Tres meses del cisma de las exmonjas de Belorado: tres monasterios, tres falsos capellanes y tres abogados

• Las exmonjas reclaman la propiedad de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña
• Tras la renuncia de dos prestigiosos bufetes, su abogado es el hermano de la exabadesa
• El falso obispo brasileño Rodrigo Henrique Riberio da Silva es su tercer asesor espiritual

El 13 de mayo de 2023 las monjas clarisas de Belorado -Orduña y Derio- cerraban las puertas a los feligreses que iban a misa a su monasterio y abandonaban la Iglesia Católica. ARCHIVO EFE

Este martes y 13 se cumplen tres meses del cisma de las clarisas de Belorado. En este tiempo han tenido tres asesores espirituales y otros tantos abogados. Comenzaron con la Pía Unión de San Pablo Apóstol, continuaron con un cura argentino sedevacantista que llegó desde Francia y en la actualidad están bajo la tutela del falso obispo brasileño Rodrigo Henrique Riberio da Silva, admirador de Hitler que lidera la Sociedad de San José.

Lo mismo les ha sucedido con los servicios jurídicos. Tras anunciar a bombo y platillo la contratación de un prestigioso bufete de Santander, que sustituía a los primeros abogados que las estuvieron asesorando, las exmonjas han tenido que prescindir de sus servicios. En estos momentos, su caso lo está llevando un abogado de Burgos, hermano de la ex abadesa de Belorado, asesorado por un bufete madrileño, según las últimas noticias publicadas en Religión Digital, medio especializado en información religiosa.

Su separación de la Iglesia Católica se ha convertido en un espectáculo mediático en el que no han faltado capítulos berlanguianos como el del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su acólito José Ceacero, la denuncia por un criadero de perros ilegal, un par de exclusivas televisivas con las cámaras en el locutorio de la clausura y hasta un fracasado crowfunding por PayPal para financiar sus aspiraciones jurídicas.

Pero la comedia es un drama para las 15 mujeres que siguen viviendo en el monasterio de Belorado. Cinco monjas mayores y enfermas que siguen perteneciendo a la Iglesia Católica y diez exmonjas en edad de trabajar que han sido excomulgadas y cuyo desenlace está cada vez más cercano y menos favorable para sus intereses. Pero lo mejor es volver tres meses atrás y recorrer estos 90 días para entender en qué punto nos encontramos.

La ruptura

El pasado 13 de mayo las exmonjas daban a conocer un Manifiesto Católico de 70 páginas firmado por la abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado en el que anunciaba que su comunidad religiosa abandonaba la Iglesia católica. Las hasta entonces monjas clarisas de clausura anunciaban que rechazaban el Concilio Vaticano II e insistían en que, a partir de Pío XII, todos los papas son herejes, incluido el papa Francisco.

Para consumar su salida se ponían bajo la jurisdicción de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, liderada por Pablo de Rojas, falso obispo excomulgado en 2019, que se instalaba en el convento junto con su acólito José Ceacero, excoctelero, guía espiritual de las religiosas y autoerigido portavoz.

Las claves de la ruptura de las monjas de Belorado con la Iglesia las daba el arzobispo de Burgos en rueda de prensa: por un lado, una operación inmobiliaria frenada por la Santa Sede, ya que las monjas querían vender el convento de Derio y comprar el de Orduña; y, por otro, la finalización del mandato de la abadesa, sor Isabel de la Trinidad, el 29 de mayo.

Espectáculo mediático

El Convento de Santa Clara se convirtió en plató de televisión con los medios apostados a sus puertas y con José Ceacero intentando explicar las razones de las religiosas fruto de profundas reflexiones y de ámbito únicamente teológico.

Las clarisas han negado siempre la existencia de una trama inmobiliaria. Sin embargo, las hermanas clarisas de Vitoria (que pertenecen a la misma provincia eclesiástica que las de Belorado) sitúan el origen del conflicto en la falta de dinero y, en concreto, en dos decisiones de la Santa Sede: su negativa a permitir la venta del monasterio de Derio a bajo precio, y conseguir así el dinero para comprar el de Orduña; y el rechazo a que un benefactor, buscado por la Pía Unión, mediara en la compra del cenobio.

Mientras se dirimían las razones del cisma —con aparición incluida de las religiosas en programas de televisión—, una de las hermanas abandonaba el convento: sor Amparo se marchó un día después de hacerse público el manifiesto católico, habló de secta y dejó al convento con quince religiosas, algunas muy mayores.

Iceta asume el control y sor Isabel lo denuncia

El 29 de mayo, Iceta anuncia su nombramiento como comisario pontificio de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, con plenos poderes religiosos, administrativos y de patrimonio. Dos días después remite un burofax pidiendo a Pablo de Rojas y José Ceacero que abandonen Belorado.

El 30 de mayo, sor Isabel denuncia a Iceta por abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de asociación. El cisma religioso acaba en los tribunales.

Llegan la Guardia Civil y la excomunión

Durante estos tres meses, la Guardia Civil ha pasado varias veces por el Convento de Santa Clara debido al "acoso mediático" que denuncian padecer las monjas y por un registro en busca de un arma de fuego en el que los agentes encontraron una vieja carabina de aire comprimido oxidada.

Las clarisas también llamaron a los agentes cuando el 6 de mayo se presentó una delegación del comisario pontificio para entregarles, a diez de ellas, el requerimiento para que se personaran ante el tribunal eclesiástico.

El 21 de junio, fecha tope de comparecencia, las diez religiosas remitieron un burofax en el que confirmaban su decisión de abandonar la Iglesia. Un día después, fueron excomulgadas por un delito de cisma y expulsadas de la vida consagrada, con obligación de abandonar el convento.

Las religiosas se niegan a dejar el cenobio, pero a finales de junio expulsan a De Rojas y Ceacero y afirman que “caminan solas”. Un mes más tarde han explicado que De Rojas nunca fue su autoridad y que nunca tuvieron intención de que ninguno de los dos residiera con ellas en el monasterio.

Sábanas de seda y miles de euros en facturas impagadas

En un cruce constante de acusaciones han salido a la luz los problemas económicos de las religiosas, que tenían 900.000 euros en hipotecas y préstamos, facturas impagadas por más de 35.000 y debían varias mensualidades a sus once trabajadores.

Laura García de Viedma, exabadesa de Belorado.

Entre las facturas pendientes, una de 6.800 euros por juegos de sábanas de seda, cubrepiés y edredones de alta gama, que las ya exreligiosas han negado, como también han hecho con las acusaciones de que no estuviesen al corriente de los pagos. 

Además, la exabadesa ha denunciado este lunes a Mario Iceta —en un vídeo de trece minutos publicado en su perfil de Instagram— al afirmar que el Obispado de Burgos está "llevando a la ruina" a los conventos. Laura García de Viedma, antes conocida como la abadesa Sor Isabel de la Trinidad, se atreve a pronosticar que los tres monasterios "para septiembre estarán arruinados, si no embargados o vendidos a los bancos".

Preguntas sin respuesta (o casi)

Tres meses después del cisma de Belorado, las dudas sobre lo que ocurrirá con las exclarisas tras su excomunión siguen en el aire. ¿Tendrán que abandonar el convento? ¿Cómo está la situación judicial? ¿Hay alternativa a un desahucio? Estas son algunas de las preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta.

Exteriores del Monasterio Nuestra Señora de Bretonera, o de las clarisas de Belorado, en Burgos.

Las diez exmonjas continúan en el Monasterio de Santa Clara de Belorado junto con las cinco religiosas no excomulgadas y niegan que sean okupas, ya que, según aseguran, la propiedad de los inmuebles —también los vizcaínos de Derio y Orduña— es de la sociedad civil que han creado para sustituir a la religiosa.

Sin embargo, el Arzobispado de Burgos mantiene que la propiedad recae en la comunidad religiosa que ahora conforman las cinco monjas no excomulgadas junto con otras tres que, si bien no están en el convento, siguen siendo parte del monasterio, por lo que serán los jueces quienes resuelvan la controversia.

Y en manos de ellos quedará también un posible desahucio. De momento, el Arzobispado no ha iniciado ningún procedimiento judicial —y agosto es un mes inhábil— aunque sí ha solicitado un informe para valorar la vulnerabilidad de las monjas, ya que afirman estar trabajando en “todos los escenarios posibles”.