Bruselas mantiene su apoyo a proteger la memoria histórica tras los intentos de PP y Vox de tumbar algunas leyes
- Con todo, el comisario europeo de Justicia ha subrayado que estas políticas son competencia de los Estados miembros
- Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana presentaron enmiendas para derogar las normas de memoria democrática
La Comisión Europea se ha comprometido este miércoles a apoyar proyectos en favor de proteger la memoria histórica y ha insistido en que salvaguardarla es "esencial" para proteger los valores europeos en cuanto a dignidad humana, derechos fundamentales y democracia, según una respuesta a una pregunta parlamentaria difundida por el PSOE.
Así lo ha confirmado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a una pregunta realizada el pasado mes de abril por la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, que cuestionaba que en seis comunidades autónomas gobernadas por el PP o por una coalición de los populares con Vox se hubiera planteado derogar las leyes o decretos de memoria democrática.
En este contexto, los socialistas preguntaban a la Comisión si eliminar estas leyes sería compatible con los valores de la UE y si "equiparar por ley dictadura y democracia es compatible con el acervo europeo".
Reynders, contundente en su respuesta
"La Comisión se ha comprometido a contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la promoción de la memoria compartida de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa", arranca la respuesta de Reynders.
"Salvaguardar la memoria común de los crímenes perpetrados por estos regímenes es esencial para apoyar el compromiso conjunto de la UE de salvaguardar los valores de la UE en materia de dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de derecho y democracia para las generaciones actuales y futuras", continúa el comisario.
Reynders ha asegurado también que la Comisión seguirá apoyando proyectos en toda Europa "que aborden la historia de los crímenes totalitarios y fomenten la memoria histórica", aunque ha subrayado que estas políticas son competencia de los Estados miembros.
Aragón, primera comunidad en derogar la ley
El Gobierno ya había avisado en abril de que llevaría las leyes contrarias a la Ley de Memoria Democrática impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ante el relator especial de la ONU, y a otras instancias internacionales, como el Consejo y el Parlamento Europeo.
La iniciativa del Ejecutivo de denunciar las leyes autonómicas a las instancias internacionales se sumó a la decisión de recurrir esas leyes autonómicas al Constitucional.
La comunidad autónoma de Aragón fue el pasado 15 de febrero la primera en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y Partido Aragonés (PAR).
Tras esa decisión, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobernaban en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminaría los "términos guerracivilistas" y mantendría la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobernaban juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.