Arranca el año judicial con el reto de recuperar el prestigio de la Justicia: "El CGPJ no puede entrar en el debate partidista"

• La recién elegida presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, pronunciará un discurso ante el rey
• El 72% de los ciudadanos se muestra poco o nada satisfecho con la administración de Justicia

La reunión de los vocales del CGPJ donde salió elegida como nueva presidenta Isabell Perelló. CGPJ

Este jueves se abre el año judicial con una ceremonia que presidirá el rey Felipe VI y a la que la Justicia española llega por fin con el Consejo General del Poder Judicial renovado, tras cinco años de bloqueo en una situación inédita en la democracia española, y que por fin tiene, por primera vez es su historia, a una mujer al frente de la presidencia, gracias al acuerdo mayoritario al que llegaron el martes por 16 votos a favor y cuatro en contra para que Isabel Perelló sea la nueva regenta de los jueces y del Tribunal Supremo.

Este lustro de bloqueo es uno de los factores que explica el descontento general de la ciudadanía con la administración de Justicia, aunque no la única. El 72% de los españoles se muestra poco o nada satisfecho, según el CIS.

Un dato que contrasta con el sondeo de opinión encargado por el propio Poder Judicial sobre 'La imagen de la Justicia entre usuarios de sus servicios', en el que se recoge que una mayoría de los usuarios de la misma sí han quedado satisfechos, con una nota media de notable. Un tercio de los españoles han tenido alguna vez contacto con dicha administración.

Aunque el malestar global de los ciudadanos se debe a varios factores. Uno de ellos es la situación inédita en la que ha estado el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado en su renovación durante más de cinco años y que llegó a su fin el pasado mes de junio, con la mediación de la Comisión Europea incluida.

"La percepción de cómo trabajan los tribunales en la ciudadanía es verdad que no es buena y que tiene diversas causas, no solo una. Una de ellas, desde luego, es el espectáculo que se ha producido con el Consejo General del Poder Judicial en los últimos cinco años", argumenta el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, a RTVE. Esta asociación judicial es la tercera en número de afiliados.

El bloqueo ha influido de manera negativa en la percepción que los ciudadanos tienen de la Justicia en España. El órgano que rige a los jueces se ha mantenido de manera interina durante un lustro en el que ha seguido funcionando y tomando decisiones a pesar de su estado de caducidad.

"Al final hemos tenido una situación completamente anómala. El Consejo General del Poder Judicial se debería haber renovado mucho antes, a los cinco años, y no a los diez y pico. Aquí lo que hemos visto es que ha habido un pacto entre el PP y el PSOE", asegura a RTVE.es Teresa García Villanueva, miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda asociación en cuanto a número de afiliados en España.

Polémica por su pronunciamiento sobre la ley de amnistía

Los cinco años de retraso en la renovación han dado para varias polémicas. Entre las más destacadas, el dictamen que emitieron el pasado mes de noviembre declarándose en contra, cuando sin ser oficial ni tan siquiera haber un borrador, emitieron una nota sobre la ley de amnistía.

El Poder Judicial acordó una declaración institucional en contra de una ley que no se aprobó hasta el pasado 30 de mayo, es decir, el CGPJ se posicionó públicamente ante una norma que no se aprobó hasta siete meses después de aquella primera nota.

En esa declaración pública se consideraba que la negociación entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes suponía "la degradación", cuando no la "abolición" del Estado de derecho, y que "se violentaba la independencia de los tribunales" y la Constitución.

Aunque la cosa no quedó ahí, el 21 de marzo el Poder Judicial aprobó un duro informe cuando la amnistía era aún una proposición de ley, donde se consideraba que la norma vulneraba la separación de poderes del Estado y rompía el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

"El CGPJ se ha dedicado en los últimos años a meterse en política. Hemos tenido un órgano en funciones que no solo no ha actuado con la mesura, con la prudencia que exigía el estar en funciones, sino que encima, por primera vez en la historia judicial, ha sido capaz de emitir una opinión sobre una ley que no se había presentado. Una opinión que además ha supuesto un prejuicio que luego ha arrastrado en el informe que con posterioridad se emitió”, opina el portavoz de Jueces para la Democracia.

Falta de recursos y lentitud de la Justicia

Aunque este factor no es el único que hace que la ciudadanía se muestre disconforme con la Justicia en España. La falta de recursos y personal hace que el tiempo de un proceso judicial se alargue durante años, algo que repercute de manera directa en la percepción que tienen los españoles de los tribunales. Según el CIS, seis de cada diez ciudadanos cree que recibe pocos recursos.

"El principal problema que tenemos es que los juzgados están sobrecargados, donde solamente hay un juez, hay un letrado de la Administración de Justicia y hay una plantilla muy limitada de funcionarios. La solución pasa por crear muchos más juzgados o por hacer una reorganización de la administración de Justicia con los recursos económicos que ya se tienen, que sea mucho más eficiente y permita dar una respuesta mucho más ágil", analiza la portavoz de la AJFV.

El estudio de metroscopia encargado por el Poder Judicial sobre la imagen de la Justicia recoge que ese tercio de los españoles que ha tenido trato directo con la misma consideran que es lenta, competente, que está desatendida y que es garante última de la democracia.

El 80% de los encuestados considera que los jueces están bien preparados y que son competentes, frente al 19% que opinan lo contrario. El 1% restante no sabe o no prefiere no contestar.

Un alto porcentaje de buena imagen de los jueces ante los ciudadanos que contrasta de manera directa con el dato que refleja la realidad de una Justicia lenta. El 79% de los usuarios considera que es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella, frente al 21% que cree que funciona bien.

"La Administración de Justicia no está respondiendo con agilidad y con calidad a las demandas de tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Cuando los tribunales no funcionan, cuando están sobrecargados, cuando no responden con rapidez, cuando señalan juicios para dentro de cinco años, pues también contribuye a que haya una sensación en la ciudadanía que no es buena de la administración de Justicia", valora Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia.

El intento de control político, lo más preocupante

Aunque sin duda, el tercer factor en discordia y el que más preocupa a los ciudadanos es el intento de control político por parte de los gobiernos y los partidos políticos. Según recoge el estudio, el 75% de los usuarios que han tenido trato con la Justicia creen que todos los gobiernos, sean de la ideología que sean, suelen mostrar más interés por tratar de controlarla que por proporcionar recursos para que funcione de forma rápida y eficaz.

"Las críticas que se hacen tanto desde el Gobierno como desde la oposición a las resoluciones judiciales en general y a los jueces en particular, ya estamos viendo que además con nombres y apellidos de determinados jueces, todo eso al final merma la confianza de la de la ciudadanía en la administración de Justicia", argumenta Teresa García, miembro del comité nacional de la asociación Francisco de Vitoria.

Recientemente, dos casos muy mediáticos han puesto de relieve esa fina línea entre la crítica, la independencia judicial y el uso partidista de la Justicia. Primero saltaba la noticia de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba imputada por hacer defraudado más de 350.000 euros a Hacienda.

Aaunque la polémica llegó con una nota pública de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.

En esos correos, la pareja de Ayuso se reconocía como autor de un delito de fraude fiscal y trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ir a juicio. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justificó recientemente dicha nota en la necesidad de "rebatir un bulo" y dijo que él mismo avala esa decisión. El caso de la filtración fue elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Tribunal Supremo, quien deberá decidir sobre la imputación de García Ortiz.

El otro gran caso mediático llegó con la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una querella interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, de ultraderecha, y que está basada, como ellos mismo reconocieron, en informaciones sin contrastar de algunos medios de comunicación.

El juez de instrucción del juzgado número 41 de Madrid Juan Carlos Peinado fue quien asumió la denuncia y decidió proseguir con ella hasta la imputación de Begoña Gómez y la toma de declaración en la Moncloa como testigo del propio Sánchez. Ambos han interpuesto una querella contra el juez por prevaricación, entre otras cosas.

Y es que el 'lawfare' o guerra judicial, un termino que se refiere a la intervención de un actor político para instrumentalizar la Justicia y usarla para perseguir, neutralizar y acabar con sus adversarios políticos, está íntimamente ligado a la visión negativa que tienen los ciudadanos de la Justicia.

"Hay partidos políticos o grupúsculos que dependen de partidos políticos, sobre todo relacionados con la extrema derecha, que están impulsando instrucciones que carecen de fundamento y lo que hay que pedir a los tribunales es que se actúe con rigor", asevera el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Edmundo Rodríguez hace referencia a los archivos de las causas abiertas contra Podemos, a quien pone "como claro ejemplo": "Todas las denuncias y querellas que ha habido contra Podemos, que han sido todas absolutamente archivadas, pero eso sí, después de haber hecho un daño político importante a ese partido".

En varias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz y de Educación, Pilar Algría, ha respondido a las cuestiones planteadas por los periodistas donde ha insistido una y otra vez en que "es una causa política de la derecha y la ultraderecha" contra el presidente del Gobierno.

"Hay que pedir a los tribunales que se sean absolutamente respetuosos con los derechos de las partes y que este tipo de instrucciones que están destinadas a indagar sobre los partidos políticos se realicen con toda la prudencia del mundo", apunta Rodríguez.

El caso de Begoña Gómez es paradigmático, incluso tiene su propia pregunta dentro de una de las múltiples encuestas que ha realizado el CIS: ¿Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?

Una pregunta que tiene dos respuestas: a) Cree que está justificada, o b) Cree que es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño. La segunda respuesta lleva inferido el famoso término 'lawfare' y señala a una causa abierta por motivos políticos para ir en contra del presidente del Gobierno.

"Se nos está acusando de que estamos haciendo nuestro trabajo movidos por motivos políticos y nada más lejos de la realidad. Esta causa se presentó en Plaza Castilla y en Plaza Castilla se repartió en un juzgado por un turno de reparto que ya existe. Se respetan absolutamente todas las garantías", argumenta Teresa Garcia de la Aosciación Judicial Francisco de Vitoria.

Según la pregunta realizada por el CIS, el 48,7% de los encuestados eligió la opción 'b', por lo que piensan que es una causa abierta contra su mujer para hacer daño al presidente del Gobierno. El 30,8% se decantó por la 'a', y consideraron que la causa abierta está justificada.

"Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España; en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?". Esta es otra de las preguntas que se formulan en una encuesta del CIS que se realizó tras el anuncio de Sánchez del famoso periodo de reflexión de cinco días.

A esta pregunta, casi el 83% de los cuestionados creen que en ocasiones se ve influida por poderes políticos o económicos. Mismo dato que revela la encuesta de metroscopia encargada pro el Poder Judicial, donde el 87% de los usuarios que han tenido contacto directo con los tribunales considera que los políticos tratan de influir sobre el Poder Judicial y de controlarlo.

"Todas las resoluciones judiciales son opinables, obviamente, y se pueden criticar siempre desde el respeto, pero todo lo que exceda de aquello, todas las críticas que excedan de lo que conocemos como la sana crítica, me da igual de quien venga, todo eso es reprochable", señala Teresa García.

El año judicial arranca con el gran reto de recuperar el prestigio de la Justicia entre los ciudadanos, un reto nada fácil en el que ambos portavoces de dos de las tres asociaciones mayoritarias entres los jueces pasa por el "respeto" y dejar de "instrumentalizarla" por parte de los partidos políticos.