Bruselas avala el veto del Gobierno de España a la opa del consorcio húngaro Magyar Vagon sobre Talgo

• La Comisión alega que España tiene derecho a restringir las libertades de mercado único por motivos de seguridad nacional
• El portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, ha asegurado que no tienen noticias de la compañía húngara

Vista de la fábrica de Talgo en el barrio de Las Matas, en la localidad de Las Rozas (Madrid) EFE/J.P. Gandul

La Comisión Europea ha avalado este jueves el veto del Gobierno de España a la operación lanzada por la empresa húngara Magyar Vagon para comprar Talgo. Bruselas alega que España tiene derecho a proteger los intereses y la seguridad nacional del país, pero apunta que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE. 

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria, Francesca Dalboni, ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones. Así, ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir las libertades de mercado único, como la libertad de establecerse y libre movimiento de capitales, alegando motivos de seguridad pública. 

"Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen", ha añadido Dalboni, quien ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión. 

Por otro lado, después de que Magyar Vagon haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, el portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, ha indicado que Bruselas no está al corriente de posibles contactos de la empresa húngara con el Ejecutivo comunitario. Además, ha agregado que el Tribunal de Justicia de la UE es siempre el último auditor en caso de que haya una queja por parte de una de las partes.

La estrategia de la UE para esquivar los riesgos de las inversiones extranjeras

A causa del alto grado de integración en la UE, una inversión extranjera directa en un Estado miembro puede plantear riesgos para la seguridad o el orden público en otro país miembro o incluso en toda la Unión. Por eso, desde octubre de 2020, la UE tiene en vigor un reglamento sobre Inversión Extranjera Directa (FDI) para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público.

Con esta normativa, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas. 

Además, la legislación incluye fórmulas que permiten una mayor cooperación entre los Veintisiete ante posibles riesgos. Los Estados y la Comisión pueden intercambiar información, experiencias, mejores prácticas y plantear sus preocupaciones en relación con inversiones específicas.

Los Estados miembros tienen la última palabra sobre si debe permitirse o no una operación de inversión específica en su territorio, y la ley europea tiene en cuenta la necesidad de operar con plazos cortos favorables para las empresas y con fuertes requisitos de confidencialidad. Aun así, la normativa establece determinados requisitos para los Estados miembros que deseen mantener o adoptar un mecanismo de escrutinio a escala nacional.

Por otro lado, la Comisión Europa propuso el pasado enero reforzar el control sobre inversiones directas extranjeras, es decir, para incrementar su eficacia. Esta revisión de la legislación se debe a riesgos para la seguridad que pueden suponer países como Rusia.

La CNMV aguarda a los próximos pasos de Magyar Vagon

Tras el veto del Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede autorizar la opa y ahora deberá esperar a que el oferente (Magyar Vagon) comunique si pide la retirada de la oferta o si, tal y como ha anunciado, recurre la decisión del Ejecutivo.

Fuentes de la CNMV consultadas por EFE no han querido especular acerca de la resolución que tomará al respecto del expediente de la opa, a la espera de las decisiones que adopte el oferente. Además de tomar acciones en Europa, el grupo húngaro podría presentar un recurso contencioso-administrativo en España, argumentando falta de proporcionalidad o insuficiencia en la motivación del veto del Ejecutivo a la opa.