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La Fiscalía Superior de Murcia estudia la entrada en prisión de los responsables de una red de prostitución de menores

  • Los acusados han evitado una codena de cuatro años tras pactar con la Fiscalía una de cinco meses
  • El Fiscal Superior convocará la Junta de Fiscales para tomar una decisión sobre el caso

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La Fiscalía Superior de Murcia valora penar con prisión a los responsables de una red de prostitución de menores

Después de saber este miércoles que en Murcia 13 acusados de crear una red de prostitución de menores habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para eludir la cárcel, el fiscal superior de esa región, José Luis Díaz Manzanera, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que puedan ingresar en prisión "algunos o todos" ellos.

Cabe destacar que, de esos 13 acusados, siete eran empresarios de la Región de Murcia que reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad, pero evitarán la condena de cuatro años de cárcel tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos.

En la causa figuraban otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que también pactaron con la Fiscalía para evitar la cárcel.

Convocar a la Junta de Fiscales

Díaz Manzanera ha admitido la posibilidad de convocar la Junta de Fiscales para tomar la decisión de penar con cárcel a los responsables de esta red de prostitución de menores, en declaraciones concedidas a Onda Regional.

El fiscal ha puntualizado que, debido precisamente el "retraso" que acumula la Justicia, sucede de forma "reiterada" la aplicación de lo que se conoce como "atenuante de dilaciones indebidas" que puede conllevar la rebaja de la pena en uno o en dos grados en función de la demora del procedimiento y de otras circunstancias. De hecho, ha señalado que esto es lo que ha sucedido en este caso.

En relación con este proceso, el profesional ha abierto la puerta a la posibilidad de que ingresen en prisión "algunos o todos los condenados" y ha recordado que es un asunto que, precisamente, se encarga de estudiar la Junta de Fiscalía. "Tengo intención de convocar una Junta de Fiscalía, ya veremos a ver en qué términos y a qué fiscales, para poder debatir esta cuestión", ha afirmado Díaz Manzanera. A su vez, ha comunicado que su propósito es que el Ministerio Público "tenga una opinión común y clara al respecto de si procede o no procede el ingreso en prisión y respecto de quién".

En marcha medidas para proteger a las víctimas

También, ha anunciado que la Fiscalía General está trabajando en una circular en la que se va a tratar la protección de las víctimas y, dentro de esta medida, el fiscal espera que se trate también "algunas directrices de carácter general de obligado cumplimiento para todos los fiscales en los casos de conformidades como el que se ha producido en el presente caso".

En este sentido, ha advertido que la redacción de un documento de estas características, que es vinculante para todos los fiscales de España con base en el principio de unidad de actuación en el que se rigen, "tiene su complejidad y sus matices".

"Imagino que no es un documento fácil de redactar, pero estoy convencido de que el Fiscal General va a dar un impulso final a esta instrucción para que podamos tener unas directrices más claras al respecto", ha expresado Díaz Manzanera.

En concreto, el Fiscal Superior de la Región espera que esta circular establezca unas normas más claras "no solamente para las conformidades", sino también para la posibilidad de que los fiscales se opongan o no al cumplimiento de la pena, en este caso privativo de libertad.

El índice de conformidad es muy alto

Por otro lado, el profesional ha señalado que el índice de  conformidades en la Región de Murcia y a nivel nacional "es muy grande", lo que "también está esto relacionado con que la inmensa mayoría de esas conformidades se están produciendo en los juicios rápidos que se están celebrando en los propios juzgados de instrucción, en los servicios de guardia".

"Porque hay muchísimos delitos, fundamentalmente, delitos contra la seguridad vial, básicamente, que normalmente se resuelven vía pacto y vía conformidad", ha informado Díaz Manzanera. Sin embargo, ha puntualizado que en la "inmensa mayoría" de estos casos "no se aplica la atenuante por dilaciones indebidas".

Así, ha señalado que la atenuante por dilaciones indebidas "se aplica en casos en los que el procedimiento se retrasa demasiado en el tiempo", algo que "por desgracia está pasando mucho". "Y eso está relacionado también directamente con que, obviamente, la justicia tiene que mejorar, y la mejor manera de que esto suceda es dotándola de medios, fundamentalmente de medios personales".

El objetivo es "evitar que esas respuestas que se están dando por parte de la justicia sean, en numerosos casos, demasiado tardía".