Castilla y León, Extremadura, Cantabria y La Rioja recurren la amnistía al Constitucional junto a otras comunidades del PP

• Los tres gobiernos autonómicos consideran que la norma quiebra con el principio de igualdad y el Estado de derecho
• Este lunes, ocho comunidades registraron sendos recursos contra la ley impulsada por el Gobierno de Sánchez

El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, Capellán de La Rioja y Buruaga de Cantabria EP y EFE/ Marta Fernández Jara y J.P.Gandul

El Gobierno de La Rioja, Cantabria, Extremadura y la Junta de Castilla y León han registrado este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la ley de amnistía aprobada por le Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos independentistas catalanes.

De este modo, las tres comunidades se suman a la ofensiva autonómica del Partido Popular contra la medida de gracia, que ya contaba con el apoyo de ocho autonomías incluida la castellanomanchega, la única bajo de ellas bajo una presidencia socialista.

Los recursos coinciden en que la norma "quiebra" con el principio de igualdad, recogido en le artículo 14 de la Constitución, y el Estado de derecho al vulnerar la separación de poderes. Asimismo, Castilla y León y Cantabria han incluido la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y dos de sus magistrados al entender que se encuentran vinculados con los hechos recurridos. Por su parte, el Ejecutivo de La Rioja no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

La Rioja excluye la recusación de magistrados

La secretaria general del PP anunció el pasado jueves que su partido recurría ante el Constitucional la ley de amnistía aprobada en el Congreso el pasado mes de mayo. Este lunes ocho comunidades, siete de ellas presididas por gobiernos del Partido Popular, presentaban su recurso particular contra la norma: Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Madrid, Murcia, Cantabria y Castilla La Mancha.

Este martes, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado en rueda de prensa que su comunidad se adherirá a la iniciativa planteada por estas comunidades. Sin embargo, el recurso no incluirá la recusación de magistrados del TC porque el Consejo Consultivo de La Rioja, que emitió el informe favorable a la presentación del recurso de La Rioja, no se ha pronunciado sobre esta cuestión, ha precisado.

Entre las razones incluidas en el recurso, figuran la vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes, por parte de la ley, además de la "quiebra penal y dineraria" al afectar la norma de amnistía a la hacienda del Estado y comunidades autónomas, ha informado Domínguez.

Mañueco dice que la norma no exige el arrepentimiento

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido en su cuenta de la red social X la decisión adoptada por su gobierno. Un recurso que sí incluye la recusación del presidente del Tribunal Constitucional y de dos de sus magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, al entender que "deberían abstenerse por su acreditada vinculación con el asunto".

Carlos Campo, exministro de Justicia del anterior gabinete socialista, ya anunció que se abstendría en el debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad de la norma.

La Junta plantea que la amnistía no exige que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometer los hechos, "abriendo la puerta a la posibilidad de amnistiar delitos futuros". Además, argumentan que rompe con los compromisos adquiridos por el Estado español a través del Tratado de la Unión Europea, en lo relativo a los delitos de malversación que no hayan supuesto un enriquecimiento propio y delitos de terrorismo, que quedan amnistiados en algunos supuestos, añade la Junta.

El recurso del Ejecutivo autonómico entiende que la ley de amnistía vulnera "como mínimo 14 artículos de la Constitución". Asimismo, la Junta de Castilla y León se considera que la norma quiebra, "de forma arbitraria e interesada", el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución como derecho fundamental de los españoles.

El texto del recurso apela a una quiebra del Estado de derecho y del principio democrático y apunta que la Carta Magna prohíbe expresamente en su artículo 62 los indultos generales, considerando la amnistía propuesta como tal.

La ley es también, según la Junta, una reforma constitucional encubierta que rompe con el principio de separación de poderes, además de vulnerar la libertad ideológica pues "aplicar la amnistía solamente a ciertas personas y por ciertas causas, y al producir una discriminación entre ciudadanos que poseen una ideología y para los que se suspende la aplicación del Código Penal".

También, el artículo 139 de la Carta Magna, que establece la ‘igualdad territorial’, al disponer que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado; y los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña.

Cantabria: "Lo siguiente será la autodeterminación"

Por su parte, el Consejo de Gobierno de Cantabria también ha acordado interponer un recurso ante el Constitucional por medida de gracia. "Lo siguiente será la autodeterminación, tenemos que frenarlo", ha dicho este martes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, también del Partido Popular). Así, Cantabria recurre por dos vías la norma: por un lado, está este recurso del Gobierno y además otro por parte del Parlamento autonómico, que también ha acordado poner en marcha un recurso ante el TC.

En una reunión extraordinaria, el Consejo de Gobierno también ha acordado sumarse a la recusación a los magistrados antes mencionados, al entender igual que Castilla y León que podrían estar vinculados con los hechos.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Buruaga ha dicho que la ley de amnistía, "aprobada por Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura, vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles".

Según ha advertido, "es un misil en la línea de flotación" de la democracia "y un grave ataque" al modelo de convivencia ante el que no se puede "mirar a otro lado".

Por su parte, el Gobierno extremeño ha presentado el recurso al entender que vulnera el principio de separación de poderes y atenta al derecho de igualdad ante la ley de los ciudadanos.

La presentación ha venido precedida de la autorización dada este mismo martes por la presidenta extremeña, María Guardiola, y de la que ha informado en la reunión de su Consejo de Gobierno, que ya anunció a finales de julio que adoptaría esta iniciativa.