Una jueza mantiene la suspensión de eutanasia a una joven de Barcelona y eleva el caso al Tribunal Superior

• La joven sufre una lesión medular severa, motivo por el que debe estar en una silla de ruedas
• El padre, representado por el Colectivo de Abogados Cristianos, asegura que no está en sus facultades mentales

Jueza suspende cautelarmente la eutanasia de una joven en Barcelona y remite el caso al Tribunal Supremo

La jueza que acordó suspender cautelarmente la eutanasia a una joven de 23 años de Barcelona la pasada semana ha decidido mantener esta paralización y eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La magistrada tiene dudas sobre sus competencias, por lo que ha dejado que sea el alto órgano catalán quien decida.

El juzgado contencioso-administrativo número 12 de Barcelona ha celebrado este miércoles una vista en la Ciudad de la Justicia para escuchar a las partes sobre estas medidas cautelares, después de que el padre de la joven, representado por el colectivo católico Abogados Cristianos, se opusiera a la muerte asistida de su hija argumentando que sufre problemas mentales. La intervención debería haberse llevado a cabo el pasado viernes, pero fue paralizada por la jueza el día anterior.

La Comisión de Garantía de Cataluña y Evaluación, integrada por especialistas médicos y juristas, había avalado la petición de eutanasia efectuada por esta joven de Barcelona, que sufre una lesión medular severa, motivo por el que debe estar en una silla de ruedas.

Durante la vista de este miércoles, a la que han asistido las partes implicadas, Fiscalía, Generalitat y el citado colectivo de abogados en representación del progenitor, la jueza ha comunicado que mantiene la medida cautelar de suspensión de la eutanasia y eleva la cuestión de competencias a la Sala contenciosa del TSJC. De esta forma, la magistrada se ha declarado falta de competencia y ha remitido la causa al entender que hay una reserva legal que falta a este órgano para dar respuesta a la cuestión.

"No existe jurisprudencia previa"

Según ha informado a los medios el letrado de Abogados Cristianos, José María Fernández, la magistrada ha decidido plantear esta cuestión de competencias al TSJC debido a que "quizás ella no sea la jueza competente" en este caso. La Ley de Eutanasia, ha concretado el abogado, contempla que sean los tribunales superiores de justicia los que se pronuncien sobre la competencia en caso de negativa a la aplicación de la muerte asistida.

"Como la eutanasia ha sido aprobada, pero nosotros nos oponemos a la misma, no existe jurisprudencia previa, de manera que existen dudas fundadas de qué órgano es el competente", ha explicado.

Según Fernández, durante la vista la Fiscalía se ha posicionado a favor de la competencia del TSJC, y ha pedido además la retirada de la medida cautelar, mientras que el colectivo es partidario de que el caso siga en este juzgado contencioso-administrativo.

Asimismo, el colectivo de abogados, en representación del padre, asegura que la petición de muerte asistida formulada por la joven no está incluida en los supuestos de la Ley de Eutanasia debido a "sus problemas mentales, que están diagnosticados".

"Tiene un trastorno límite de personalidad e impulsivo con tentaciones suicidas", ha argumentado el abogado. En este sentido, también ha recordado que la joven sufre una lesión medular severa tras un intento de suicidio: "Su solicitud (de eutanasia) es previa a sus problemas físicos y consecuencia de sus problemas mentales, por lo que entendemos que debe estar en tratamiento psiquiátrico". Según el portavoz, se trata de la primera vez que un juzgado paraliza una eutanasia que ha sido aprobada previamente por un comité técnico. 

Por otro lado, en una entrevista concedida al canal 24 horas, la portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, Cristina Vallés, ha lamentado la situación de este caso, añadiendo que "las enfermedades mentales no tendrían que estar excluidas de la posibilidad de pedir la eutanasia".

"Lo único queremos es que pueda decidir cómo quiere que sea su final", ha insistido.

La Ley de la Eutanasia señala que una vez aprobada, solo el solicitante podría revocarlo, aunque hay excepciones. Según la legislación, el proceso de evaluación se extiende por más de un mes e intervienen multitud de médicos, entre ellos psiquiatras y juristas. Una vez que se pasan todos los filtros, el Comité de Garantía y Evaluación de cada comunidad emite su informe.

En el caso de problemas de salud mental, los procesos de evaluación, según indica Fernando Marín, vicepresidente de la asociación, a RNE son más estrictos, incluyendo análisis psicopatológicos para descartar procesos depresivos transitorios.