Condenado a siete años de cárcel el exconsejero madrileño Alfredo Prada por el Campus de la Justicia
- La Audiencia Nacional declara culpables a otros cuatro empleados del equipo directivo y absuelve a Mariano José Sanz
- El proyecto urbanístico debía aunar todas las sedes judiciales de la capital y "nunca se logró culminar" por el "gasto excesivo"
La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, por un delito continuado de prevaricación y malversación agravada por 24 contratos con un valor de 40 millones de euros para la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011. El proyecto urbanístico debía aunar todas las sedes judiciales de la capital y "nunca se logró culminar", recuerda la sentencia, como consecuencia del "gasto excesivo" incurrido por los condenados.
Cuatro empleados del equipo directivo del proyecto han sido declarados sus cooperadores necesarios, por lo que la sentencia les impone penas de tres años y seis meses. Se trata de Isabelino Baños, director general técnico, Alicio de las Heras, director financiero, Andrés Gómez Gordo, director del área de seguridad y Félix José García de Castro, letrado asesor. Por contra, el entonces subdirector general técnico, Mariano José Sanz, ha resultado absuelto al concluirse que el máster que cursó fue pactado como indemnización por su despido.
La Sección Primera de la Sala Penal ha aplicado a todos los culpables la atenuante de dilaciones indebidas y les ha absuelto del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
El fallo indica que Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de cerca de 40,5 millones de euros y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad Félix García de Castro.
Prada, que ha sido diputado y senador por el PP, ocupó también el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008, en el Gobierno de la popular Esperanza Aguirre. La expresidenta autonómica declaró como testigo en el juicio en marzo de este año a petición de las defensas de varios acusados, como informó Europa Press.
Sin previsión económica ni controles administrativos
La sentencia explica que los acusados llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes y eludieron los controles administrativos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, lo que infringe la normativa. Para ello, además, externalizaron la actividad, con un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea.
La construcción de una Ciudad de la Justicia dejó de ser el objetivo principal del proyecto —indica la Audiencia Nacional— y se convirtió en una excusa para celebrar todo tipo de contratos con el objetivo de publicitar el campus y, en especial, el proyecto encargado a Foster & Partners.
De hecho, los magistrados señalan que el precio que se pagó por los contratos es dinero que se distrajo de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto de construcción del Campus de la Justicia de Madrid nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto.
A lo largo de la sentencia, de 214 páginas, se detalla la adquisición de servicios y productos que no sirvieron al interés público y que desde la perspectiva del concepto personal de patrimonio utilizado por la jurisprudencia generaron un evidente perjuicio.
Malversación de "suma gravedad"
La Audiencia establece que la cuantía sustraída es de "suma gravedad", al considerar el contrato con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio (Buro Happold, Gleeds Ibérica, The Bank), que costaron a las arcas públicas más 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados. La suma alcanza los 40.482.735,78 euros, según indicó el letrado de la Comunidad de Madrid.
Tal cantidad, a juicio de los magistrados, es de una “extraordinaria relevancia” y ha dañado el servicio público. "Tan solo se logró edificar el inmueble que debía ser la sede del Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se completó, y parte de los túneles de conexión entre los distintos edificios", destaca la sentencia.
"El fracaso del proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo. Y entre esos gastos que esquilmaron a CJM se encuentran los contratos objeto de este juicio", resume.
En cuanto a la prevaricación, además de lo hasta ahora resumido, la sentencia señala que se impuso la voluntad de los acusados, en especial de Alfredo Prada, pero también de los demás en la elección directa y acorde a sus deseos de las empresas con las que firmaron contratos.
Participación decisiva de Prada
Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.
La sentencia explica que fue el exconsejero de Aguirre quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo pese al coste para las arcas públicas de contar con un arquitecto de prestigio mundial.
La Justicia subraya que, aunque se contó con el visto bueno de todo el Consejo de Gobierno de la autonomía en este punto, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo sin tener en cuenta el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura, Buro Happold y Gleeds Ibérica, a los que se pagó su trabajo sin ningún tipo de contrato previo y sumó más de tres millones de euros.
"La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y CJM empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad, al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos", concluye.
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