El fiscal general alerta del peligro de tratar como "mercancía" a los menores migrantes "sembrando semillas de odio"

• Álvaro García Ortiz ha pronunciado un discurso en el acto de apertura del año judicial
• Avisa también de que los feminicidios aumentan en vacaciones y días festivos

La Fiscalía alerta del peligro de tratar como una "mera mercancía" a los menores migrantes "sembrando semillas de odio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha alertado este jueves del peligro de tratar como una "mera mercancía" a los menores migrantes "sembrando semillas de odio", al tiempo que ha instado a que se gestione la inmigración "con responsabilidad".

García Ortiz se ha pronunciado en estos términos en su discurso en el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el rey Felipe VI y al que asisten otras altas autoridades entre ellas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en representación del Ejecutivo, en pleno debate sobre la crisis migratoria que vive Canarias y Ceuta.

"Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas", ha proclamado, en referencia a los bulos que vinculan la migración con delincuencia.

El fiscal general ha querido advertir del daño que se busca hacer a la inmigración desde —ha dicho— "la desinformación que en ocasiones provocan las redes sociales". 

Así, García Ortiz ha insistido en algo que ha calificado de "obvio": "Los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas, con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas", ha señalado.

Constata el aumento de menores migrantes que llegan solos

En su memoria anula de 2023, la Fiscalía General del Estado constata un "notable incremento" de los menores extranjeros no acompañados llegados a España en pateras, con un total de 4.865 en 2023, lo que supone más del doble que los que accedieron en 2022, cuando lo hicieron 2.375 niños y adolescentes migrantes.

La mayoría de los 4.865 menores que entraron solos en España en 2023 fueron varones —solo se localizaron 238 niñas—. Además, llegaron en patera otros 923 niños junto a adultos que se identificaron como sus padres, mientras que un año antes accedieron 741 menores por esta vía.

El informe de la Fiscalía también recuerda que a 31 de diciembre de 2023 figuraban en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 12.878 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022, de los cuales 10.570 son niños y 2.308 niñas. La mayoría proceden de Marruecos (4.083), por delante de Senegal (2.159), Ucrania (1.778) y Gambia (1074), apreciándose por tanto un incremento respecto a años anteriores.

Canarias, desbordada desde hace un año 

La Fiscalía también analiza la situación de Canarias, que si bien desde 2020 soporta un importante flujo de embarcaciones, ha sido desde julio del año pasado cuando la situación se ha agravado, con una media de 100 inmigrantes diarios llegados a sus costas, y "que ha supuesto una auténtica crisis humanitaria", enfatiza la memoria. 

El Ministerio Público expone que la Fiscalía delegada de Canarias se vio "totalmente desbordada de un día para otro" a partir de septiembre al tener que hacer frente a un número ingente de expedientes sobre menores no acompañados, si bien subraya la "exquisita coordinación" de todos los actores ante esta situación, desde la Policía Nacional a la Dirección General de Protección a la Infancia, la Fiscalía de Menores o el Instituto de Medicina Legal.

La memoria también analiza la evolución de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes y reconoce que la "defectuosa" regulación del delito de favorecimiento de la inmigración irregular unido a la complejidad de las mafias frustra muchas investigaciones. Por esta razón, reitera la necesidad de una reforma legal del Código Penal para poder luchar contra estas redes criminales de forma más efectiva.

Avisa de que los feminicidios aumentan en vacaciones y festivos

Por otra parte, en su discurso, en el que ha expuesto la memoria anual relativa a 2023, el fiscal general del Estado ha advertido también de que durante las vacaciones, los fines de semana y festivos, se cometen más asesinatos de violencia de género, ya que, según su análisis, son los momentos de mayor convivencia y relación social y familiar.

Así, entre 2021 y 2023, el 38,5% de los feminicidios se cometieron en fines de semana o días festivos. García Ortiz ha afirmado que la Fiscalía tuvo conocimiento de 59 crímenes machistas en 2023, así como de otros 66 hechos graves de violencia de género, de los que 45 podrían ser constitutivos de intento de feminicidio.

En la memoria anual, la Fiscalía destaca la nacionalidad de las víctimas de violencia de género. Así, el 40% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 eran extranjeras. "La extranjería puede ser considerada como un factor de riesgo añadido", incide el ministerio público.

En su análisis de 2023, la Fiscalía precisa que tres de cada cuatro víctimas de feminicidio fueron asesinadas en su casa o en la del agresor, lo que evidencia que el domicilio "no es un lugar seguro" para ellas.

"Diferencias" en medidas de protección entre territorios

El Ministerio Fiscal vuelve a evidenciar las "importantísimas diferencias" que existen entre los territorios a la hora de conceder medidas de protección de las víctimas, que "podrían evidenciar un trato desigual", y solicita un "estudio cualitativo profundo" para conocer las causas y adoptar las medidas necesarias.

Las comunidades que registraron mayor porcentaje de concesión de medidas de protección fueron Aragón (86% de las solicitadas), Baleares (84%), Murcia (81%), Comunitat Valenciana (80%), Extremadura (79%), Canarias y País Vasco (ambas con un 78%). En el otro extremo, los menores porcentajes de adopción de medidas se dieron en Madrid y Cataluña (47%), Cantabria (65%) y Galicia (67%).

En 2023, informa la Fiscalía, se incoaron 217.857 asuntos por violencia de género, un 3,4% más que el año anterior. Los asuntos de maltrato machista relativos a menores llevaron a incoar 807 diligencias preliminares, un incremento del 9,91%.

De las 54.988 sentencias dictadas, el 84% fueron condenatorias y el 15,95%, absolutorias. A este respecto, el Ministerio Público señala que la mayoría de absoluciones se debieron a que las víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra sus maltratadores o a que matizaron el relato inicial o dijeron no recordar los hechos.

Por último, detalla que las sentencias condenatorias por denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género se limita al 0,0084% para el periodo que abarca desde el año 2009 al 2023.

Pide limitar la acusación popular

Por otro lado, el fiscal general ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada. 

El fiscal general no ha mencionado ninguna investigación en concreto, pero su discurso coincide en el tiempo con la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuya causa hay cinco acusaciones populares y partió de una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.

En su intervención, ha dicho que "en principio" la acusación popular "es una figura positiva" pero "ocurre que cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él", un interés "que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo". Y por ello, cree que se "aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas". 

Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular". Además, ha alertado de que "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo", debido al "riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales". 

Reivindica el papel de la Fiscalía frente a la "desinformación"

En su discurso, Álvaro García Ortiz ha defendido que la Fiscalía proporciona "información veraz" en un momento en que "se informa desde perspectivas total e interesadamente contradictorias" y ello "sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante" para nadie. El fiscal general ha destacado que "solo la información veraz" es la que "promueve culturas cívicas y consolida los valores en los que se asienta nuestro sistema de derechos y libertades"

En su opinión, "se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación", por eso "no sirve de nada" reconocer la responsabilidad que en gran medida tiene la desinformación en la actual polarización social, "si no existe un verdadero empeño común en no utilizar esta herramienta a conveniencia de intereses propios".

Defiende que en la Fiscalía, que "ha de informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social", es de "extraordinaria importancia que la información que proporcione cualquiera de sus órganos tenga como señas de identidad la veracidad, la transparencia y la oportunidad".

La actividad fiscal por la violencia sexual aumenta un 9%

Asimismo en la Memoria Anual, la Fiscalía informa de que su actividad por los delitos contra la libertad sexual aumentó un 9% en 2023, hasta las 29.425 diligencias previas, un incremento que atribuye a la eficacia de campañas de concienciación y a la repulsa social tras casos mediáticos, que ha contribuido a una mayor denuncia de las víctimas. La Fiscalía subraya que "es responsabilidad de todos crear un clima de apoyo para que las víctimas salgan de su silencio".

El Ministerio Público denuncia que, al suceder en la intimidad, se mantiene un "indefinido índice de impunidad" de la violencia sexual, que se perpetra "con gran frecuencia al aprovecharse las relaciones próximas entre víctima y agresor", ya sea en el seno de la familia, en la escuela, en clubes deportivos...

También destaca un aumento de delitos contra la libertad sexual a través de internet, conociéndose la víctima y agresor a través de las redes sociales, y un incremento "notable" de agresiones que se producen en el entorno lúdico.

El Ministerio Público califica los delitos sexuales perpetrados por menores como una "alarmante espiral que no para de crecer", en la que impactan el acceso temprano al porno, la falta de educación afectivosexual y el consumo de alcohol.