El empadronamiento de los inmigrantes irregulares: cuando la necesidad se convierte en negocio

• El registro en una vivienda en Valencia puede demorarse más de un año
• En algunos pisos hay censadas hasta 40 o 50 personas

Matrimonio de espaldas sentado una cama frente a una ventana JUSTIN PAGET | GETTY IMAGES

Cuando las cosas se empezaron a poner difíciles en Colombia, Ángeles y su marido decidieron venirse a Madrid. En su país, él trabajaba en una lavandería industrial, mientras que ella se encargaba de cuidar a sus tres hijos, pero “el sueldo que ganaba no llegaba para pagar los alimentos”. Quieren que sus hijos tengan un futuro mejor y por eso vinieron primero ellos con la idea de "traer a los chicos" más tarde. 

"Ángeles" no es su nombre real. Prefiere no decirlo, porque todavía se encuentra en situación irregular. Al poco de llegar a Madrid, se trasladaron a Valencia, donde se encontraba la hija de una prima de su pareja. En este momento comenzó un periplo para lograr un empadronamiento. 

En Valencia han pasado por cinco hogares y en ninguno les han permitido censarse. Para ambos, explican a RTVE.es, conseguir esto implica "poder vivir y trabajar tranquilamente, sin zozobra ni miedos. Parece que así le respetan a uno más los derechos". Lograr este trámite puede ser un paso para el ansiado arraigo, un procedimiento que permite a cualquier ciudadano no europeo y que está de forma irregular en un país conseguir la residencia y legalizar su situación.

Una forma más para demostrar el arraigo social

Además del arraigo, también facilita beneficios como la tarjeta sanitaria o el acceso a ayudas económicas. Sin embargo, el responsable de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Karlos Castilla, insiste en que el padrón no es más que una herramienta de gestión de servicios públicos y esto provoca que ciertas personas abusen de esto. Por ejemplo, al considerar que hay mejores servicios en unos barrios que en otros, como colegios o médicos, se inscriben en un lugar donde no residen.

El coordinador del programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de la asociación Valencia Acull, Paco Simón, asegura que "es una obligación de la ciudadanía estar empadronado, pero también un derecho". La existencia de esta necesidad y la dificultad para lograrlo hace que surjan personas que aprovechan la situación para lucrarse económicamente. El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, asegura que este tipo de actuaciones se hacen principalmente con personas "inmigrantes y en situación irregular en nuestro país".

Denuncian trabas para el empadronamiento de migrantes en Ripoll, Girona

1.000 euros por permitir el empadronamiento de ambos

Esta realidad es la que están viviendo actualmente Ángeles y su marido tras mudarse a Valencia. En uno de los últimos domicilios, un conocido de su arrendador les pedía 1.000 euros a cambio de permitírselo, una cantidad difícil de asumir para ambos. "Entre las personas extranjeras esto es más común porque son las que menos vínculos tienen, sin relaciones familiares", asegura Castilla. 

Aunque les rebajó a 300 euros, la trabajadora social les aconsejó no pagar por un "derecho fundamental", ya que podría ser delito de fraude. "Dar datos falsos en el padrón puede generar multas administrativas, dependiendo del tamaño del municipio es el monto de la multa", aclara el responsable de investigación del IDHC. "En algún momento vamos a hacer el arraigo y cualquier cosa mínima que haya en el pasado judicial nos lo niegan. Tenemos que estar limpios de todo", afirma Ángeles. 

Un "servicio" que se anuncia en internet

José María Benito sostiene que los empadronamientos fraudulentos se realizan mayoritariamente a través de organizaciones. "Nosotros hemos llegado a detectar pisos donde hay empadronados 40 o 50 personas", expone. En muchas ocasiones, este tipo de anuncios se publican en plataformas de compra-venta. "Internet es hoy en día una fuente inagotable de comisión de delitos de todo tipo. No se llega a todo y ellos lo saben y por supuesto se aprovechan de esta situación", aclara Benito. 

Y así es. Basta con teclear un par de palabras para que en pocos segundos aparezca gran cantidad de anuncios que ofrecen un empadronamiento. Espacios como Milanuncios o Wallapop se convierten en escaparates para este tipo de ofertas y, aunque no especifican el precio de primeras, no dudan en aclararlo si se muestra interés en dicho servicio. 

En algunos casos, el precio no llega a los 200 euros por un año en Madrid, en otros, asciende hasta los 350 euros por seis meses. Más allá del precio, son pocos los detalles que dan (por ejemplo, cuando se pregunta por cuántas personas hay ya empadronadas en la vivienda). Enseguida aluden al encuentro y a pedir cita con el ayuntamiento para comenzar con el proceso. 

Desde Wallapop afirman que es una práctica prohibida (aunque se siga dando) y es por ello que hacen hincapié en que los propios usuarios reporten este tipo de actuaciones a través de la aplicación. Recomendación que también hace Milanuncios, con un "botón de denuncia". La creatividad en este tipo de fraudes es muy abundante, así lo ejemplifica el profesor en Derechos Humanos, Karlos Castilla: "Si en un edificio hay una persona mayor sola, dan el domicilio de esta persona, robándoles incluso recibos del buzón para emplear como prueba".

Aunque también se da el caso de permitir el empadronamiento sin ningún problema. De hecho, durante el tiempo que el matrimonio estuvo en Madrid se empadronaron en distintos domicilios por períodos de tres meses y en ninguno de los casos se les pidió una compensación económica. 

El empadronamiento sin domicilio fijo, una posible alternativa

Ante las dificultades en Valencia, otra opción era solicitar el registro censal sin domicilio fijo –común entre personas que no tienen hogar–, para lo que contaron con el apoyo de un abogado de Valencia Acull. Sin embargo, desde el ayuntamiento lograron "sacarle" el lugar donde estaban viviendo. "Como era sin domicilio, el abogado nos dijo que no podíamos dar la dirección, pero la trabajadora del ayuntamiento nos dijo tantas cosas que nos sacó el lugar donde estábamos viviendo. Me hizo ponerlo con boli", lamenta Ángeles. 

A los pocos días, la policía apareció en el lugar donde vivían para comprobar que residían allí. Esto hizo que el propietario se enterase y les obligase a abandonar la vivienda en una semana. "Yo pedí un empadronamiento especial, ¿por qué tienen que obligar a la persona o cambiar las cosas como ellos quieren? Ahora salimos perdiendo nosotros".

La vigilancia del padrón se ha visto facilitada por la informatización

Castilla justifica este tipo de actuaciones porque para los municipios es reconocer que tienen personas "viviendo en la calle". La vigilancia y control de estos trámites es competencia de los ayuntamientos, lo que se ha visto facilitado por la informatización de los padrones municipales. No obstante, a pesar de ello, el número de actividades de este tipo se sigue produciendo, aunque se descubren con mayor facilidad.

Para el profesor Castilla, la solución a este problema corresponde al ámbito jurídico: "La ley de régimen de bases debería establecer un sistema claro en las sanciones. No solo para el que se empadrona, sino también para quien permite empadronamientos falseando el domicilio".  Por el momento, Ángeles y su esposo buscan con impaciencia una habitación en Valencia donde vivir.