El largo periplo de Puigdemont en Europa: detenciones, pérdida de inmunidad y euroórdenes
- Sus causas judiciales en España han estado marcadas por las euroórdenes y las dudas sobre su inmunidad
- El expresidente catalán afirma que está de vuelta en Waterloo tras su reaparición pública este jueves en Barcelona
La fugaz visita de Carles Puigdemont a España ha abierto un nuevo capítulo de su largo periplo en Europa. Tras meses anunciando su regreso para el pleno de investidura, todo apuntaba a que el expresidente catalán iba a ser detenido este jueves por los Mossos d'Esquadra, poniendo punto final al pulso que mantiene desde hace casi siete años con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por el 'procés'. Pero, en un giro de guion que ni siquiera los agentes valoraban, desapareció sin dejar rastro hasta Bélgica, según él mismo ha asegurado este viernes en un mensaje en X.
Su segunda huida recuerda a la que protagonizó en octubre de 2017 y que marcó el comienzo de su trayectoria política reciente en tierras europeas. Con el inicio de la causa del 'procés' y la activación del artículo 155 de la Constitución, que permitió al Gobierno central tomar el control de las instituciones catalanas, Puigdemont llegó a la capital belga acompañado por cinco de sus consellers: Toni Comín, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Serret.
La elección de Bélgica como base de operaciones no fue casualidad. Desde allí, cerca de la sede de la Unión Europa, podría, por un lado, visibilizar el conflicto catalán a nivel internacional e intentar que las autoridades europeas tomaran partido por la reivindicación de los catalanes. Por otro, buscar una vía para defenderse de la Justicia española.
Un farragoso proceso judicial marcado por las euroórdenes
El líder de Junts se enfrentaba a una posible condena de hasta 30 años por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su papel en la organización del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia posterior. A esa causa se sumarían más tarde otras independientes aunque relacionadas, como el 'caso Voloh', el caso 'Tsunami Democràtic' o la investigación del Tribunal de Cuentas.
A lo largo de estos siete años, el desenlace de esta causa judicial se convertiría en una farragosa carrera de fondo, entre otros motivos, por las órdenes de detención europeas y su ejecución. Gracias a este procedimiento judicial, los jueces españoles podían solicitar a sus homólogos de la UE la entrega transfronteriza del dirigente catalán a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de la pena. Y con Puigdemont lejos de España, su aplicación no tardó en llegar cuando se negó a declarar presencialmente.
La Audiencia Nacional emitió una euroorden contra él, solicitando a los tribunales belgas su colaboración y la entrega del 'expresident'. Pero aquel proceso duró muy poco. Antes de que el juez belga diera una respuesta, el magistrado Pablo Llarena acabó retirándola al considerar que podría condicionar la evolución de la investigación, cerrándose así el proceso judicial en Bélgica. Esta, sin embargo, no sería la última orden de detención, ya que en marzo de 2018 decidió reactivarla.
Pese al riesgo que implicaba, Puigdemont había iniciado una suerte de tour europeo en debates y coloquios para llevar la causa del independentismo a otros rincones del continente. Primero fueron Copenhague y Ginebra. Después Finlandia, donde se encontraría con un grupo de diputados finlandeses simpatizantes con el movimiento catalán. Y entre cruces de fronteras, regresando a Bélgica a través de Alemania, fue sorprendido por la policía de Schleswig-Holstein, que le detuvo siguiendo la orden del juez español. Entonces, los delitos imputados ―rebelión y malversación―, jugaron un papel fundamental en el destino del político independentista.
A ojos de la Justicia alemana, no era "admisible" extraditar al líder soberanista por rebelión, argumentando que no se había ejercido un grado de violencia "suficiente" como para considerar ese delito. Tampoco admitía la perturbación del orden público, alternativa que planteó la Justicia española. Por todo ello, el tribunal germano ofreció entregar a Puigdemont exclusivamente por malversación, lo que implicaba que solo podría ser juzgado por este motivo. El juez Llarena lo rechazó y desactivó la euroorden, que no volvería a estar en vigor hasta 2019, tras la sentencia del 'procés'.
Nada dejaba entrever en ese momento que cinco años después ERC iba a negociar con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos una reforma del código penal que acabaría eliminando, precisamente, el delito de sedición y reemplazándolo por otro de "desórdenes públicos agravados" a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales. Esto no gustó entre las filas de Junts, puesto que abría una nueva vía para la extradición de Puigdemont y otros exconsellers investigados.
La inmunidad, clave en el proceso judicial
Mientras la vía judicial iba avanzando, Puigdemont no se apartó de la senda política y se presentó a las elecciones en Cataluña convocadas por el Gobierno en diciembre de 2017. También fue de forma simbólica el número uno de Junts en los comicios de 2021. La situación dio un giro cuando, con la luz verde de un tribunal de Madrid y en contra del criterio de la Junta Electoral Central, Puigdemont y sus compañeros de partido Toni Comín y Clara Ponsatí se pudieron presentar a las elecciones europeas de 2019 y resultaron elegidos como eurodiputados, cargos que traían consigo la inmunidad frente a posibles detenciones.
01.56 min
Transcripción completa
Carles Puigdemont huye a Bruselas el 30 de octubre de 2017
antes de que la Fiscalía presente las querellas por rebelión.
La jueza Carmen Lamela envía a prisión
a todos los que se presentan en la Audiencia Nacional
el 2 de noviembre: el exvicepresidente Junqueras
y los exconsellers Turull, Rull, Romeva, Bassa, Forn Borràs y Mundó.
Lamela también dicta órdenes de detención para Puigdemont
y los que están con él en Bélgica:
los exconsellers Comín, Puig, Ponsatí y Serret.
El expresidente catalán se entrega a la justicia belga
y queda libre.
Pablo Llarena asume la causa en el Supremo
y decide retirar las órdenes.
Esto permite a Puigdemont viajar por Europa.
"¿Ha venido con billete de ida y vuelta?".
En marzo de 2018,
Llarena procesa por rebelión a todos los investigados
y reactiva las euroordenes.
Detienen a Puigdemont en Alemania.
Sale de prisión días después pero se queda en Berlín
hasta que Alemania aprueba extraditarlo
solo por malversación y Llarena lo rechaza.
En octubre de 2019,
con la sentencia condenatoria del procés por sedición,
Llarena reactiva de nuevo las euroordenes.
Pero, gracias a la conocida como sentencia Junqueras,
consigue el acta de eurodiputado.
El periplo judicial no acaba aquí.
En septiembre del 2021 viaja a Cerdeña para participar en un acto
y lo detienen allí.
Italia concluye que tiene inmunidad de movimientos.
Con la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC
que elimina el delito de sedición,
Puigdemont pasa a estar procesado por malversación.
En paralelo, estaba investigado también por terrorismo
en la causa del Tsunami
abierta por el magistrado García Castellón,
que se acabó archivando por un error procesal.
Eso sí, Puigdemont continua investigado por alta traición
en la supuesta trama rusa del Procés que investiga el juez Aguirre.
Entre su nuevo cargo y ellos solo se interponía un trámite que no llevaron a término porque para ello debían ir a Madrid, donde se mantenía una orden de detención nacional por el 'procés': recoger el acta.
En este contexto, el juez Llarena pidió al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de los tres políticos catalanes. La Cámara sometió a votación esta decisión, que finalmente recibió el visto bueno por mayoría. A partir de ese momento, la defensa de los dirigentes catalanes, liderada por el abogado Gonzalo Boye, comenzó una nueva vía para recurrir la decisión ante la Justicia europea y solicitar medidas cautelares.
Se le concedió una inmunidad temporal que poco después el Tribunal de Justicia de la UE optó por retirar al no ver riesgo de detención, pero volvió a cambiar de opinión hasta dos veces, dejando finalmente sin inmunidad al eurodiputado.
Estas difusas circunstancias llevaron a la paralización de la instrucción que dirigía Llarena, especialmente cuando Bélgica suspendió el procedimiento por el que debía pronunciarse sobre su entrega o no a España al reconocer su inmunidad. En respuesta, el juez del TS planteó una cuestión prejudicial para preguntar si la autoridad judicial de un país comunitario podía negarse a ejecutar una euroorden de detención de otro país miembro. El abogado general del TJUE acabaría dando la razón al magistrado español en 2023.
Entretanto, Puigdemont fue arrestado nuevamente en 2021 en Cerdeña cuando viajaba para participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk. Esta vez su extradición fue suspendida por las dudas de Italia sobre el estado de las euroórdenes y de la inmunidad del político catalán.
La amnistía y el fugaz retorno a España
En España, la política nacional acabó también marcando el presente y el futuro de Puigdemont. En las elecciones generales del 23J, Junts recuperó el protagonismo perdido al convertirse en una de las llaves para la gobernabilidad. Pedro Sánchez necesitaba sus votos para seguir siendo presidente del Gobierno, por lo que el PSOE inició las negociaciones con ellos en Bruselas.
Fruto del acuerdo que alcanzaron con Junts y ERC surgió la ley de amnistía, que permitiría el retorno de los líderes en el extranjero y que Puigdemont pudiera ser, una vez más, candidato a la Presidencia de Cataluña. Una oportunidad que el líder de Junts aprovechó con el adelanto electoral. Así, anunció que se presentaría, regresando a España para la investidura, algo que veía "razonable" por los plazos de la ley de amnistía.
01.54 min
Transcripción completa
Sánchez necesitaba los votos de los de Puigdemont
para seguir en la Moncloa.
Desde Bruselas,
el expresident ponía las condiciones
y hacía hincapié en una.
Una línea roja para el PSOE que poco a poco se fue difuminando.
"En defensa de la convivencia entre españoles
defiendo hoy la amnistía en Cataluña".
La investidura fallida de Feijóo
dio tiempo al Gobierno para negociar con Junts.
El secretario de Organización socialista
asumió el peso de la negociación.
Esta reunión simbolizó la recta final
de unas conversaciones que culminaron en noviembre.
"Un acuerdo entre dos formaciones
que tenemos discrepancias profundas".
Acuerdo que puso sobre la mesa términos como "lawfare"
y que recogía la amnistía.
Una ley que empezó a tramitarse tras la investidura de Sánchez
y que, aunque peligró en varios momentos,
finalmente quedó aprobada en mayo.
En mitad de la tramitación,
Pere Aragonès adelantó las elecciones.
Un Puigdemont reforzado
se presentó como el líder indiscutible de Junts
y trató de aglutinar bajo su candidatura
a todo el independentismo.
Se postuló como candidato a la presidencia
y prometió regresar a España para la investidura,
pero no lo consiguió.
Y en plenas negociaciones para investir a Illa,
Junts tumbó la senda de estabilidad,
retrasando los Presupuestos Generales de 2025.
Una clara advertencia
de hasta qué punto puede ser inestable la legislatura
No contaba con que el Tribunal Supremo fuera a denegar la aplicación de la ley al delito de malversación al entender que el dinero público que usaron para impulsar el referéndum fue a parar a su beneficio personal, condición que permite no incluir al delito en la medida de gracia. Sin amnistía y con la orden nacional de detención activa, Puigdemont se arriesgaba a ser detenido nada más pisara Cataluña, pero continuó con sus planes para la investidura.
Llegó el día del pleno y Junts organizó cerca del Parlament un acto de "bienvenida" para el expresident, que subió al escenario, dio un breve discurso ante miles de simpatizantes y desapareció en cuestión de minutos, dejando tras de sí un operativo policial de búsqueda y la duda de sobre su paradero, que no se despejó hasta más de 24 horas después, siempre según la versión de Puigdemont.
Por lo pronto, el juez Llarena ha solicitado a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior un informe acerca del frustrado operativo policial planificado para detener al "procesado en rebeldía" mientras estuvo presente en Barcelona y los agentes siguen investigando.
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