de este caso, Joaquín Aguirre, al considerar la causa una "investigación mastodóntica y prospectiva, a la par que fantasiosa y en la que se ha incurrido en ingente gasto de dinero público".

¿Qué pasa si Puigdemont es detenido? ¿puede ir a prisión?

Más allá de las imprevisibles consecuencias políticas de la detención de Puigdemont esta semana de cara al pleno de investidura previsto previsiblemente para el jueves y de la enorme carga emocional que para el independentismo tendrá este arresto —en medio, además, de un pacto entre PSC y ERC para hacer 'president' a Salvador Illa—, Puigdemont pasaría a disposición del juez del Supremo Pablo Llarena, tras muchos años intentando este que responda ante la Justicia por su papel en el proceso independentista que encabezó desde su Govern en 2017.

Durante estos siete años, Puigdemont ha evitado precisamente precipitar su regreso para no ser detenido y encarcelado por las autoridades españolas, pero en la campaña de las pasadas elecciones del 12 de mayo se comprometió a volver a Cataluña para asistir al primer debate de investidura, fuese o no él el candidato.

Ante la posibilidad de ese arresto inmediato, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no ha querido adelantar la estrategia judicial que seguirá su defendido. Así, en una entrevista en Radio Nacional de España este pasado sábado dijo: "No vamos a adelantar al Tribunal Supremo lo que queremos hacer. Ellos ya han puesto parte de sus cartas a la vista y otras cartas que seguramente veremos cuando se materialice la detención y a partir de ahí nosotros estamos preparados para los distintos escenarios"

El 'expresident' podría plantear un "habeas corpus" contra esa detención al considerarla "ilegal y arbitraria" y el juez, tras interrogarle, podría decidir si hay motivos para enviarle a prisión preventiva, siendo obvio el riesgo de fuga al haber estado huido durante siete años de la Justicia española.

Para decretar la prisión, alguna de las partes personadas en el procedimiento debe pedírselo al juez, algo que se da por hecho al ser Vox acusación popular.

Por otra parte, la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía porque considera que no cubre la malversación no es firme, con un horizonte en el que quedan por pronunciarse el Tribunal Constitucional y la Justicia Europea. En otras palabras, la ley de amnistía puede finalmente ser aplicada a Puigdemont y al resto de líderes por este delito.

El propio 'expresident' solicitó en junio al Supremo que levantara la orden de arresto que pesa contra él como "única solución" conforme a la ley de amnistía, que entró en vigor el 11 de junio, y procediera a "declarar amnistiados" todos los hechos que se le atribuyen en el 'procés', petición no atendida por Llarena.

Cabe recordar que Puigdemont aún no ha presentado recurso alguno ante el Tribunal Constitucional en el que pida suspender de forma cautelar la orden vigente de detención.