Interior responde al juez Llarena que los Mossos no requirieron apoyo para detener a Puigdemont
- Asegura que la detención de Puigdemont "ha sido, es y será objetivo prioritario" de todos los cuerpos policiales
- Y también indica que la Guardia Civil y la Policía Nacional "no detectaron" a Puigdemont en la frontera
El Ministerio del Interior ha remitido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el informe solicitado el pasado viernes sobre el dispositivo policial dispuesto para la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado jueves, cuando logró entrar en Barcelona, dar un mitin y huir de nuevo del país sin ser arrestado. En el informe, explica que los Mossos d'Esquadra no requirieron a la Policía y Guardia Civil apoyo para la detención y que, dada su competencia y capacidad, no desplegaron "operativos paralelos".
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska alude a la "competencia y capacidades operativas" de los Mossos como "policía integral en Cataluña", cuerpo que informó al ministerio de su "dispositivo específico" para arrestar a Puigdemont el pasado jueves.
Según explica el Ministerio en un comunicado, Interior ofreció a la policía catalana cualquier apoyo operativo, "sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio e información e inteligencia".
Ya el pasado viernes, el Gobierno responsabilizó por completo a los Mossos y a la Generalitat de Cataluña del operativo fallido para detener a Puigdemont.
La detención de Puigdemont, "objetivo prioritario"
Además, Interior asegura que el arresto del expresidente catalán "ha sido, es y será un objetivo prioritario para todas las unidades". Asimismo defiende que se dio traslado de las órdenes de búsqueda que pesan sobre Puigdemont "a los cuerpos policiales autonómicos en cuyo territorio hay frontera con Francia: Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d’Esquadra".
No obstante, Interior asegura que una vez conocida la fuga de Puigdemont, impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que, por un lado, "se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos" para localizar y proceder a la detención del expresident catalán.
Así, y con los recursos disponibles, "se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de Cataluña", y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos d'Esquadra. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto.
Policía Nacional y Guardia Civil "no detectaron" a Puigdemont en la frontera
Además, según Interior, los días previos al 8 de agosto, Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles de fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, y sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona, pero sin realizar "operativos paralelos" al de los Mossos para detener al expresidente.
Y señala también que en dichos dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil, "no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont".
No obstante, el documento recuerda que España está dentro del espacio Schengen, que significa la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento UE, 2016/399, han de poder cruzar en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna, cualquiera que sea su nacionalidad, limitaciones que dificultan que "que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento".
El código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores, que deben ser justificados ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
España ha restablecido los controles en las fronteras interiores Schengen en diversas ocasiones, de forma excepcional, como durante la celebración de la cumbre de la OTAN reunida en Madrid el 29 y 30 de junio de 2022 o, en 2020, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Es una medida ‘de último recurso’ que, por lo expuesto, no está prevista para supuestos como el objeto de este informe.