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El subdirector de la Fundación la Caixa declara ante el juez Peinado que no se reunió con Begoña Gómez en la Moncloa

  • Este lunes han declarado varios empresarios en el marco de la investigación dirigida por Juan Carlos Peinado
  • El subdirector ha explicado al juez que los primeros contactos con Gómez fueron anteriores a la creación de la cátedra

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El juez del caso Begoña ya ha tomado declaración a Sánchez en Moncloa.
El juez del caso Begoña ya ha tomado declaración a Sánchez en Moncloa.

El subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón, ha declarado este lunes ante el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ha asegurado que ella le contactó para exponerle la cátedra, pero que nunca se reunieron en la Moncloa ni tuvo contacto alguno con el líder del Ejecutivo.

Simón ha explicado al juez que los primeros contactos con Gómez fueron anteriores a la creación de la cátedra, cuando se celebró en 2018 en Madrid la Cumbre del Tercer Sector contra la pobreza infantil, a la que asistió ella junto con profesionales y entidades de este ámbito.

Tras coincidir en actos públicos sobre temas relacionados con la pobreza infantil y el programa CaixaProinfancia, Gómez se puso en contacto con Simón en 2020 para exponerle el proyecto de la cátedra, que podía encajar con los fines sociales de la Fundación. En aquel momento, Begoña Gómez estaba dirigiendo, desde muchos años antes, un máster en la Complutense sobre fundraising (captación de fondos), destinado a organizaciones del Tercer Sector.

A lo largo de su declaración, Simón también ha señalado que "las colaboraciones" de la Fundación la Caixa con universidades y centros de investigación son "habituales" y que la propuesta de financiación fue aprobada por el Comité de Dirección de la institución.

Junto a Simón, el juez Juan Carlos Peinado ha reanudado este lunes la causa contra Gómez con la toma de declaración de otros tres testigos después de dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en la Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre las querellas presentadas contra él.

A pesar de que agosto es inhábil para la Administración de Justicia, el juez Peinado ha mantenido viva la instrucción acordando la citación y comparecencia de una serie de testigos, al tiempo que ha dictado varias providencias.

La primera en declarar ha sido la consejera delegada de Wakalua (filial de Globalia), Leticia Lauffer, que en su declaración ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo negó haber sido el nexo para facilitar el rescate de Air Europa por sus vínculos con Begoña Gómez. Con la mujer del presidente, según afirmó, tenía una relación profesional "muy buena" en la que no había "nada raro" y confirmó que se había reunido con ella en varias ocasiones, pero aseguró que en ellas no se abordaron cuestiones relacionadas con el rescate público de Air Europa.

También ha declarado el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, cuyas entidades financiaron la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva creada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que dirigía Gómez, y que investiga el juez por presuntas irregularidades, quien ya imputó a su rector, Joaquín Goyache. 

Mariscal, según fuentes presentes en la declaración y citadas por EFE, ha dicho que su empresa participó en la cátedra porque venía avalada por la Complutense y que desconocía que Gómez no era licenciada.

También ha declarado el consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés, adjudicatario de una serie de contratos públicos, algunos de ellos remitidos a la Fiscalía europea.

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, que forma parte de la acusación popular, ha explicado que pretenden averiguar "por qué participaron en esa cátedra y qué otras empresas lo hicieron", y "si fue por la influencia directa de Begoña Gómez o de personas de su entorno, especialmente vinculadas". Y ha agregado que van a tratar de hacer a los testigos las preguntas "que no quiso contestar Pedro Sánchez ni Begoña Gómez" para que "salga toda la verdad".

Registro de la casa de Barrabés

Las testificales de este lunes llegan tras el registro del pasado viernes a la casa de Barrabés y el torbellino político y judicial que supuso la citación como testigo de Pedro Sánchez en la Moncloa, sobre la cual se pronunció el juez hace unos días.

Peinado dijo que se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él y acordó dar acceso a las partes de las grabaciones del pasado 30 de julio, a lo que se oponía la Fiscalía.

Otra consecuencia de aquella cita fueron las querellas por prevaricación contra Peinado que presentaron tanto Sánchez como su esposa ante el TSJM, de cuya admisión se pronunciará la Sala ya en septiembre y que podrían apartar al juez de la causa.

Un acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva —impartida por la esposa de Sánchez— revela que Simón estuvo de manera presencial junto a otros cargos de la Universidad Complutense en una reunión de la misma.  

Cabe recordar que el pasado 2 de agosto el juez que investiga a Gómez por la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias pidió a la Universidad Complutense que aportase los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas así como los currículum de todos sus respectivos directores y codirectores. 

Un día antes, el pasado 1 de agosto, el juez tomó declaración como investigado a Barrabés, que confirmó haberse reunido con Sánchez en la Moncloa para tratar temas de innovación, asegurando que también ha mantenido ese tipo de encuentros con otros partidos políticos y responsables de instituciones. 

En el marco de la investigación, la Audiencia de Madrid estudiará el próximo el 30 de septiembre la petición de Gómez de archivar la investigación que dirige el juez. Ese mismo día, también abordará el recurso en el que la Fiscalía pedía delimitar la causa.