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La auditoría de Transportes sobre el 'caso Koldo' revela que se duplicaron las compras de mascarillas en 38 minutos

  • El informe encargado por Transportes señala al anterior mandato, con Ábalos a la cabeza
  • Óscar Puente ha cesado este viernes al subsecretario de Estado en el Ministerio y al jefe de personal de Adif por el 'caso Koldo'

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Senado para hablar sobre la auditoría del 'caso Koldo'
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Senado para hablar sobre la auditoría del 'caso Koldo'

La auditoría encargada por el Ministerio de Transportes para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión destaca que se duplicó la cantidad de mascarillas a comprar, de los cuatro millones de unidades iniciales a ocho, tan solo en un lapso de 38 minutos. Todo ello cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020, que modificó la cuantía a comprar.

"El único dato obrante en el marco de la auditoría en relación con dicha duplicación es que la empresa ofrecía ocho millones o nada", indica el documento publicado este viernes por el Ministerio tras la comparecencia de su titular, Óscar Puente, en el Senado.

En esa cita, Puente ha anunciado el cese de dos altos cargos y ha explicado que se han hallado graves deficiencias en la adjudicación a la empresa del caso Koldo, quien fuera asesor del anterior ministro, José Luis Ábalos.

Tras recordar que el importe total en esa orden ministerial ascendía a 20 millones de euros, advierte sobre la falta de control en el reparto de las mascarillas: "No existe constancia documental de la entrega ni al Ministerio, ni a Correos ni a la entonces Dirección General de Transporte Terrestre".

Un millón de euros en mascarillas acumuladas cuatro años en almacenes

El documento añade: "Se ha de destacar la falta de control inicial de mascarillas en el Ministerio, y especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor del ministro, dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".

Ahora, según recuerda la auditoría, siguen guardadas 238.840 mascarillas en dos almacenes del Ministerio. Unas 32.000 en Alcalá de Henares y otras 206.000 en el almacén de Azuqueca de Henares (Madrid), todas ellas por un importe de más de un millón de euros.

Sobre la segunda orden de contratación, del 26 de marzo, la auditoría llama la atención de que no se analizara la necesidad de la adquisición de 5 millones de mascarillas y censura que no se precisaran los destinatarios hasta un mes después.

Y abunda en que la determinación de las necesidades por destinatarios finales no se realizó hasta haber llegado ya a España cuatro de los cinco vuelos a través de los cuales se hizo efectivo el suministro.

El informe destaca que se trata de dos órdenes en las que los dos órganos de contratación (Puertos del Estado y Adif) iban a atender necesidades que excedían sus respectivos ámbitos.

Por todo ello, ve "imprescindible" establecer "ciertas mejoras" en los procedimientos internos de este departamento, y en concreto en los contratos de emergencia y en el control de los almacenes, ya que considera evidente que "no se cumplieron en su integridad" los requisitos establecidos.

El documento añade que, "incluso si se hubieran cumplido" estos requisitos, "probablemente no hubieran podido evitar los efectos ya conocidos".

En el apartado de las recomendaciones, se propone incorporar en los expedientes de emergencia un documento que dé cuenta de cómo se ha obtenido la oferta de la empresa adjudicataria, es decir si ha sido solicitada por la propia administración o si ha sido el contratista quien se ha dirigido a la Administración, además de otras peticiones de ofertas u ofrecimientos de otras empresas. 

Asimismo, la auditoría propone, entre otras recomendaciones, un control de entradas y gestión de los almacenes del Ministerio de Transportes para mayor transparencia en cualquier actuación de acceso a las sedes del departamento "protegiendo además con ello la actuación de los empleados y autoridades públicas, ante una eventual presión para actuar sin el debido rigor".

Asimismo, insiste en profundizar en las herramientas que tiene el Ministerio, en la difusión y aplicación de su código ético, como "parte de un sistema de integridad pública que suponga un ejercicio de autorregulación y comprometa" a todos los empleados públicos, desde personal eventual, hasta altos cargos.