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La justicia peruana juzgará a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de 2022

  • Desde el intento permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión
  • El exgobernante irá al juicio oral junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez

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Imagen de archivo del expresidente de Perú, Pedro Castillo.
Imagen de archivo del expresidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar

El expresidente de Perú Pedro Castillo será juzgado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Así lo determinó este lunes el Poder Judicial del país.

El exgobernante irá al juicio oral junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez. Los tres fueron destituidos por el Congreso tras el intento de disolver el Congreso, y ahora están implicados ahora en el mismo proceso penal.

El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, ha rechazado la solicitud de sobreseimiento presentada por Castillo, señaló el Poder Judicial en X.

Ahora, los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de los imputados "deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación" del caso. Con esta medida, el Poder Judicial ha resuelto "continuar con el proceso". Tras este anuncio se iniciará la etapa de control de pruebas, en la que se evalúan las evidencias presentadas por la Fiscalía y la pertinencia de los testigos que serán convocados a declarar.

Cuando Checkley concluya con esta etapa, emitirá un auto de enjuiciamiento, en el que debe formalizar el inicio de un juicio oral que, de acuerdo con el alto cargo que ocupó Castillo, deberá ser asumido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

Se enfrenta a 34 años de cárcel

Al presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. 

También solicitó que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente está en prisión preventiva, sea condenada a 25 años de cárcel, y que Torres, que había dejado ese cargo, pero seguía siendo asesor jurídico de Castillo, reciba 15 años de prisión.

Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.

En respuesta, fue destituido por "permanente incapacidad moral" y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción. 

Por este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, actual congresista, así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.