Un informe interno culpa al Servicio Secreto de los fallos de seguridad en el atentado a Trump en Pensilvania

• Los agentes que vigilaban el mitin del expresidente en Butler no podían comunicarse con la policía local
• El director en funciones del organismo asegura que Trump está recibiendo "el nivel más alto de protección"

Donald Trump tras el disparo que intentó matarle en Butler, Pensilvania EFE/ David Maxwell

Un informe interno del Servicio Secreto de Estados Unidos publicado este viernes concluye que los fallos de seguridad que cometió el órgano de élite encargado de vigilar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel son responsables del atentado que sufrió el expresidente Donald Trump (2017-2021) el pasado mes de julio, en el que resultó herido en una oreja.

La revisión interna elaborada a raíz del suceso —una de las múltiples investigaciones que se están realizando sobre el incidente— arroja, entre otras cuestiones, que los agentes que se encontraban vigilando al expresidente mientras ofrecía un mitin en Butler (Pensilvania) no tenían la capacidad técnica de comunicarse con la policía local.

Tampoco para detectar drones el día del mitin, afirma el reporte, que también aclara que los agentes no hablaron previamente sobre cómo se debía proteger el complejo de almacenes que rodeaba el lugar. 

El pasado 13 de julio, Trump fue disparado desde un tejado a unos 140 metros de donde se encontraba. El tirador, un joven de 20 años que estaba fuera del perímetro de seguridad, fue abatido después por agentes del Servicio Secreto.

Las fuertes críticas surgidas después de lo sucedido provocaron la dimisión de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, quien describió el atentado como "el fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas". 

Trump está recibiendo "el nivel más alto de protección"

En los últimos días, el escrutinio sobre la agencia ha aumentado al haber sido objeto Trump de un segundo intento de asesinato mientras jugaba al golf en Florida. Esa vez, fue a manos de un hombre que estuvo durante horas merodeando el recinto y que no llegó a realizar ningún disparo con el rifle AK-47 equipado con una mira telescópica que llevaba.

El actual director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, ha afirmado este viernes que Trump está recibiendo actualmente "el nivel más alto de protección posible", una seguridad que está al mismo nivel que la del presidente Joe Biden y la candidata Kamala Harris. El pasado domingo, en el campo de golf propiedad de Trump en West Palm Beach (Florida) "había elementos de contra francotiradores que estaban presentes" y "un equipo completo de contraataque que estaba allí en las proximidades". 

El agente que divisó al atacante "identificó una amenaza, un individuo con un arma larga, y tomó decisiones rápidas y actuó con rapidez para poder mitigarla". "No se disparó contra el expresidente, el expresidente no estuvo expuesto", ha explicado, y la detención fue una muestra de que "los procedimientos funcionan" y "ese alto nivel de protección está funcionando".

El suceso del domingo ha llevado a varias figuras públicas, entre ellos el presidente Joe Biden, a pedir que el Servicio Secreto reciba más fondos. Trump, por su parte, elogió el lunes el "excelente trabajo" desempeñado por el Servicio Secreto al capturar al atacante.

El Congreso vota aumentar la protección del Servicio Secreto

Asimismo, la Cámara de Representantes ha aprobado por unanimidad una legislación urgente bipartidista que aumentaría la protección del Servicio Secreto para los candidatos presidenciales de ambos partidos, Trump y Kamala Harris, así como para sus compañeros de fórmula a la vicepresidencia.

El proyecto de ley tiene solo tres páginas y, si se convierte en ley, Trump y Harris recibirían el mismo estándar de protección de Seguridad Secreta que el presidente Joe Biden, algo que según Rowe ya está sucediendo.

De hecho, no está claro que la ley vaya a prosperar porque tiene que ir al Senado, cámara que está buscando que se incluyan los fondos adicionales para el Servicio Secreto en el proyecto de ley de financiación provisional que el Congreso debe aprobar antes del 30 de septiembre para evitar un cierre del Gobierno.