Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por el "retraso" de sus recursos sobre la amnistía

• El juez rechazó perdonar la malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención
• Apunta que los recursos debieron resolverse en la primera quincena de julio

Carles Puigdemont, en una imagen de su reciente visita fugaz a Barcelona EFE/ Alberto Estevez

El abogado del expresident catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por "la desatención y el retraso injustificado y reiterado" de los recursos interpuestos contra la no aplicación de la ley de amnistía a su defendido.

El pasado 1 de julio Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención, una decisión que fue recurrida por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.

En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, el letrado considera que el juez "ha incurrido en una infracción disciplinaria" por haberse "excedido con creces" e "incumplido reiteradamente" el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio juez, a quien reprocha su "pasividad intencional".

Cree que los recursos "debieron haberse resuelto hace más de un mes"

Según el abogado de Puigdemont, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma "debieron haberse resuelto hace más de un mes", durante la primera mitad del mes de julio, algo que no ha ocurrido "sin que parezca existir razón alguna que lo justifique". En este sentido, recuerda que se debe resolver "al segundo día de entregadas las copias".

Además, considera que "las circunstancias resultan especialmente graves" porque la ley de amnistía debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aun cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados.

Por ello, acusa al juez de "dilatar el acceso" de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo.

Considera que es falta grave

Sostiene además que "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales" es considerada una falta grave.

También resalta que el juez Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones con motivo de la visita fugaz de Puigdemont a Barcelona el 8 de agosto, con "el anhelo notorio de supervisar la captura" del expresidente catalán, lo que, "además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación", indica que "no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal" los recursos.

Según el abogado de Puigdemont, la "pasividad intencional" de Llarena es grave por varias razones: la aplicación de la amnistía "debe ser objeto de tramitación preferente y urgente", considera que la "dilatación" afecta a la "libertad de circulación" de su defendido, y porque trata de "entorpecer la aplicación de la amnistía".

Por todo ello, Boye solicita al CGPJ que "acuerde investigar" los hechos que denuncia, que, a su juicio, "son constitutivos de infracción disciplinaria".