La Fiscalía apoya investigar por prevaricación al juez del caso Begoña Gómez
- Pide al TSJM que admita a trámite la querella por prevaricación de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado
- "La descripción de los hechos tiene encaje en el tipo penal que se invoca", recalca el texto del Ministerio Público
La Fiscalía de Madrid apoya que se admita a trámite la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su mujer, Begoña Gómez. El Ministerio Público también pide que se incorpore la ampliación más tarde de la Abogacía del Estado en nombre del jefe del Ejecutivo.
En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que ha tenido acceso RTVE, la Fiscalía argumenta que "no se puede descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal", ya que "la resolución puede calificarse como arbitraria e injusta cuando falta un una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor".
En la querella, la Abogacía General del Estado llevaba ante el alto tribunal de Madrid a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.
Querella contra el magistrado
Los hechos se remontan al pasado 30 de julio, cuando el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias, como le permite la ley.
Inmediatamente, Sánchez interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación. Y poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado en términos similares.
La querella pedía que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".
Al día siguiente, el jefe del Ejecutivo defendió la querella porque a su juicio se habían "atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886. En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de "montaje" lo sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de "absolutamente patético y bochornoso" ver a las "asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse", por ver quién accedía al Palacio.
Decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas"
Tres días después, Begoña Gómez también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".
El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.
La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo 30 de septiembre si impide al juez Peinado seguir investigando la causa contra Begoña Gómez, en la que se investigan sus conexiones con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigió una cátedra, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como su relación con Javier Hidalgo por su condición de consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.