Derecho a formación y revisiones médicas gratuitas: claves de la nueva ley para las empleadas de hogar

• Busca mejorar la seguridad de estas trabajadoras en el desempeño de sus labores
• También incluye un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso

Derecho a formación y revisiones médicas gratuitas: claves de la nueva ley para las empleadas de hogar

Este martes, las empleadas del hogar suman más derechos laborales. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva legislación que busca mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras durante el desempeño de su actividad. ¿Qué medidas concretas son? ¿Cuándo entran en vigor? Estas son las claves de la norma.

¿En qué consiste la nueva ley?

El Ministerio de Trabajo ha aprobado una norma que extiende la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar.

Con ella, busca dar más seguridad a las empleadas del hogar en el desempeño de su trabajo y, por otro lado, aumentar la responsabilidad de sus empleadores en materias de seguridad laboral. El cumplimiento de esta normativa será facilitado por el Estado.

"Estamos hablando de las invisibles, las mujeres que sostienen nuestras vidas y nos cuidan y que, hasta hace poco en España, carecían de derechos", ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros de este martes.

Formación y revisiones médicas gratuitas

En primer lugar, fija por ley el derecho de estas trabajadoras a que el domicilio donde vayan a realizar sus labores sea evaluado previamente para detectar posibles riesgos laborales. Para ello, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) deberá diseñar una herramienta para valorar estos espacios, y la pondrá a disposición de las personas empleadoras para que realicen dicha evaluación.

Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá a estas empleadas la posibilidad de que se realicen revisiones médicas de forma voluntaria y sin coste para ellas. Este reconocimiento médico será de carácter único, aunque realicen labores en varios domicilios, y se hará con una periodicidad trienal, con el consentimiento expreso de la persona trabajadora y con "las debidas garantías de respeto a su intimidad".

Por otro lado, también tendrán derecho a recibir formación gratuita por internet sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar. "Estas mujeres tienen que formar parte del ciclo continuo de formación a lo largo de la vida, como el resto de trabajadores", ha señalado Díaz.

Aunque se preste servicio en varias casas, la formación se realizará solamente una vez y, si es posible, dentro del horario de trabajo. En caso contrario, se hará fuera de la jornada, pero se compensará con el tiempo de descanso equivalente. Este programa formativo será financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y llevado a cabo por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP).

Protocolos frente a situaciones de violencia o riesgos graves

La nueva ley también prevé implantar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar. Este procedimiento será elaborado por e INSST en un plazo máximo de un año desde la publicación del real decreto este martes.

De hecho, el abandono del domicilio ante una situación de violencia o acoso no podrá considerarse dimisión ni podrá ser causa de despido.

Asimismo, se regula el derecho de las personas trabajadoras a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello pueda suponer perjuicio para la empleada.

La portavoz de Territorio Doméstico y secretaria de organización del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, Rafaela Pimentel, cree que esta nueva ley va a facilitar la regulación de las empleadas del hogar que actualmente no tienen contrato: "Cualquier derecho que consigamos es muy importante, más en la prevención de riesgos laborales" Por ello, ha recordado que valora este avance normativo porque, como ha recordado, el sector de las trabajadoras del hogar no disponen de los mismos derechos que otros colectivos: "Aunque no está todo incluido, para este sector es muy importante cualquier derecho que consigamos".

Las mañanas de RNE - Rafaela Pimentel (Territorio Doméstico): "Cualquier derecho que consigamos es muy importante" - Escuchar ahora

¿Cómo afecta a quienes dan trabajo a estas empleadas?

La nueva ley, por tanto, obligará a los empleadores a llevar a cabo una evaluación de los riesgos que puedan suponer los domicilios donde van a trabajar estas empleadas, y lo harán a través de una herramienta proporcionada por el INSST que todavía está por determinar.

Por otra parte, el empleador deberá proveer de forma gratuita de "los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones", y los repondrán cuando resulte preciso. Aquí se incluyen las EPIs, que aunque se dan actualmente, no se hace "de forma científica", como ha indicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes.

Además, tendrá la obligación de informar y adoptar las medidas necesarias en caso de que pueda haber un peligro grave e inminente en el hogar, y no podrá exigir la reanudación del trabajo mientras ese peligro persista.

No obstante, como se redacta en la ley, las familias que emplean personal en sus casas no tendrán que asumir, en principio, mayores gastos, salvo que quieran contratar un seguro que les provea el servicio. "Este derecho está sustanciado a través de lo público, es decir, se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas. Nadie va a ver incrementados sus gastos", ha adelantado la ministra de Trabajo este martes.

Empresas de ayuda a domicilio

En el caso de las empresas que emplean a personal dedicado a la actividad de ayuda a domicilio, la norma obliga a efectuar una evaluación completa de los riesgos laborales. Esto se dará por cumplido cuando los riesgos sean "conocidos y evaluados a través de visita presencial acreditada y efectuada a todos los domicilios" en los que la persona trabajadora deba prestar servicios.

La empresa también estará obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar un nivel de protección adecuado, como el uso de medios mecánicos para la manipulación de cargas, incrementar el personal para desarrollar las tareas o prolongar los descansos entre servicios en los domicilios.

¿Cuándo entra en vigor?

El INSST tendrá diez meses para elaborar y poner a disposición de los hogares la herramienta para facilitar el cumplimiento de la evaluación de los riesgos del lugar de trabajo. Con todo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos que incluye esta nueva ley no serán exigibles no entrarán en vigor hasta enero de 2026.

Además, el INSST tiene un plazo de 12 meses para elaborar una guía técnica con toda la información necesaria para el conocimiento de los nuevos derechos y obligaciones.

Por otro lado, habrá que esperar a que el SEPE dicte una resolución para poner en marcha las actividades de formación en materia preventiva.

¿A cuántas trabajadoras afectará?

Cabe recordar que este tipo de actividad está especialmente feminizada y gran parte de sus trabajadoras son migrantes. Afectará a las más de 360.000 afiliadas medias a la Seguridad Social, según datos de agosto del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones [ver PDF].

Se suma a otros derechos del colectivo

En septiembre de 2022, el Gobierno aprobó el derecho a paro de estas empleadas, algo que el colectivo llevaba décadas reclamando. El Ejecutivo aprobó entonces un paquete de medidas que buscaba equiparar las condiciones laborales de este colectivo al resto de trabajadores y trabajadoras.

Por ello, también se acabó con la posibilidad de despedir sin causa justificada, ya que se suprimió la figura del "desistimiento" en la regulación del sector, y se incluyó a estas trabajadoras en la Ley de Prevención de riesgos laborales, fijando como obligación que se garantizara que su día a día en el trabajo se desarrolla de forma segura y sana y con medidas adecuadas. Con respecto a los empleadores, se estableció que estos tuvieran derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a las cotizaciones por desempleo y FOGASA.

"Hemos dado pasos muy importantes en escasamente dos años (...), pero hay que avanzar como país", ha remarcado la ministra de Trabajo este martes.