Las asociaciones de jueces y juezas exigen desvincular la justicia "de intereses partidistas"
- La misión inmediata de la nueva presidenta es elegir a más de 100 cargos que han quedado vacantes
- Los nuevos vocales del CGPJ tendrán que proponer una reforma de la ley del Poder Judicial en seis meses
Tras más de cinco años de bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha quedado renovado con sus 20 nuevos vocales y esta semana, in extremis, sus miembros acordaban la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. Por primera vez, una mujer, Isabel Perelló, magistrada de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, era nombrada presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo.
La inmediata misión de la nueva presidenta pasa por poner de acuerdo a, al menos, tres quintos de los vocales para elegir a los más de 100 cargos que durante los años de interinidad del órgano han ido quedando vacantes y que ocuparán a partir de ahora, destinos en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales.
Cada mes de septiembre la tranquila Plaza de la Villa de Paris,
abandona por unas horas su calma habitual
y se llena de periodistas y cámaras que buscan el mejor ángulo.
Este año, el rostro más buscado era el de esta mujer.
66 años, catalana, Isabel Perelló,
miembro de la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo.
"Es la primera vez que una mujer es elegida
para presidir el CGPJ y por ello ha sido calificado
y así lo considero como un hecho histórico"
"Con un 57% de mujeres en la carrera judicial
no hay manera de explicar en el año 2024
que los altos puestos de responsabilidad de la judicatura
estén ocupados por hombres muy mayoritariamente".
Una magistrada alejada del foco mediático y que
-fuera de toda quiniela- conseguía el martes por la mañana -
en una carrera contra el reloj- el beneplácito de los vocales
del Consejo General del Poder Judicial
para ocupar la presidencia del órgano de Gobierno de los jueces
y del tribunal Supremo.
"Se ha vivido como una especie de bloqueo, pero en el fondo,
el hecho de que hayan tardado tanto es una buena noticia
porque estábamos acostumbrados a que,
en anteriores consejos generales, lo que sucedía es
que cuando se hacía ese pacto político
entre los principales partidos para renovar el Consejo
se pactaba ya desde origen quién iba a ser el presidente y,
en esta ocasión, no ha sucedido.
Así que la mejor demostración, pues ha sido este tiempo
que se ha tardado en al final conseguir un perfil de consenso".
Había acuerdo en que no se podía llegar a la apertura
del año judicial con una presidencia vacante,
así que la semana ha sido frenética para los 20 vocales,
diez conservadores y diez progresistas,
del Consejo General del Poder Judicial.
La misión de dar con un sólo nombre más
no parecía tan difícil después de haber pasado
por un largo proceso de renovación
con varios intentos de acuerdo siempre fallidos
y por momentos que parecían decisivos pero que no lo fueron.
Casi 2000 días de bloqueo.
"La verdad es que se me viene a la cabeza lo primero,
un momento clave que fue la dimisión de Carlos Lesmes".
"No quiero convertirme en cómplice de una situación que me repugna."
Renuncia a su presidencia en el CGPJ.
"Esa salida de Carlos Lesmes, una salida en su momento sonada,
no tuvo después un reflejo en la renovación".
"Hemos tenido que esperar mucho tiempo más"
"El día de la marmota se acabó"
"El ultimátum ni nos preocupa ni nos vincula"
Pues evidentemente cuando dos se ponen a negociar una renovación,
las culpas hay que repartirlas.
¿Entonces el PP en que tenía culpa?
Pues probablemente que ha supeditado la renovación a cuestiones externas
a la propia renovación,
por parte de gobierno, del PSOE bueno,
pues yo creo que también no han sabido afrontar
de forma adecuada el bloqueo.
Al final no es un retraso en la renovación,
es un retraso en el intento de controlar el consejo
por unos y otros.
Nosotros nos encontramos con una justicia
que durante cinco años de bloqueo, de secuestro
del Consejo General del Poder Judicial
convirtió eso en una desmoralización de la carrera judicial.
Estaba en una situación la justicia calamitosa
en lo institucional, en coma.
Finalmente la mediación de Europa ha resultado determinante
para llegar a puerto.
La inició el excomisario de justicia y la cerró el pasado 25 de junio
en Bruselas la vicepresidenta de la Comisión Europea.
"Europa al final intervino para poner las bases del acuerdo
y el hecho de no decepcionar a Europa
yo creo que empujó muy, mucho, el acuerdo final
que conocimos antes de verano".
"Hoy es un día grande".
"Un buen día para el Estado de derecho".
"Ahora toca que los vocales hablen para elegir la presidencia
del Consejo".
En los puestos de salida había siete nombres; dos hombres
y cinco mujeres.
Tres candidatas respaldadas por el bloque progresista
y cuatro por el conservador.
Las reglas exigen tres quintos, 12 vocales de los 20,
para la elección de la presidencia.
Pero ni siquiera a la cuarta, con ya sólo tres finalistas,
fue la vencida,
y fue entonces, cuando en un giro inesperado
y con el año judicial a punto de inaugurarse,
sonó el nombre de Isabel Perelló.
"Y surgió a última hora del pasado lunes como solución de emergencia".
Mantener a Ana Ferrer que era otra de las candidatas
del Bloque Progresista e incorporar a Isabel Perelló,
de perfil progresista,
pero propuesta por los conservadores como solución de consenso".
El jueves por la mañana, el salón de plenos
del Tribunal Supremo era un hervidero.
Autoridades judiciales, políticas e invitados esperaban en corrillos
la llegada de la nueva presidenta.
"Nací en una España en la que las mujeres
no podían acceder a la carrera judicial,
ahora somos mayoría el 80 por ciento de las mujeres que superan el acceso
a la carrera judicial son mujeres,
pero tuvimos que llegar al siglo XXI para llegar al tribunal supremo".
La presidenta del Consejo tiene por delante la inmediata misión
de nombrar a casi cien cargos vacantes entre el Tribunal Supremo,
los tribunales superiores de justicia
y las audiencias provinciales.
"Con rigor, transparencia, respetando únicamente los principios
de mérito y capacidad".
"Lo que estamos buscando y lo que estamos peleando es
que se objetivan de alguna manera esos nombramientos
que se hagan baremación de los méritos".
Pero si únicamente queda al albur de las negociaciones políticas,
el resultado y las consecuencias
pueden ser absolutamente imprevisibles
como ha pasado hasta ahora.
"Y por supuesto, que equilibre el género,
porque uno de los problemas que padece ahora mismo
la organización judicial es que la representación femenina
en los altos cargos no se corresponde con la importante
presencia femenina en el conjunto de la carrera judicial".
Los nuevos nombramientos ayudarán a aliviar un poco
una justicia colapsada por casos de ciudadanos
que esperan años para obtener una respuesta
que suele llegar tarde por falta de medios.
"Están los derechos de la mujer que quiere una adaptación
de su jornada laboral y no, y no se la dan
o tiene que pelear con la empresa.
Está la del pequeño autónomo que tiene un problema con Hacienda,
porque a lo mejor pues le toca hacer una complementaria.
Han hecho una paralela y no le ha ido muy bien
y tiene que reclamar ante la Administración.
Pero están las víctimas de violencia doméstica,
están las víctimas de delitos sexuales".
"Por tanto, hay que dotar de medios a administración de justicia
y para eso necesitamos un consejo.
"Lo que está claro es que tenemos algunos casos
de tribunales sobrecargados y de señalamientos de juicios a tres
cuatro o cinco años vista que son inadmisibles.
El nuevo Consejo tiene cinco años por delante.
El reciente acuerdo firmado entre PSOE y PP incluye un plazo
de seis meses para proponer un nuevo cambios
en su modelo de renovación;
pero está por ver hasta dónde se llega
para que en un futuro sean los jueces quienes elijan
a sus pares en su órgano de Gobierno como, con sus matices,
piden las asociaciones judiciales.
"Hasta a día de hoy los que han sido vocales han sido elegidos
por los partidos políticos.
Por eso también es muy difícil que los mismos vocales
que han sido elegidos por los partidos
sean los encargados de dinamitar ese sistema
y alumbrar otro por el que ellos no habrían sido elegidos
seguramente, la mayoría, no?".
"Nosotros creemos en el sistema vigente.
Creo que es un sistema constitucional que además
ha funcionado durante décadas en España.
Y por supuesto, si el nuevo Consejo General del Poder Judicial
establece algunas medidas que pueda mejorar nuestro modelo,
pues por supuesto que la analizaremos
y lo estudiaremos".
De la magistrada Perelló dicen que es accesible y dialogante.
También directa.
En un su primer discurso; breve, de cuatro folios,
leídos en quince minutos,
dejaba clara su posición ante los jueces
y hacía una llamada de atención a los políticos
que la escuchaban.
"Ningún poder del Estado puede dar indicaciones,
ni instrucciones a los jueces y magistrados s
obre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.
Solo aquellos estados en los que la división
está garantizada son realmente Estado de derecho"
"Existe el intento de".
Intervenir o de dirigir la Justicia de este país,
pero de ahí a que puedas decirle al juez
-tu puedes decirlo pero que el juez te vaya a escuchar
y vaya a hacer lo que tu quieres hay una clara diferencia-.
"Yo no digo que no haya pues algún juez que lo haga eh"..
"Hay que pedir responsabilidad a los representantes
de los distintos partidos para que dejen aparten sus querellas
y políticas de los tribunales,
porque los tribunales no van a resolver los problemas políticos,
los tribunales no van a resolver en ningún caso esas diferencias".
"Creo que son los propios partidos políticos
a los que les cuesta entender que existan jueces sin etiquetas.
A veces quizá imaginan el juego político
como un partida de ajedrez en la que cuesta imaginarse
fichas sin color.
Pero es que, efectivamente, la justicia no tiene signo político.
"El derecho a la discrepancia es posible es habitual,
incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico
pero las críticas y discrepancias nada tienen que ver
con la descalificación o el insulto"
Estos ataques permanentes a la judicatura desde la política
que empiezan siendo, digamos, están acuñados desde un inicio
por parte de los partidos independentistas, independentistas
y mucho por Junts,
pero que empiezan a ser adoptados cada vez más por el Gobierno.
Entonces esto le preocupa mucho a la judicatura.
El verano se despide con intensidad judicial
y el otoño anuncia también mucho trabajo para los jueces
que tendrán que resolver, entre otros asuntos,
sobre la amnistía, o la posible imputación del fiscal
general del Estado por el caso Ayuso.
Además, nos encontramos con un panorama en el que
nada menos que el presidente del Gobierno,
a través de la Abogacía del Estado, ha planteado una querella
por prevaricación contra un juez.
Esto también impresiona a la judicatura.
Con lo cual el otoño no va a ser aburrido.
En España hay 5500 jueces y juezas,
Isabel Perelló es la primera magistrada mujer en ocupar
la presidencia del Tribunal Supremo en sus 212 años de historia
y va a ser el primer perfil progresista
al frente del órgano de Gobierno de los jueces tras 28 años
de presidencias conservadoras.
Por delante le espera un lustro, con muchos desafíos,
que también tendrá su veredicto.
Si renovar el consejo ha supuesto largas y tensas negociaciones, si nombrar a la presidenta se ha conseguido pocas horas antes de la apertura del nuevo año judicial, este pasado jueves, la tarea de designar nuevos nombramientos no se vislumbra fácil, se trata de los más importantes de la carrera judicial y ello obligará a los diez vocales del sector progresista y a los diez del conservador a dialogar, negociar y finalmente consensuar.
“Lo que hay que esperar es que los vocales del Consejo sean capaces de buscar perfiles que busquen la excelencia, que se elija a los mejores y que también reflejen la heterogeneidad y el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial”, subraya Edmundo Rodríguez, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia. “Y por supuesto, que se equilibre el género, porque uno de los problemas que padece ahora mismo la organización judicial es que la representación femenina en los altos cargos no se corresponde con la importante presencia femenina en el conjunto de la carrera judicial”, apunta Rodríguez.
Buscar la excelencia en estos nombramientos es lo que demandan todas las organizaciones judiciales. Se trata de encontrar a los mejores y se trata, sobre todo, de desvincular esos nombramientos de intereses partidistas. “Lo que estamos buscando y lo que estamos peleando es que se objetiven de alguna manera esos nombramientos” demanda Foro Independiente Judicial, a través de su vicepresidenta, María Victoria Muñoz.
“Que se definan previamente cuáles son los méritos que se van a tener en cuenta, para así facilitar la selección de aquellos candidatos que reúnan el mérito y la capacidad necesaria y que así se facilite todo el proceso. Pero si únicamente queda al albur de las negociaciones políticas, el resultado y las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles, como ha pasado hasta ahora”, concluye Muñoz.
“El Poder Judicial es otra cosa, tiene que estar ajeno a esa lucha partidaria y en el Consejo no se puede reflejar ninguna división. Tendrán que sentarse a hablar, a negociar, tendrán que consensuar, tendrán que ceder unos y otros, pero en realidad eso es lo que debe hacer un órgano colegiado debatir, discutir y no tratar de imponer nunca las cosas”, afirma la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, juez decana de Madrid.
La falta de medios lastra la justicia
Del Barco conoce a fondo las limitaciones a las que a diario se enfrentan los juzgados: falta de medios que conlleva juicios que tardan años en llegar con el consiguiente perjuicio para el ciudadano, que vive pendiente de una sentencia sobre asuntos que le afectan de lleno. ”La tutela última de los derechos de los ciudadanos sale de los juzgados y ahí están los derechos de los trabajadores”, subraya del Barco.
“Están los derechos de la mujer que quiere una adaptación de su jornada laboral y no se la dan o tiene que pelear con la empresa.
“Tenemos algunos casos de tribunales sobrecargados y de señalamientos de juicios a tres o cinco años vista, esto es inadmisible“
Está el pequeño autónomo que tiene un problema con Hacienda porque a lo mejor, pues le toca hacer una complementaria o le han hecho una paralela y no le ha ido muy bien y tiene que reclamar ante la administración. Están las víctimas de violencia doméstica, están las víctimas de delitos sexuales”, enumera la juez decana. “Lo que está claro es que tenemos algunos casos de tribunales sobrecargados y de señalamientos de juicios a tres o cinco años vista, esto es inadmisible”, denuncia Edmundo Rodríguez. “El nuevo Consejo tiene el reto de adoptar medidas para tratar de dar un mejor servicio a la ciudadanía y que las personas que acudan a los tribunales se encuentren con una respuesta rápida y de calidad”, sentencia Rodríguez.
“Hay que dotar de medios a la administración de justicia y para eso necesitamos un consejo fuerte“
En este mismo sentido ahonda María Jesús del Barco, “somos conscientes de que una justicia que llega tarde y que es lenta, pues va a ser menos justa, por mucho que des la razón al ciudadano porque la tenía; pues no es lo mismo que se la des cuando ha presentado su demanda en los meses que marca la ley a que tardes dos años… pues muchas veces igual llegamos tarde. Por tanto, hay que dotar de medios a la administración de justicia y para eso necesitamos un consejo fuerte, que será aquel que tenga la autonomía presupuestaria para decidir claramente dónde crear un juzgado dotarlo de medios”, propone del Barco.
Alejar el CGPJ de la política
El CGPJ tiene por delante cinco años de trabajo. En el reciente acuerdo de renovación firmado en Bruselas se incluye, entre otros puntos, el compromiso del órgano para que en el plazo de seis meses, los vocales presenten propuestas encaminadas a que la futura renovación, dentro de un lustro, no dependa de los partidos políticos como ocurre ahora.
“Las asociaciones de jueces y juezas reclaman que los jueces sean elegidos por sus pares “
En este sentido, con matices, las asociaciones de jueces y juezas reclaman que los jueces sean elegidos por sus pares. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la que mayor número de jueces y juezas agrupa, entienden que de los 20 vocales del CGPJ, ocho juristas sí deben ser elegidos por el Congreso y el Senado teniendo en cuenta razones de reconocido prestigio; mientras que el resto, 12 jueces y juezas, deberían ser elegidos por sus pares.
Garantizar un Consejo de los jueces independiente
“Porque solo así se evitará esa imagen de politización de la justicia. Porque si no es así, el ciudadano seguirá pensando que como a un vocal le ha propuesto un partido determinado, es la correa de transmisión de ese partido. Y como además, luego este vocal vota o elige en la votación en el Consejo a ese magistrado del Tribunal Supremo, pues hay una correa de transmisión que determina que el magistrado Tribunal Supremo hace lo que ha dicho el del partido concreto. Pues la verdad es que no es la realidad, pero tenemos que evitar que el ciudadano crea eso”, explica la portavoz de la APM. María Jesús del Barco defiende que lo que piden está en la línea de lo que la Comisión Europea ha propuesto a España para garantizar un Consejo de los jueces independiente.
“Bueno, es que en Europa hay múltiples formas de entender cómo se organiza el Poder Judicial”, matiza Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, tercera en número de asociados. “De hecho, hay varios países de la Unión Europea que no tienen un órgano parecido al nuestro —el Consejo General del Poder Judicial— y además en muchos casos los nombramientos no los realiza un órgano independiente del Gobierno, sino el propio Gobierno y en particular el Ministerio de Justicia”.
Aun así, Rodríguez defiende una elección de jueces por jueces, pero con un añadido que supone control del Congreso. “Lo que pedimos es que esos jueces que son propuestos por la carrera judicial, luego pasen un examen en las Cortes y presenten su currículum y expliquen su programa y que sean interrogados por los parlamentarios para conocer cuál ha sido su trayectoria y cuál han sido sus resoluciones judiciales y luego escoger con ese conjunto de elementos de juicio a las personas más indicadas. Y creemos que es imprescindible que la representación del pueblo español partícipe en ese proceso, como está sucediendo hasta ahora”.
La discusión en el Consejo promete. El Ministerio de Justicia está abierto a propuestas sobre cómo debe ser esa renovación, pero su titular, Félix Bolaños, en declaraciones a Informe Semanal ya ha adelantado la línea que defenderá.
“La elección de los vocales judiciales en los distintos países en Europa es muy diversa, y el modelo español es un modelo absolutamente constitucional, democrático y además es que ha funcionado durante décadas en nuestro país. Creo que es un modelo perfectamente conforme con los estándares europeo”, avanza el Ministro. “Por supuesto, si el nuevo Consejo General del Poder Judicial establece algunas medidas que pueda mejorar nuestro modelo, pues por supuesto que la analizaremos y lo estudiaremos”, concluye Bolaños.
La batalla en este tema, como en todos los que afectan a una negociación, se augura larga “no va a ser fácil —concluye María Victoria Muñoz, vicepresidenta de FJI—. Sabemos que forma parte del compromiso de los partidos políticos que en seis meses tienen que presentar una propuesta de cambio de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sabemos que desde hace tiempo la Comisión Europea ha estado presionando para que ello sea así, pero evidentemente no va a ser fácil porque el poder por naturaleza es expansivo y esto supone autolimitarse en el ejercicio de esos poderes. Pero es absolutamente fundamental para nuestra democracia y para un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho que eso sea así y pelearemos todo lo que sea necesario para que se cumpla esa exigencia ya desde hace largo tiempo demandada”.