El exsecretario general de Puertos del Estado atribuye la decisión de los contratos del 'caso Koldo' a Transportes

• El juez ha citado este martes a Álvaro Sánchez Manzanares y al exalto cargo de Adif en calidad de investigados
• Es el inicio de una ronda de interrogatorios y este jueves tomará declaración como testigo al que fue CEO de Globalia

El expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El juez del 'caso Koldo' ha tomado declaración este miércoles como investigado al exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa. Según fuentes presentes, ha asegurado que la decisión de los contratos para comprar mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, procedió del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos. Así lo ha indicado Sánchez Manzanares al fiscal y la defensa tras declarar durante media hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que ha comenzado esta diligencia a las 09:30 horas, después de reagendar su citación, que en un principio iba a realizarse este martes.

Por otro lado, el exjefe de personal de Adif, Michaux Miranda, que también estaba llamado a declarar este martes, finalmente no lo ha hecho y el magistrado lo ha aplazado al próximo 19 de septiembre a las 09:30.

Asimismo, estaba previsto que tomase declaración el lunes como investigado al exsubsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, que fue cesado junto a Michaux Miranda por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 23 de agosto, a raíz de la auditoría a la compra de mascarillas en su departamento durante la pandemia. Sin embargo, el magistrado reagendó la citación de Gómez al próximo 23 de septiembre después de apartar a la Abogacía del Estado de su defensa.

Motivos para elegir la empresa Soluciones de Gestión

Cabe recordar que en este procedimiento, instruido en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. De esta cantidad, un número importante se realizó desde Puertos del Estado (8 millones de mascarillas por 20 millones de euros) y el fiscal ha querido saber por qué se optó por la empresa Soluciones de Gestión, del investigado Víctor de Aldama. Ante esto, Sánchez Manzanares ha comentado, según estas mismas fuentes, que la orden venía de sus superiores jerárquicos, aunque no ha citado en ningún momento el nombre del exministro.

Además, ha añadido que en el momento de elegir esa empresa él mostró sus dudas sobre la capacidad de la entidad para el encargo. No obstante, según otras fuentes, habría añadido que, en realidad, por el momento de urgencia y el tipo de contrato, expresó dudas sobre todas las empresas con las que se contrataba. Preguntado por los servicios prestados por Globalia (grupo al que pertenece Air Europa) en el transporte de mascarillas, el investigado ha indicado que también se contrataron otras líneas aéreas.

Por otra parte, Sánchez Manzanares ha indicado que la empresa que se contrató para distribuir esas mascarillas, Raminatrans S.L., fue sugerida por el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ya que era una compañía de Castellón y que él la conocía de cuando estuvo allí destinado.

A la salida de la declaración, la abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce una de las acusaciones de la causa, ha expresado ante los medios que "ha quedado muy acreditado que recibió órdenes directas de parte de sus superiores jerárquicos, desde el propio Puertos del Estado, escalando hacia ministro y hacia el Consejo de Ministros".

Su relación con Koldo

De forma paralela, se le ha preguntado por su relación con el exasesor de Ábalos, Koldo García, y según las fuentes habría dicho que le conoció en esa época, que tuvo un papel importante en la gestión de esos contratos y que tenía protagonismo. Sobre Aldama, Sánchez Manzanares ha indicado que desconocía qué papel tenía, pero ha defendido que mantenía correos electrónicos con ambos porque eran personas implicadas en la gestión de la compra de mascarillas y entendía que tenía que reportarles también.

Según las fuentes consultadas, el fiscal del caso, Luis Pastor, ha centrado sus preguntas en el contenido del sumario del caso, pero también ha puesto sobre la mesa el informe de auditoría interna encargado por el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Citados por un presunto delito de tráfico de influencias

Los tres exaltos cargos citados están investigados en la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que ejercieron "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas "sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación. Esta conducta podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, según sostenía el fiscal, que mencionaba correos en los que el subsecretario de Transportes "parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".

Las declaraciones de este miércoles son las primeras practicadas por el juez desde que el Tribunal Supremo ratificase su competencia al frente de esta investigación frente a la Fiscalía Europea y marcan el inicio de una ronda de interrogatorios que continuará esta semana.

Concretamente, el juez también tomará declaración este jueves como testigo al que fue CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Por otro lado, el magistrado interrogará este viernes desde las 09:30 como testigos al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; a la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; y a la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez.