La misión de la ONU para Venezuela dice que el Gobierno de Maduro comete un crimen de lesa humanidad de persecución
- La misión dice que el aparato de Gobierno venezolano aplasta a la oposición en acciones que no son "aisladas o aleatorias"
La misión de Establecimiento de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos que ocurren en Venezuela, ha asegurado este martes que el Gobierno de Maduro está cometiendo un crimen de lesa humanidad de percusión por motivos políticos.
Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son "aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (...) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano", ha dicho Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.
La misión presentará el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el próximo jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
Entre los hechos y conclusiones que resalta el documento destacan conclusiones como que la actual crisis que vive Venezuela "es la peor de la historia reciente" y que se ha alcanzado "un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para los miembros de la misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.
El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.
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Transcripción completa
"Están en una operación para tratar de atacar a nuestro país".
El ministro del Interior de Venezuela Diosdado Cabello
ha acusado a los dos españoles detenidos
de formar parte de una operación encabezada por la CIA
y de ser del CNI.
Les acusan de planear actos terroristas,
entre ellos, asesinar a Maduro
y a parte de la cúpula del gobierno chavista.
"Sabemos que lo van a negar, pero tienen vínculos con el CNI"
Así mostraba estas 400 armas requisadas,
que asegura, vienen de Estados Unidos
y los pasaportes de algunos involucrados
en la operación.
Entre los detenidos hay 3 estadounidenses,
entre ellos un militar, y un ciudadano checo.
A los españoles les detuvieron en Puerto Ayacucho,
cerca del aeropuerto.
Una ciudad situada a unos 700 km de
la capital venezolana, Caracas.
El Ministerio de Exteriores de España ha desmentido
que los detenidos españoles sean del CNI.
Ha pedido acceso a ellos para verificar sus identidades
y su nacionalidad.
Con el objetivo, dicen, de que la embajada española
pueda conocer de que se les acusa exactamente
y que reciban la asistencia necesaria.
España rechaza rotundamente estar implicada
en cualquier operación de destabilización política.
Mientras, EE. UU. confirma la detención
de un miembro de su ejército
y espera la confirmación de otras dos detenciones más.
Para Washington, es "categóriamente falsa"
la acusación de complot.
Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.
Durante el pasado julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la misión, entre estos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.
"La misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora", ha dicho Cox, quien ha insistido en el clima de terror que vive la población.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato fue prorrogado hasta este mes de septiembre.
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