El juez del 'caso Koldo' rechaza que declare Óscar Puente como testigo y que Ábalos se persone como perjudicado

• Fuentes jurídicas explican que, con ambas decisiones, el magistrado resuelve estas dos diligencias que tenía pendientes
• Ha iniciado este miércoles una ronda de interrogatorios de la causa que se prolongará esta semana

Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid. AGENCIAS

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Serrano, ha desestimado la solicitud de una de las acusaciones populares de que declarara como testigo en la causa el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Tampoco ha aceptado la petición del exministro José Luis Ábalos de personarse en calidad de perjudicado

Asimismo, ha rechazado la petición del exministro José Luis Ábalos de personarse como perjudicado en un procedimiento que tiene entre sus principales investigados a su exasesor en el Ministerio, Koldo García, como presunto intermediario a favor de la empresa de la trama para la adjudicación de contratos de mascarillas en 2020. Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que explican que con ambas decisiones el magistrado resuelve estas dos diligencias que tenía pendientes.

Una ronda de interrogatorios que ha empezado este miércoles

El magistrado ha iniciado este miércoles una ronda de interrogatorios para investigar los contratos adjudicados por varios organismos públicos, algunos de ellos dependientes del Ministerio de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia.

Este miércoles, ha comparecido en calidad de investigado el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y en las próximas semanas lo hará el exjefe de personal de Adif, Michaux Miranda, y el exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. Los tres fueron cesados por el ministro Óscar Puente a raíz de esta causa judicial.

Los tres exaltos cargos citados están investigados en la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que ejercieron "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas "sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la empresa Soluciones de Gestión.

Esta conducta podría constituir un delito de tráfico de influencias, según el fiscal, que mencionaba correos en los que el subsecretario de Transportes "parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".