González, Aznar, Rajoy y otros exmandatarios iberoamericanos piden a la CPI la "detención inmediata" de Maduro

• Presentan en La Haya un informe en el que denuncian "violaciones generalizadas de derechos humanos"
• Aseguran que lo sucedido en los hechos previos y posteriores a las elecciones de julio son "terrorismo de Estado"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto hace unos días. EFE/ Miguel Gutiérrez

Una treintena de exmandatarios iberoamericanos, entre los que están Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, han pedido este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) "la captura y detención inmediata" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país. 

"Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (...) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela", ha explicado a Efe el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes ha presentado este viernes un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte. 

Entre los firmantes también están los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa. 

"Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero", ha destacado Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.

Denuncian "violaciones generalizadas de derechos humanos"

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), han denunciado en su informe jurídico "violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos", incluidos "los crímenes de lesa humanidad", del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de "terrorismo de Estado".

No es la primera vez que se denuncia ante la Corte de La Haya delitos de lesa humanidad del Gobierno de Venezuela. Ya en 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó una denuncia en los mismos términos.

Y en 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014. 

Los ahora firmantes del nuevo informe han asegurado también ante la Fiscalía que "los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela" son una "práctica de "terrorismo de Estado", según han informado en un comunicado.

Y en este sentido, han señalado que "los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros".

Piden que se tome "conciencia de la responsabilidad" de Maduro

Los exmandatarios le piden también a la Fiscalía de la CPI que "tome conciencia de la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que se están cometiendo", ha explicado a EFE el abogado penalista español Blas Jesús Imbroda, quien ha acompañado a Pastrana a la entrega del informe jurídico, junto al exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma de la CPI.

En seis páginas, el informe explica jurídicamente que "Maduro es el comandante en jefe, es la cabeza, la cúspide del poder, ya que además de ser presidente del Gobierno es el comandante en jefe. Ahí funciona lo que se llama el Comando Estratégico Operacional, que manda él y es el que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela", ha señalado Imbroda.

"Ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano", han afirmado los exmandatarios.

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI. 

La oficina de la fiscalía, que no quiso hacer comentarios para salvaguardar la "confidencialidad" del procedimiento, dijo en agosto que está "monitoreando activamente" la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales que se celebraron en julio, que el presidente Nicolás Maduro asegura haber ganado, y que no ha reconocido parte de la comunidad internacional por no haber podido ver las actas. 

En una nota distribuida entonces a los medios, la Fiscalía aseguró que ha recibido "múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones" e invitó a cualquier "individuo y organización" que pueda tener "información que pueda ser relevante" para la investigación en curso a que la presente. 

Además, el fiscal Karim Khan señaló que su departamento "ha entablado diálogo con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma".

La investigación abierta en la CPI se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.