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Perú promulga una ley que evitará que se juzguen los "crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002"

  • La ley ha sido promovida por grupos parlamentarios afines al expresidente Alberto Fujimori
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Estado peruano a no promulgar esta ley

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Un familiar llora junto al ataúd con los restos de una víctima de la masacre de Accomarca, perpetrada en 1985
Un familiar llora junto al ataúd con los restos de una víctima de la masacre de Accomarca, perpetrada en 1985 ERNESTO BENAVIDES / AFP

El Congreso de Perú ha promulgado este viernes una controvertida ley que limita la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que beneficiaría especialmente a militares y policías, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la criticara.

Publicada en el diario oficial El Peruano, la Ley 32107 señala que tiene por objeto "precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana".

Considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002 y que este "tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano". 

Promovida por parlamentarios afines a Fujimori

"Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra", concluye la norma.

La ley ha sido promovida por grupos parlamentarios afines al expresidente Alberto Fujimori y una bancada formada por exmandos de las Fuerzas Armadas, e impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que causó más de 69.000 muertos.

Tras su aprobación en el pleno del Parlamento en julio, el Ejecutivo debía decidir si la observaba y volvía al pleno, o no pronunciarse, que es lo que ha ocurrido, así que, como dicta la Constitución, el Legislativo ha promulgado la norma.

Una ley que deja diversas opiniones

Mientras el país esperaba dicha decisión, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos e instituciones como el Ministerio Público alertaron de que su promulgación afectaría en al menos 600 casos, entre ellos ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ y la ha considerado "inviable jurídicamente".

También se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha exhortado al Estado peruano a no promulgar esta ley

Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha lamentado la inminente entrada en vigor de dicha norma, y ha denunciado que viola las obligaciones del país según el derecho internacional. 

“La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un hecho preocupante, en medio de un retroceso más amplio en cuanto a derechos humanos y al Estado de derecho en Perú”, ha señalado el máximo responsable de la ONU en materia de derechos humanos. 

“La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”, ha recalcado.