El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones
- El presidente venezolano ha obtenido el respaldo institucional tras las criticas de la oposición de amañar los comicios
- El líder opositor Edmundo González Urrutia ha rechazado el fallo
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, ha ratificado la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, sellando el respaldo institucional al partido gobernante. La sentencia otorga a Maduro otro mandato de seis años, que comenzará en enero.
Desde la votación y las protestas antigubernamentales en las que han muerto 23 manifestantes y ha habido 2.400 detenciones según Naciones Unidas, la administración de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición y grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una represión contra la disidencia.
Las acciones han incluido arrestos de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación contra líderes de la oposición por supuestamente incitar a los militares para cometer delitos, la aprobación de una serie de reglas que endurecen el control sobre las ONG, y renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyaban a la oposición.
"El Tribunal Supremo ha revisado el material entregado por la autoridad electoral y coincide en que Maduro ganó las elecciones", ha indicado la presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, quien ha añadido que la decisión no se puede apelar. Por su parte, la ONU ha vuelto a reiterar que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela "alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones".
El Gobierno de Venezuela da así por cerrada la denuncia de fraude que pesa sobre las elecciones del 28 de julio. Ante el canal estatal VTV, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, ha asegurado que la sentencia de la Sala Electoral "cierra un capítulo", pese a que dentro y fuera del país se sigue criticando la falta de imparcialidad del TSJ, controlado por magistrados afines al chavismo.
"Queda claro, queda bien descrito todo el proceso, cómo fue llevado a cabo, el detalle del proceso electoral (...) y es muy importante que el mundo lo sepa, que ha triunfado la Constitución, el Estado de derecho, las instituciones", ha indicado Gil.
La autoridad electoral lleva señalando desde la noche de la elección que Maduro obtuvo poco más de la mitad de los votos, aunque no han publicado los recuentos completos. Por su parte, la oposición ha publicado en internet lo que dice son el 83% de los conteos de las máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González un sólido apoyo del 67%.
González Urrutia rechaza el fallo del Supremo
Pese a la ratificación, la oposición ha restado valor a la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tildado de "parcial" y de estar controlado por Maduro. "Señores del Tribunal Superior de Justicia: ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis", ha expresado el opositor Edmundo González Urrutia a través de X.
Tras conocer la sentencia, el candidato ha mostrado su oposición al anuncio: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad", ha recalcado en X.
Ya en su momento, cuando Maduro pidió al Tribunal que verificara los resultados, González no asistió a la citación del recuento. La oposición dice que dicho órgano, aunque constitucionalmente independiente, funciona como un brazo del partido gobernante.
La falta de entrega de sus copias por parte de la oposición y las incomparecencias de González son "una flagrante falta de respeto", según la presidenta del Tribunal quien, ha añadido, lo expone a sanciones, aunque no ha especificado de qué tipo.
Presión internacional para solucionar la crisis política
La publicación de las actas electorales se ha producido después de que Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos solicitasen el pasado 17 de agosto la su "inmediata" publicación y verificación imparcial e independiente de los resultados.
De hecho, el canciller de Uruguay ha indicado que el fallo del Supremo de Venezuela sobre las elecciones no es creíble. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido más rotundo al afirmar que la decisión "termina de consolidar el fraude". Además, ha calificado al Gobierno caribeño como "una dictadura que falsea elecciones".
En una declaración conjunta suscrita en Santo Domingo, en República Dominicana, los Estados firmantes, entre los que se encontraba España, instaron a permitir que una entidad internacional comprobase los resultados, cosa que finalmente no se ha llevado a cabo. Por su parte, países aliados con Caracas como Rusia o China felicitaron a Maduro por su victoria.
Colombia y Brasil,
los principales mediadores en la crisis de Venezuela,
proponen un gobierno de coalición transitorio
y la celebración de nuevas elecciones con garantías.
Joe Biden apoyaría ese plan.
Los presidentes de Brasil y de Colombia,
que mantienen un diálogo permanente,
apuestan ahora entre otras alternativas
por una repetición electoral.
Una propuesta que también respalda la administración norteamericana.
Lula da Silva y Gustavo Petro insisten
en la verificación imparcial de las actas
para demostrar la victoria que defiende Nicolás Maduro.
Ambos dirigentes buscan activamente una salida a la crisis
y están preocupados por lo que ocurra en Venezuela,
país con el que comparten una extensa frontera.
Si hay un nuevo éxodo de migrantes,
sus gobiernos serían los primeros afectados.
Mientras la lider inhabilitada, María Corina Machado,
descarta esta opción.
Asegura que los venezolanos ya eligieron un cambio en las urnas.
"Maduro perdió, fue derrotado".
Fuentes han indicado a Reuters que Estados Unidos ha elaborado una lista de unos 60 funcionarios gubernamentales y familiares que podrían enfrentarse a sanciones como resultado de las primeras medidas punitivas desde la votación. Pese a ello, la mayoría de las soluciones para la crisis propuestas por la comunidad internacional han sido ignoradas o rechazadas por el Gobierno, la oposición o ambos.